Andrés Larroque, secretario de La Cámpora y ministro de Axel Kicillof en Buenos Aires, anticipó con una frase la estrategia de su jefa, Cristina Fernández, en la batalla contra el Poder Judicial. “No la quieren como víctima sino como acusada”, disparó. Vinculó de modo lineal el atentado fallido del que fue víctima la vicepresidenta con el desenlace del juicio oral por la adjudicación de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

Sobre aquel desenlace cercano en la causa por corrupción no existen buenas sensaciones en el kirchnerismo. Todas las trabas que intentó colocar fueron tumbadas por el Tribunal Oral Federal 2, la Cámara y la Corte Suprema. Al pronunciar sus últimas palabras el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, notificó sobre facturas impagas en la interna kirchnerista. “Este juicio omite la presencia de compañeros de Gabinete”, marcó. Nadie duda que apuntó a Alberto Fernández y Sergio Massa, jefes de ministros de la que se cree fue una “década ganada”.

Tanto enrarecimiento detonó declaraciones sorprendentes de la defensa de la vicepresidenta. En boca de quien siempre fue ponderado en el mundo de las leyes. “Si a Cristina no la pararon con un arma, no la van a parar con un fallo”, advirtió el abogado Carlos Beraldi. ¿Rebeldía anticipada?

Beraldi chocó frente a los jueces y los fiscales Diego Luciani y Santiago Mola con dos dificultades y un imprevisto. A lo largo del juicio nunca logró rebatir la relación comercial de su defendida con Báez, que la dama había negado públicamente. El TOF2 deberá probar, además, que estuvo intoxicada por el delito. Otra dificultad, que sirvió para la argumentación de los fiscales, fue la permanencia en el poder en sus dos mandatos de José López. Ex secretario de Obras Públicas. Se hizo célebre por los bolsos con millones de dólares que arrojó de madrugada en un convento. La novedad para Beraldi habría sido la incorporación de Máximo Kirchner a la causa. El puente fueron sus comunicaciones con López en las que era informado sobre las obras públicas que se iban a realizar en Santa Cruz. El diputado no tenía, por entonces, ningún cargo.

Antes que el veredicto del TOF2 tome estado público, Cristina se propone instalar la presunción de que el intento de magnicidio del que fue víctima está siendo encubierto por la Justicia y sectores de la política. Con el objeto de no comprometer a sus autores intelectuales y presuntos financistas. De allí la última embestida contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la investigación.

Los abogados defensores en esa causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, fundamentaron la recusación de la magistrada ante la Cámara Federal. Marcaron todos sus supuestos errores que entorpecen la dilucidación del caso. Hicieron imputaciones gravísimas y fuera de lo común. Sostuvieron que si a Cristina le llega a suceder algo, la responsable será la jueza. Alertaron, sin precisar postulaciones, que la vicepresidenta hará campaña el próximo año. Denunciaron que el intento de matar a una vicepresidenta pareciera no tener ningún costo en la Argentina.

Capuchetti frente al ultimátum hizo una maniobra curiosa. Producto, aseguran, de un estado de agobio. No se apartó de la causa. La delegó en el fiscal Carlos Rívolo. Quizás la retome: la Cámara Federal también rechazó la recusación de Cristina. Lo haga o no, cualquier decisión procesal que deba adoptar el fiscal tendrá que contar con la anuencia de la magistrada.

La defensa de Cristina insiste en que debe enlazarse la investigación de la “banda de los copitos” con otra que administra el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre cuatro integrantes de la organización derechista, Revolución Federal, que fueron procesados y embargados. Uno de ellos recibió pagos bancarios por trabajos de carpintería de parte de una sociedad integrada por los hermanos Caputo, familiares directos del ex ministro de Mauricio Macri. Capuchetti y la Cámara Federal descartaron vínculos entre aquellos grupos.

Veintitrés días después del atentado, la defensa de la vicepresidenta presentó como prueba el testimonio de un ex asesor del diputado camporista Marcos Cleri. Dijo haber escuchado al diputado del PRO, Gerardo Milman, hablar en un bar sobre el atentado fallido un día antes de haberse perpetrado. Representa, sin embargo, la hoja de ruta kirchnerista para el plan de victimización. Como lo hizo Beraldi, también Ubeira incurrió en un sincericidio: “Si hay que llegar hasta Bullrich (Patricia), llegaremos”, advirtió. Milman fue su subordinado cuando ejerció durante el macrismo como ministra de Seguridad. En este punto los camaristas hicieron una concesión. Pidieron a la jueza que profundice la llamada “pista Milman”.

Entre tanto artificio, un trazo de la presentación de la defensa de Cristina apuntó al grano. Cuestiona la conducta de la Policía Federal. En el momento del atentado fallido y en las horas posteriores, cuando de modo remoto –dicen—se reseteó el móvil de Fernando Sabag Montiel. El hombre que gatilló en falso. Esa puntualización coincide con la recomendación que la Cámara Federal formuló a Capuchetti: la investigación --aún sin resultados-- de pruebas ligadas a la PFA y a la custodia de la vicepresidenta.

En el primer caso, algunos recuerdan que la jueza es hija de quien fue un conocido comisario porteño, jefe de Seguridad de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en tiempos de Julio Grondona. ¿Podría ser una explicación atendible? ¿O su hipotética renuencia habría obedecido a la idea de no entrometerse en la interna del poder que tiene de protagonistas a los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández en Nación y Sergio Berni en Buenos Aires?

Sombras de mayor densidad surgen acerca del papel de la custodia de la vicepresidenta. Los que estuvieron el día del atentado solo prestaron hasta ahora declaración testimonial. Explicaron que la conducta díscola de Cristina los forzaba habitualmente a apartarse. Pero sucedieron cosas gravísimas: la vice estuvo seis minutos dando vueltas, desprotegida, después de que Sabag Montiel falló en su intento. Esos hombres, además, suelen ser ladeados por militantes de La Cámpora. Pudo observarse en el Día de la Militancia, en La Plata.

La defensa de Cristina hace esfuerzos por vincular a la jueza con el macrismo. Ella reemplazó a Norberto Oyarbide, en efecto, en mayo del 2019. Sería la única constancia. Se excusó de intervenir en la causa de espionaje atribuido a Macri por una razón justificada: figuraba entre los espiados. Sobreseyó al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en una causa iniciada por Juntos por el Cambio cuando la OA fue retirada como querellante en las causas por corrupción. Mantiene sin movimiento el escándalo por el vacunatorio VIP. Extremadamente sensible para el Gobierno.

Ni bien se reavivan estas circunstancias críticas, Cristina y el kirchnerismo siempre vuelven su mirada contra Alberto Fernández. Conjeturan que se ha llegado a este punto porque el Presidente habría incumplido alguno de los compromisos adquiridos ante la dama cuando fue ungido candidato. Del lado del profesor de Derecho Penal niegan cualquier pacto sobre la contraprestación que se reclama. En ambas orillas refieran a la Corte Suprema y al Poder Judicial.

Nadie conoce aquellos secretos entre el Presidente y su vice. Tal vez, en el plano judicial Alberto no se haya dedicado a lo que Cristina pretendía. Cosas suceden. En las últimas semanas el jefe de Gabinete, Juan Manzur, dialogó con uno de los integrantes de la Corte Suprema. La agenda orilló el fallo pendiente por el conflicto con la Ciudad a raíz del recorte de la coparticipación en 2020. La decisión quedó en suspenso. No hay consenso entre los cortesanos si fallar este año o dilatarlo hasta comienzos del 2023.

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz concordaron en impedir la maniobra de Cristina para apoderarse en el Consejo de la Magistratura de dos sillones por la mayoría y uno por la segunda minoría de los representantes del Senado. Tomaron juramento solo a los diputados. Aguardarán el resultado de la recusación del opositor Luis Juez –que debería ocupar el lugar del camporista Claudio Doñate—antes de completar la integración del organismo.

En el interín podría ocurrir alguna otra maniobra de la vicepresidenta. Su ardid para ganar espacio en la Magistratura fue avalada por una mayoría del Senado. Existió, en paralelo, una declaración del cuerpo entendida por los jueces como declaración de guerra. Menciona un “avasallamiento” de parte de la Corte. La acusa por “desconocer funciones y atribuciones” que son propias del Congreso. ¿No es eso un conflicto de poderes?

Tanta turbulencia inquieta al ministro de Economía. También al Fondo Monetario Internacional (FMI), que observa la difcultad para cumplir algunas de las metas acordadas. Las reservas del Banco Central, por caso, perdieron en noviembre US$ 1.000 millones. La precariedad económico-social no afloja. Massa duda acerca de cuánta conciencia existe sobre esa realidad en el kirchnerismo. Cristina está enceguecida con la Justicia. Larroque pregona que con la vicepresidenta “sobra”. Para gobernar y ganar elecciones