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DIEGO GENOUD

El fallo de los jueces de la Cámara de Casación contra Cristina Fernández de Kirchner tiene un impacto político indudable, aunque todavía incierto. La condena a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos llega en el momento de mayor euforia del gobierno de Javier Milei. Lo festejan los fanáticos de La Libertad Avanza, los residuos de la vieja oposición a Cristina y también sectores del PJ antikirchnerista que amasan desde hace años el sueño de arrebatarle la conducción del peronismo. Los jueces de Comodoro Py que practican deporte con Mauricio Macri no reparan en sutilezas ni lecturas políticas: siempre van por todo.

Ahora se espera la definición de la Corte Suprema, que ya avisa que no va a tratar el tema hasta 2025 y hasta sugiere que no pondrá obstáculos si Cristina quiere ser candidata a diputada el año que viene. Recién cuando termine la feria judicial, entre febrero, marzo o abril podría haber un pronunciamiento. Es una instancia que puede ser decisiva porque, tal como lo hizo en varias ocasiones a partir de 2017, Cristina vuelve a mostrarse otra vez como candidata, con incursiones repetidas en la provincia de Buenos Aires. 

En el documento que difundió antes del fallo, “Los Copitos de Comodoro Py”, Cristina trazó una fuerte línea de identificación con Donald Trump. Dijo que el lawfare dejó de ser un fenómeno regional y, después de las elecciones en Estados Unidos, se convirtió en global. De Trump, destacó que representa un nacionalismo con características propias de un país con hegemonía global y que ganó las elecciones a pesar de tener más de 30 causas en su contra, varias condenas y un intento de asesinato en plena campaña electoral.

La ex presidenta fue la primera dirigente política en hablar de lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. A partir de 2021, después del asalto al Capitolio, Trump también comenzó a usar el término para denunciar que era blanco de una ofensiva judicial propiciada por el poder demócrata. La definición de Cristina, cuando habla de un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes desafían el status quo, podría ser firmada por Trump sin mayores inconvenientes. Para él, políticos del establishment, jueces, fiscales, élites económicas y miembros del deep state utilizaron los cargos en su contra en un intento desesperado de proscribirlo. En medio de la seguidilla de fallos en su contra, el otra vez presidente ideó incluso una consigna para involucrar a sus votantes: “Cuando me persiguen a mí, en realidad te persiguen a ti”, dijo.

Además de lo ideológico y de la dimensión de sus liderazgos en países incomparables, hay por lo menos dos grandes diferencias de Cristina con Trump. La primera es que durante su primer periodo como presidente Trump construyó una Corte Suprema conservadora que lo sobrevivió y se convirtió en su principal reaseguro ante la infinidad de denuncias e imputaciones en su contra. Con un mix de decisión y respaldo de actores del poder permanente, nombró a tres jueces en el máximo tribunal de Estados Unidos, Clarence Thomas, Samuel Alito y Amy Coney Barrett. Los dos primeros, que habían sido secretarios suyos, ahora están en edad de jubilarse. Con vocación de heredarse a sí mismo, Trump quiere ahora elegir a sus reemplazantes. 

La cabeza del poder judicial funcionó para Trump como un dique de contención que le permitió salir prácticamente indemne de las 34 condenas que recibió en distintos tribunales por delitos graves, que iban desde cargos de fraude y obstrucción hasta el intento de sublevarse contra la democracia y desconocer los resultados electorales de 2020.

El fallo más importante de la Corte estadounidense fue el que le permitió a Trump volver a ser candidato a presidente. Después de que más de 30 estados apelaran a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para argumentar que Trump su participación en la insurrección de enero de 2021 le impedía aparecer en la boleta electoral de 2024, los jueces de la Corte dictaminaron por unanimidad que los estados no podían proscribir a Trump ni borrarlo de la oferta electoral.

El republicano les ganó a todos. Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un presidente en funciones no puede ser juzgado. Por eso, se espera que el fiscal especial Jack Smith, uno de sus grandes perseguidores en los últimos años, elimine las causas en su contra por el intento de anular las elecciones de 2020 en Georgia y la apropiación indebida de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Enemigo de Smith, Trump prometió echarlo durante toda la campaña. 

En Argentina, Cristina estuvo lejos de cumplir con su plan de reforma judicial y tiene una mala relación con los cuatro jueces de la Corte Suprema, incluso con los que provienen de su mismo partido político o fueron funcionarios de su marido como Horacio Rosatti. Los leales a la ex presidenta intentaron en más de una oportunidad tender puentes con Ricardo Lorenzetti, el ex presidente de la Corte que fue el jefe del partido judicial durante el apogeo del lawfare que denuncia Cristina. Durante 11 años, Lorenzetti fue el jefe político de Comodoro Py y Mariano Borinsky, el presidente de la Cámara de Casación, es uno de sus socios históricos. Tanto que, hace apenas un mes, lo invitó a la presentación de su libro “¿Puedo ir preso?” junto a Mariano Cúneo Libarona. 

La segunda diferencia sustancial entre Trump y la ex presidenta no tiene tanto que ver con un factor ajeno ni de correlación de fuerzas sino más bien con una decisión propia. Trump usó la carta de la persecución para potenciar su campaña contra el establishment y no pensó en ningún momento en retirarse de la batalla electoral. Al contrario, se presentó como una víctima del sistema y un perseguido de la justicia. Así, compareció en tribunales de todo tipo, desde Nueva York a Arizona, y aprovechó cada una de sus apariciones para apuntar contra el gobierno de Biden como el verdadero responsable de la ofensiva en su contra. Eso le permitió además apelar a sus seguidores para recaudar fondos para su campaña y el pago de sus abogados. También para disciplinar a sus rivales internos en el Partido Republicano, que no querían quedar enfrentados a Trump o pegados a Biden.

Cristina reaccionó al revés y se autoexcluyó antes de tiempo. A fines de 2022, cuando fue condenada en primera instancia por el TOF 2 en la causa Vialidad, anunció por primera vez que no sería candidata a nada en las elecciones presidenciales de 2023. Usó la difusión de los chats de Lago Escondido como prueba del poder de la mafia judicial asociada a funcionarios y servicios de inteligencia, denunció la existencia de un Estado paralelo y apuntó contra el líder de Clarín Héctor Magnetto. “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota de usted”, dijo. Lo hizo en el momento en que menos se lo esperaba porque venía de acumular poder con apariciones públicas y erigirse por encima de las tribus del peronismo que la habían rechazado en distintos momentos y entonces volvían a acercarse a ella. Tres semanas antes, en un acto en La Plata, de hecho había sugerido incluso un regreso al poder.  Una de sus frases, de reminiscencias trumpistas, había quedado resonando: “Podemos volver a hacer una gran Argentina, porque una vez lo hicimos".

Unos meses más tarde, en mayo de 2023, CFK reiteró que no intentaría competir, aludió a los fallos de la Corte que le impidieron a varios gobernadores del PJ ir por su reelección y dijo que no quería hacerle pagar a su partido la proscripción en su contra. En las antípodas, con el reaseguro de la Corte de extrema derecha que lo protegió, Trump inauguró la categoría RINO (republicanos sólo de nombre) para afirmar que los que no lo apoyaban eran impostores y no formaban parte del partido. Nada le importaba más que su propio proyecto político personal: nunca pensó en hacerle el favor a sus enemigos y siguió adelante pese a todo. Hoy Cristina lo toma como un ejemplo a seguir.