La decisión de Cristina Kirchner de poner a los planes sociales en el centro de su debate con Alberto Fernández no solamente está generando un terremoto político, sino que también promete traer un fuerte impacto fiscal.

El objetivo de la vice es ir a un nuevo sistema de asistencia social, tomando el reclamo del "salario universal" que sustituya al actual esquema de los planes sociales. Particularmente, se propone reemplazar al programa Potenciar Trabajo, el de mayor importancia económica, que está en el centro de la polémica por el poder que han ganado las organizaciones piqueteras en el manejo de esa intermediación.

El Potenciar Trabajo tiene 1,2 millón de beneficiarios y paga la mitad de un salario mínimo. Es decir, a valores de hoy, eso implica un costo fiscal de $23.340 millones cada mes. Y la cifra se reajusta con cada aumento escalonado del salario mínimo, según el esquema que recientemente modificó el ministro de economía, Martín Guzmán.

Pero la idea de Cristina Kirchner -esbozada por aliados como el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y el diputado Itaí Hagman- es ir a un sistema mucho más abarcativo, con verdadero alcance de salario universal, que pague una cifra menor a la que actualmente abona el Potenciar Trabajo.

Tomando como base los 7,5 millones de personas aprobadas por el para percibir el bono extraordinario de ayuda social -también conocido como "nuevo IFE"-, se pretende llegar a esa porción de la población formada por desocupados, subocupados, trabajadores con ingresos bajos, cuentapropistas y monotributistas sociales.

El monto a percibir sería el equivalente a la canasta básica alimentaria para un individuo -es decir, el nivel para estar por encima de la línea de indigencia- que en su última medición el Indec ubicó en $14.401.

De esta manera, con siete millones y medio de beneficiarios cobrando el nuevo "salario universal", se pasaría a un costo fiscal de $108.000 millones todos los meses. Implicaría multiplicar por cuatro veces y media el costo del plan actualmente en ejecución.

Para tener una referencia del impacto sobre las cuentas estatales, el Potenciar Trabajo supone un esfuerzo equivalente al 1,5% de la recaudación tributaria que registró la AFIP el mes pasado. De aplicarse el nuevo plan que tiene en mente Cristina Kirchner, ese peso sobre los recursos fiscales pasaría a ser de un 7%.

Naturalmente, es un tema del que Cristina está al tanto. No por casualidad, el mismo día en que lanzó su "bomba" política al romper públicamente con las organizaciones piqueteras, la vicepresidente también hizo hincapié en la necesidad de que la recaudación tributaria aumente exponencialmente y de que la AFIP extreme su celo represor ante prácticas de evasión impositiva.

De hecho, durante su gestión presidencial, el argumento con el cual Cristina defendía ante la CGT de Hugo Moyano la vigencia del Impuesto a las Ganancias era que no podía darse el lujo de ver una merma en un tributo que representaba más de un 20% de la recaudación total y que aseguraba la financiación de pilares de su política asistencial, como la Asignación Universal por Hijo.

El salario universal, una bomba fiscal

La limitante fiscal está, hoy, representada por Martín Guzmán, que ve amenazada su promesa ante el Fondo Monetario Internacional de limitar el rojo fiscal a un 2,5% del PBI. El ministro, que acaba de sufrir el impacto de un déficit de $191.528 millones en mayo -con lo cual ya lleva gastado 0,6% del PBI-, ha venido resistiendo los embates del sector kirchnerista, que le reclama una política más decidida de asistencia social.

La negativa más rígida del ministro ha sido la convalidación del principal reclamo piquetero, que es la extensión del plan Potenciar Trabajo, de su actual nómina de 1,2 millón de beneficiarios a una muy superior, que al menos duplique la cifra.

Ya el año pasado Guzmán se había negado a continuar con la aplicación del IFE, una situación por la que se lo acusó de tener responsabilidad directa en la derrota electoral del peronismo en las legislativas.

Cuando por primera vez el planteo del "salario universal" fue realizado por las organizaciones piqueteras, hace un año, Guzmán rechazó de plano la iniciativa, a la cual le calculaba un costo fiscal de 2,9% del PBI, imposible de financiar sin provocar una turbulencia fiscal, con su correlato inflacionario.

Y, pese haberse asegurado que en la letra del acuerdo con el FMI figurara explícitamente la continuidad de un gasto social nominalmente ascendente, el kirchnerismo de inmediato lo acusó de tener el plan oculto de ir "licuando" esa política en términos fiscales.

El hecho de que en plena ola inflacionaria Guzmán haya ralentizado la suba del salario mínimo -que se usa como referencia de cálculo para determinar los planes sociales- no hizo más que confirmar las sospechas del kirchnerismo, que lo presionó con una propuesta de Máximo Kirchner para adelantar para mediados de año la cifra que el ministro recién tenía previsto pagar en diciembre.

Ya anteriormente Guzmán había sido objeto de las críticas kirchneristas por fijar una referencia de 45% para los salarios -cuando se hacía evidente que iba en camino a superar el 60% anual-. Así, mientras el ministro ponderaba "la actitud responsable" de los sindicatos estatales que se ceñían a la fórmula, en el kirchnerismo se agitaba el fantasma de un estallido social por el deterioro en los ingresos.

Guzmán intentó contener el malestar interno con el anuncio del bono extraordinario para la población de bajos ingresos, pero el resultado hasta ahora fue regular: los propios piqueteros aliados avisaron en los actos del 1° de Mayo que "está bien pero no alcanza", mientras el kirchnerismo seguía pidiendo un aumento general por decreto y un cambio del sistema asistencial.

Claro, del otro lado, el ministro veía cómo el nuevo bono implicaría agregar 0,3 puntos a su monto de gasto público previsto para el año. Y, mientras el esquema del pago en cuotas todavía está en marcha, ya escuchaba los reclamos para implementar una segunda parte.

Los piqueteros, dadores de gobernabilidad

En semejante marco de restricción fiscal, la propuesta para el salario universal es algo que el Gobierno simplemente no puede permitirse ni siquiera imaginar. No solamente supondría dar por tierra con las metas del acuerdo con el FMI sino, más grave aun, poner las bases para explosión inflacionaria ante la imposibilidad de un financiamiento genuino del nuevo plan social.

Lo único que haría al presidente Alberto Fernández cambiar de opinión al respecto sería la convicción de que hay un riesgo de estallido social inminente. Y es aquí donde entre el rol político de las organizaciones piqueteras: a esta altura, se han convertido en el verdadero garante de la paz social y la gobernabilidad.

En otras palabras, ocupan el rol que en otros tiempos cumplían los "punteros" del conurbano que respondían políticamente a los intendentes, hoy algo opacados y deseosos de recuperar su legendario mote de "barones".

"Hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios. Hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente", afirmó Insaurralde, que además de ser jefe de gabinete bonaerense es intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia.

Y si hay alguien que tiene en claro de qué se trata la nueva puja de la política argentina, es precisamente Insaurralde, que el año pasado sufrió un violento intento de toma de la municipalidad. Allí, militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, alineado con la izquierda, quemaron neumáticos y atacaron a pedradas el edificio donde Insaurralde tenía sus oficinas.

Los activistas se quejaban de favoritismos y discriminaciones a la hora de repartir la ayuda estatal. El incidente terminó en choques con la policía y puso de manifiesto hasta dónde podía llegar la puja por los recursos.

La inmediata solidaridad de los intendentes hacia Insaurralde demostró que, lejos de tratarse de un problema local, el incidente tenía potencial de extenderse por el conurbano. Pocos días después, se producía el recambio en el ministerio de Desarrollo Social, con la asunción de otro intendente del conurbano, Juan Zabaleta, en reemplazo del desgastado Daniel Arroyo.

Y, desde su asunción hasta hoy, Zabaleta intentó transmitir una imagen de resistencia a negociar bajo presión, lo cual ha llevado a la situación actual de un conflicto permanente que se expresa en masivos acampes frente al edificio del ministerio y las consabidas marchas con cortes de tránsito que llenan horas de programación televisiva en los canales de noticias.

Paradojas de la movida de Cristina

Lo paradójico de la situación creada por Cristina es que desató un realineamiento de alianzas. A pesar de su conflicto irresuelto, hoy los piqueteros aparecen más cercanos al Presidente, que hizo una defensa política de las organizaciones sociales.

Fue un gesto fuerte por parte de Alberto, quien a pesar de reconocer en público las "picardías" en la gestión de los planes sociales, revindicó el rol de las organizaciones como canalizadoras y contenedoras del descontento del sector social más desfavorecido.

Mientras el Presidente hacía ese elogio, los líderes piqueteros se quejaban de que Cristina Kirchner "no entiende la pobreza". Y se insinuaba con claridad la pelea política futura por el manejo de la ayuda social e incluso por el predominio del liderazgo político en el conurbano: a nadie escapa la importancia del desafío electoral que el Movimiento Evita, a través de Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico, está planteándole al peronismo tradicional en La Matanza.

Lo más irónico del momento actual es que el diagnóstico de que el actual sistema asistencial está agotado y que debe ser sustituido por un sistema de salario universal con contraprestación laboral fue originalmente planteado por los mismos líderes piqueteros a los que hoy Cristina pone en el rol de ser algo así como los gestores privados de la ayuda estatal.

Pero Cristina decidió hacer suya la propuesta que se planteó el año pasado en la procesión de San Cayetano. Le permite renovar su discurso hacia el electorado del conurbano perdido en las legislativas, y al mismo tiempo realizar un extraño realineamiento de los intendentes bonaerenses -los mismos que sostenían una resistencia al avance de La Cámpora en su territorio-.

En ese movimiento sacrifica la alianza con los piqueteros, que ya actúan con absoluta autonomía y le tomaron el gusto a su doble rol de funcionarios y líderes que reclaman más recursos estatales. Pero las consecuencias de esa movida recién están empezando, y conllevan un riesgo de boomerang político para la vicepresidente.