Javier Milei es un presidente siempre inesperado. Su mejor nuevo amigo es el candidato a juez de la Corte más cuestionado que se recuerde, y las empresas de medicina prepaga, que pertenecen a un sector aliado del mandatario, se convirtieron en su peor enemigo. Versiones inmejorables señalan que el actual senador cristinista Eduardo “Wado” de Pedro le llevó a Máximo Kirchner a un amigo y promotor del juez federal Ariel Lijo como futuro miembro de la Corte Suprema. Ese amigo de Lijo le pidió al hijísimo que interceda ante su madre para que esta ponga los votos de que dispone en el Senado a favor del acuerdo del candidato. Convencido de que se trataba de una negociación, Máximo Kirchner preguntó qué es lo que le ofrecían a cambio a Cristina Kirchner, quien cuenta con entre 13 y 14 votos incondicionales en el Senado. Es un número crucial, porque el acuerdo de Lijo necesita de 48 votos en un cuerpo de 72 senadores en total. El interlocutor, con destacadas funciones en la Justicia, le respondió a Máximo que los tribunales no podrán hacer lo que exige Cristina. Ella no quiere una amnistía ni un indulto, sino que la Justicia la declare inocente y la absuelva de todos los delitos que se le imputan. Imposible, salvo que se quemen todos los expedientes y archivos de los tribunales. El influyente mediador con los Kirchner le prometió a Máximo, en cambio, la impunidad implícita de su madre, y le contó que Lijo es el “mejor anestesista” de la Justicia, con una vasta experiencia en el arte de hacer dormir las causas sensibles que le tocan. Razón no le faltó al destacado interlocutor del vástago de la dinastía Kirchner: hace más de 15 años que Lijo guarda en un cajón de su despacho de juez federal una denuncia de Carrió contra la compraventa de acciones de YPF entre Repsol y la familia Eskenazi. Quizás hoy la Argentina no estaría a punto de verse obligada a pagar 16.000 millones de dólares, como consecuencia de aquella operación, si la denuncia de Carrió hubiera progresado. Cristina Kirchner tomó nota de la propuesta y calló. Increíblemente, calló hasta en público sobre un juez (Lijo) al que en su momento vapuleó sin tregua y sin piedad en las redes sociales. Del despacho del magistrado se habían filtrado sus famosas charlas telefónicas privadas con Oscar Parrilli, a quien Lijo le tenía intervenido el teléfono. Aquellos misiles verbales de la expresidenta contra Lijo incluyeron también al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti; a los dos les advirtió que los hacía penalmente responsables de la exposición mediática de sus conversaciones privadas. Esa negociación de hecho, oferta a Máximo Kirchner y silencio posterior de Cristina, es comentada con absoluto desparpajo por los representes parlamentarios del peronismo (todos hipercristinistas) en el Consejo de la Magistratura. La candidatura de Lijo fue propuesta precisamente por Lorenzetti, enemistado con los tres restantes jueces del máximo tribunal. Lorenzetti no logró todavía una reconciliación con Cristina Kirchner, pero ya frecuenta sus cercanías. Lorenzetti no llegó directamente a Javier Milei para llevarle la candidatura de Lijo; lo hizo a través de su poderosa hermana, Karina Milei. Al juez de la Corte lo introdujeron en el despacho de la hermanísima tres personajes polémicos: Freddy Lijo, hermano del juez; Daniel Angelici, que bascula entre el juego y la Justicia (y que ahora está lejos de Mauricio Macri), y Guillermo Scarcella, un exfuncionario de Daniel Scioli que ya debió enfrentar denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La primera propuesta de Lorenzetti incluía a Miguel Licht, actual presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, como juez de la Corte en reemplazo del actual magistrado Juan Carlos Maqueda para cuando este se jubile, en diciembre próximo. Licht fue anteriormente secretario letrado en las oficinas del propio Lorenzetti. Todo es tan extravagante como parece: un exempleado del juez de la Corte propuesto como juez de la Corte. Una gestión urgente de varios funcionarios, sobre todo del Ministerio de Justicia, frenó la candidatura de Licht y promovió la del académico Manuel García-Mansilla, que no tuvo ninguna impugnación hasta ahora. De todos modos, la gestión de reunir 48 votos le será muy difícil a cualquier candidato para juez de la Corte. Ya anunciaron que votarán en contra de Lijo, por ejemplo, los tres senadores por Córdoba: Luis Juez y la senadora de su partido Carmen Álvarez Rivero, y la senadora Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti. Vigo destaca, con razón, la segregación de las mujeres en la futura integración de la Corte. La conducción nacional del radicalismo no se pronunció públicamente todavía, pero uno de los padrinos de Lijo, Angelici, es socio político del presidente de la UCR, Martín Lousteau. Ese partido tiene varios senadores. Hubo, en cambio, un documento de 40 dirigentes radicales muy conocidos (entre ellos, el exministro Juan Manuel Casella y el constitucionalista Antonio María Hernández) en el que manifestaron su total rechazo a la candidatura de Lijo. “Nuestro rechazo a Lijo representa a la amplia mayoría de los militantes radicales”, dijo uno de ellos.

Lorenzetti y Lijo en el vecindario de Milei son incomprensibles, tan incomprensibles como que el gobierno libertario haya dispuesto, en un caso único, que las prepagas de medicina retrocedan con los aumentos de las cuotas. Desde el 10 de diciembre pasado, Milei no hizo eso con ningún sector empresario. La recriminación inicial a las prepagas vino del ministro de Economía, Luis Caputo, quien luego hizo intervenir a la Comisión de Defensa de la Competencia y a la Secretaría de Comercio. Caputo llegó al extremo de señalar que “las prepagas le declararon la guerra a la clase media”. ¿No hicieron lo mismo las empresas que venden naftas? ¿Tampoco las compañías de luz y gas, cuyos monumentales aumentos fueron autorizados por el propio Gobierno que se escandaliza por las prepagas? La actitud del Gobierno suena, a todas luces, como una estrategia para echarle la culpa a un solo sector de la economía por los unánimes y formidables aumentos de precios que se registraron desde diciembre pasado. Es probable, anticipan algunos encuestadores, que la administración de Milei haya empezado a recibir mediciones de opinión pública que detectaron los primeros síntomas de cierto malestar social por los aumentos en la economía.

Las prepagas aumentaron sus cuotas, y aumentaron mucho. Hubo subas importantes en enero, febrero, marzo y abril. Y hasta es probable que esos aumentos hayan sido conversados entre la distintas empresas para fijar el precio de las cuotas. El Gobierno las denunció por cartelización, que es cuando distintas empresas del mismo rubro se ponen de acuerdo en el precio y desisten de competir. Como se preguntó Juan Carlos de Pablo, ¿no hacen lo mismo las empresas que venden naftas? ¿Acaso no aumentan todas el mismo porcentaje y el mismo día? El caso es especialmente injusto cuando uno se detiene en lo que sucedió en 2023, año en el que Milei gobernó solo 20 días. Durante todo ese año, el aumento de las prepagas (fuertemente reguladas por el gobierno de Alberto Fernández y por el ministro-candidato Sergio Massa) fue del 134%. La inflación de 2023 fue del 211% y el aumento de los medicamentos fue del 319%. Los medicamentos pasaron a significar el 40% de la cuota que paga el afiliado de las prepagas, cuando antes era el 18%. Nadie habla del precio de los medicamentos. Nadie estableció nunca tampoco una regulación para esa actividad crucial para la salud de la sociedad, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Silencio total, salvo la sorpresa y la protesta manifiesta de los clientes en las farmacias. La culpa no es de las farmacias. Hay personas mayores que portan recetas con cuatro o cinco medicamentos, pero solo pueden comprar uno o dos. No es un problema solo de la Argentina. En América Latina, los laboratorios que fabrican medicamentos obtienen ganancias diez veces superiores a las que obtienen en el resto del mundo. Un gobierno libertario debería abrir cuanto antes la importación de medicamentos para que compitan con los de producción local.

El gobierno de Milei autorizó aumentos de gas de entre el 250 y el 500%, y aprobó subas en las tarifas de electricidad de entre el 120 y el 300%. Las naftas aumentaron también en enero, febrero, marzo y abril. El caso del gas y la luz es peor que la supuesta cartelización; son monopolios naturales porque el país no está preparado, en el caso de la electricidad, para imponer la competencia. En la provisión de gas, la competencia es imposible. No puede haber tres gasoductos para que los usuarios elijan el que más les gusta. Los vastos aumentos de las cosas no son culpa de Milei, sino de la economía ficcional que rigió durante los 16 años de kirchnerismo. Lo de Lijo es inexplicable; lo de las prepagas es una estrategia comunicacional para crearle un solo enemigo a una sociedad exhausta.