Cristina Kirchner volvió a cuestionar a la Justicia federal y cargó contra el juez Sebastián Ramos, sin nombrarlo, y el fiscal Carlos Stornelli por el archivo de la causa contra Silvio Robles, funcionario cercano al presidente de la Corte Horacio Rosatti, por los supuestos chats con el ministro de Justicia porteño, ahora en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro. En un hilo de Twitter, la vicepresidente volvió a hablar de “mafia mediática-judicial”.

En esa causa, el juez Ramos firmó el archivo en base a un dictamen de Stornelli, quien aseguró que no podía abrirse una investigación con una prueba ilegal, en referencia a los chats.

“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, opinó Ramos.

En tanto, el fiscal Stornelli tuvo en cuenta el voto de la jueza de Casación Ana María Figueroa en el caso del Memorándum con Irán, donde cuestionó la utilización de una escucha ilegal.

“Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”, se quejó la vicepresidenta en uno de sus tuits. Y agregó: “Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?”.

La decisión está en manos de los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone. Después de las audiencias, deben definir si confirman los sobreseimientos.

“El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, sostuvo en octubre de 2021 el tribunal oral integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las querellas y el fiscal Marcelo Colombo apelaron para que esa decisión sea revisada por Casación con el pedido de que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio oral.

Tras el archivo de la causa por los chats, Cristina Kirchner mostró su fastidio en las redes: “La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”.

Las causas contra Robles se radicaron el lunes 4 de enero en Comodoro Py. Una la hizo el abogado Gastón Marano, quien representa a Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” acusados en el intento de homicidio de la vicepresidente. La otra la hizo una persona llamada Nicolás Nahuel Giasanti, que figura como un monotributista dedicado a “servicios de seguridad e investigación”. Las dos denuncias le tocaron por sorteo al juez Ariel Lijo, por estos días de licencia, con la intervención del fiscal Rívolo.

El fiscal Stornelli, subrogando durante la feria la fiscalía de Eduardo Taiano, recibió las dos denuncias radicadas contra Robles, con textos similares, en donde se pedía investigarlo, con vistas a elaborar si correspondía impulsar la causa. Tanto los gobernadores de Santiago del Estero Gerardo Zamora como su par de La Rioja Ricardo Quintela presentaron sendas denuncias en sus provincias contra Robles, pero los dos jueces federales que intervinieron se terminaron declarando incompetentes porque no tenían competencia para actuar.

El fallo de Ramos tendrá un impacto en el resto de las causas abiertas por el hackeo a D’Alessandro pero también en el pedido de juicio político que motorizó el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores contra la Corte Suprema de Justicia.