Necesita que los jueces le tengan miedo. Cristina Kirchner sabe que la aguarda un tiempo de decisiones judiciales adversas. Hay desesperación en ella. Es probable que sea condenada a prisión por hechos de corrupción antes de fin de año, y es igualmente factible que se abran otros juicios orales y públicos por haber hecho del dinero público una cuestión familiar. Intentó cambiar a la Corte Suprema, al jefe de los fiscales y hasta a los jueces que deben juzgarla. Trató de descalificar a los magistrados y asustarlos con proyectos autoritarios. No pudo hacer nada ni evitar nada. No se resigna. Su estilo se resume en doblar la apuesta, en eludir cualquier gesto de seducción y en dirigir una mala defensa propia en los tribunales. La última estrategia consiste en incorporarle al presupuesto del año próximo la obligatoriedad de los jueces de pagar el 35 por ciento de impuesto a las ganancias sobre la totalidad del salario, incluida la antigüedad. Los legisladores cristinistas (Marcelo Casaretto, el primero) están buscando algo muy simple: que una enorme mayoría de jueces elija jubilarse ya mismo, antes de perder los derechos adquiridos, o dedicarse a la actividad profesional privada, en la que ganarán más que como magistrados. Es tan aviesa la maniobra que dejaron fuera del gravamen a los jueces jubilados. ¿Qué significa eso si no una invitación a que se jubilen cuanto antes?

La eventual decisión (el presupuesto se está discutiendo en la Cámara de Diputados) afectaría a miles de jueces, fiscales y funcionarios judiciales de todo el país, incluidos los provinciales. Una nueva forma de renovar absolutamente el Poder Judicial, según el estilo de los gobiernos autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Polonia o Hungría, sean de izquierda o de derecha. Todos son iguales. Una enorme franja de la Justicia quedaría, así las cosas, en poder del kirchnerismo o con jueces interinos que harían menos eficaz y más lenta la gestión judicial. Cristina podrá ser condenada a prisión, pero se propone llevarse puesta antes a la Justicia. Bloques de diputados como los que responden al gobernador Juan Schiaretti, a Javier Milei o a José Luis Espert deberían reflexionar si están dispuestos a darle el gusto a la encarnizada vicepresidenta.

Es un mamarracho jurídico. Una ley de presupuesto es transitoria por definición, porque dura un año. A esa ley transitoria quieren agregarle una medida permanente, como es el pago de impuestos por parte de los jueces. El proyecto agrede claramente cualquier noción del Estado de Derecho y la letra y el espíritu de la Constitución. Es también un proyecto demagógico, porque está precedido por la cacofonía cristinista de que los jueces son argentinos privilegiados que no pagan impuestos mientras el resto de la ciudadanía está harta de pagar impuestos. Los jueces pagan el 18 por ciento de su sueldo en cargas previsionales (jubilaciones) cuando el resto de los trabajadores tributa solo el 11 por ciento. Los jueces no pueden ejercer ninguna actividad laboral, salvo la académica, mientras están en el ejercicio de sus funciones. Ni trabajo profesional ni comercial ni empresario.

Además, no todos los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Los nombrados a partir de 2017 pagan ese impuesto, porque cuando fueron nombrados ya sabían que lo pagarían. Es la manera que se encontró para que no colisionaran dos principios: el de los derechos adquiridos y el de la igualdad ante la ley. Fue la forma también de evitar violar la Constitución, que es muy clara en el párrafo (artículo 110) que ordena la intangibilidad de los salarios de los jueces. Esa disposición de la Constitución nunca fue una concesión a los jueces, sino una forma clara de garantizar su independencia. ¿Qué independencia del poder político podrían tener los jueces si el gobernante de turno tuviera la facultad de modificar nada menos que los ingresos de los magistrados? El presupuesto en discusión aumenta los gastos del Estado en 300.000 millones de pesos. Si progresara el proyecto cristinista de gravar los salarios de los jueces, la recaudación aumentaría en solo un 0,25 por ciento. Nada en resultados económicos; demasiado para la decadencia política e institucional. La Corte Suprema se prepara para dar una severa resolución en los próximos días. La Asociación de Magistrados, ya unificada entre los que están cerca o lejos del kirchnerismo, le pidió al máximo tribunal una reunión urgente, para mañana mismo.

Llama la atención que los legisladores que quieren aplicarles el impuesto a las ganancias a la totalidad de los salarios de los jueces se hayan preservado ellos de pagarlo en esos términos. Según una ley escrita con un lenguaje oscuro son los presidentes de las dos cámaras (Cristina Kirchner y Cecilia Moreau, ahora) quienes deciden cómo pagan los impuestos los legisladores. De hecho, muchos rubros de los salarios de los legisladores están exentos de pagar impuestos. Los justicieros legisladores (falsos, desde ya) están proponiendo que los jueces hagan algo que ellos no hacen: tributar sobre todos los rubros que componen sus ingresos. Los legisladores, al contrario de las restricciones que pesan sobre los jueces, pueden ejercer sus profesiones, ser comerciantes o empresarios. La campaña de desprestigio es perfecta: los privilegiados son los jueces, mientras nadie dice nada de los legisladores, que pagan lo que sus líderes parlamentarios resuelven que paguen.

El Gobierno le ha negado un presupuesto mayor al Poder Judicial a pesar de la devastadora inflación. Encima, ahora quiere sacarles el 35 por ciento del salario a sus integrantes. Ya la Corte Suprema dijo que la intangibilidad de los salarios se ve afectada cuando los ingresos de los jueces no pueden acercarse a los índices inflacionarios. El actual gobierno viene retaceándole partidas presupuestarias al Poder Judicial para impedir que este preserve, aunque fuere parcialmente, el poder adquisitivo de los jueces. Entre esa restricción presupuestaria y el proyecto actual para desplumar el salario de los jueces se esconde otro golpe del poder político contra el Poder Judicial.

Nadie dice que los jueces no deben pagar impuestos a las ganancias. De hecho, solo no pagan los jueces nombrados antes de 2017 porque contaban con derechos adquiridos. Pero ya cuando se trató aquella modificación, durante el gobierno de Mauricio Macri, que terminó con la decisión vigente de que pagan los jueces nuevos, decenas de magistrados se jubilaron en el acto, antes de perder la jubilación que les correspondía. Luego, la ley no les cambió su situación porque solo les impuso el pago de ganancias a los nuevos jueces, que sabían antes de ser nombrados cuál sería su salario. Tampoco significaba una disminución del salario porque antes no cobraban como jueces. Ahora pagan el impuesto a las ganancias el 25,5 por ciento de los jueces. Ese porcentaje se incrementará en la medida en que se concreten nuevos nombramientos de magistrados. En los tribunales se sostiene que en un plazo no demasiado largo casi todos los jueces pagarán el impuesto a las ganancias.

De todos modos, cualquier modificación al salario de los jueces debe tener una ley particular y ser consensuada con la Corte Suprema y con los propios magistrados, quienes podrían aceptar un sistema parecido al de los legisladores. Es inadmisible que un cambio tan drástico en el ingreso de los magistrados se coloque como un parche de último momento en el presupuesto. El texto original del presupuesto no contenía ese dislate. Fue una obra posterior que surgió de la peligrosa y vengativa imaginación del cristinismo.

A todo esto y contemporáneamente, el cristinismo presentó en el Senado un proyecto para crear una nueva ley de traslados de jueces. Adiós a jueces independientes como Bruglia y Bertuzzi, camaristas del decisivo fuero federal donde juzgan los presuntos delitos de la vicepresidenta. Bienvenida la arbitrariedad para nombrar jueces interinos en puestos vacantes, seguramente cercanos a la facción gobernante. Las recientes elecciones de abogados, jueces y académicos en el Consejo de la Magistratura dejaron a este organismo otra vez sin mayoría necesaria para nombrar jueces. Antes, cuando sucedía una situación así, primaba la negociación entre los distintos clanes del Consejo. Pero ¿qué negociación seria y confiable se puede hacer con un gobierno controlado por alguien que solo aspira a la destrucción de la Justicia? Cristina está desesperada. Ese es un problema de enormes dimensiones para la nación política.