Por: Natalia Volosin.

En plena crisis económica, Cristina Kirchner volvió a apuntarle a la Corte Suprema con un video que recreó la épica de los primeros tiempos de gobierno de Néstor Kirchner. Hace casi 20 años, el presidente logró cargarse a la mayoría automática de Carlos Menem, aceptó la propuesta de un grupo de prestigiosas ONGs y se ató las manos para las designaciones. El nuevo tribunal hizo profundas reformas internas y dictó fallos memorables como la inconstitucionalidad de los indultos y las leyes del perdón.

Pero, por mucho que se intente, las diferencias entre el escenario actual y el de 2003 son abismales. Aun con las críticas que merece esta Corte, la comparación es tan precaria que solo deja en evidencia una enorme cortina de humo, unos fuegos de artificios atractivos pero insuficientes para distraer la mirada social y política de donde, por razones obvias, no parece dispuesta a moverse: el dólar, la inflación, las tarifas, la pobreza.

¿De qué se trató la gesta de lo que en el video la Vicepresidenta llama “la Corte ejemplar”? En enero de 2002, sobre los restos ardientes del estallido de diciembre, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores publicaron sugerencias para reformar el tribunal de los supremos. El documento, denominado “Una Corte para la Democracia”, se profundizó en un segundo trabajo dos meses antes de las elecciones presidenciales de 2003.

El planteo de este grupo en el que convivían personas vinculadas a, entre otros, Horacio Verbitsky (CELS), Carlos Rosenkrantz (ADC) y Daniel Sabsay (FARN), era que el tribunal tenía graves fallas de funcionamiento que no iban a mejorar con un simple cambio de nombres o cantidad de integrantes. Para atacarlas se hicieron varias propuestas, como la restricción de competencia a las causas constitucionales más relevantes, la publicidad de las audiencias y el control administrativo externo.

Pero el principal foco estuvo en el proceso de designación de los supremos. Se sugirió transparentar las audiencias del Senado y que el presidente se autolimitara por decreto con varias herramientas: estándares técnicos, éticos y de compromiso con la democracia y los derechos humanos; equilibrio de género, región y especialización; declaración jurada de antecedentes laborales y profesionales; situación impositiva ante la AFIP; y un proceso de consulta pública para recibir observaciones.

Estas propuestas fueron recogidas por el presidente Kirchner en el famoso Decreto 222 de junio de 2003, con el que se terminó de armar la Corte de siete integrantes que hoy glorifica Cristina Fernández: Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti se sumaron a Juan Carlos Maqueda (designado en 2002 por Eduardo Duhalde) y a Enrique Petracchi (nos ponemos de pie) y Carlos Fayt, ambos sobrevivientes de la Corte Alfonsín. También debe leerse como una autolimitación la reforma de 2006 que, por iniciativa de la entonces senadora Fernández de Kirchner, redujo la integración de nueve a cinco, lo que ocurrió paulatinamente con fallecimientos y renuncias.

Igualito a ampliar la Corte a 25 integrantes, ¿no? Hagamos el juego de las diferencias (más allá de la obvia sobre el contenido).

Diferencia 1: el consenso

La reforma de 2003 tuvo un enorme apoyo político, y no por la inconducta de la Corte menemista, pues eso no era novedad. Hubo consenso porque, ante la crisis de representación transversal (“que se vayan todos”) y con miles de personas golpeando persianas de bancos y pintando paredes tribunalicias al grito de “chorros, chorros, chorros, devuelvan los ahorros”, no les quedaba otra.

Es cierto que la crisis de representación continúa. No por nada rinde lo de la casta de Javier Milei. Pero, aunque la falta de credibilidad del Poder Judicial ronda el 80%, en relación a la Corte no hay consenso político ni un reclamo social transversal. Lo que hay es grieta: unos ven al tribunal como satanás, otros como los guardianes de la República y en Corea del Centro vamos viendo.

Diferencia 2: la confianza

En el proceso de 2003-2006, el gobierno y el tribunal trabajaron en conjunto. Kirchner reformó el proceso de designación, pero el tribunal implementó audiencias públicas, el amicus curiae y un sistema de información judicial. Los dos arrancaban en la misma línea de largada. Tenían que reconstruir el poder público del Estado y había un aire refundacional. Esto produjo, de movida, un voto de confianza mutuo.

Los cuatro miembros de la Corte Suprema actual

Nada de esto es así ahora. Los actores se conocen, ya jugaron muchos partidos y fueron varias veces con los tapones de punta a la tibia al grito de “todo pelota”. Hay suspicacias y nulo diálogo interinstitucional.

Diferencia 3: la legitimidad del reformador

El gobierno que implementó los cambios en 2003 era nuevo. Estaba limpio. No tenía pasado (o estaba medio oculto en Santa Cruz). Quienes hoy proponen ampliar la Corte a 25 integrantes no son nuevos. Tienen una larga historia de manipulaciones del Poder Judicial. Y muchos, empezando por Cristina Fernández, tienen causas personales pendientes ante el tribunal.

En su video, la ex presidenta dice que “será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte”. ¿Por qué? Por decisiones de jueces inferiores (no de la Corte) y que, además, tienen un impacto muy marginal para explicar la crisis (tarifas de internet y telecomunicaciones y medidas cautelares que permiten obtener dólares baratos vía importaciones). ¿La inflación galopante y el dólar a $338 es culpa de esos fallos? ¿Preocupa esto o lo que hará la Corte cuando tenga que revisar una eventual condena a la vicepresidenta en la causa Vialidad?

Diferencia 4: la legitimidad de la Corte

Los jueces de la mayoría automática tenían vínculos inexcusables con el poder menemista y se les imputaban delitos graves en sus decisiones. Los actuales pueden ser muy criticados por sus fallos e incluso, en algún caso, por sus conductas personales. Pero han dictado resoluciones de todos los colores. ¿Un ejemplo? Dos días después de que Mauricio Macri ganó el ballotage, la Corte le ordenó a la Nación devolver el 15% más intereses que les retenía de impuestos coparticipables a Santa Fe y San Luis. Bienvenido, señor presidente.

¿El tribunal tiene problemas de funcionamiento históricos? Sí. ¿Anda flojo de credibilidad? Sí. Como dije aquí cuando el kirchnerismo marchó para pedirles la renuncia, los propios jueces menguaron la reconstrucción institucional que se había logrado luego del 2001. La situación se agrava porque les falta una compañerita de banco (la mujer que debe reemplazar a Highton). Pero esto es responsabilidad del presidente, no de la Corte. El plazo para proponer una candidata, establecido en aquel famoso decreto de Kirchner, venció el 1 de diciembre del año pasado.

Pero, aun así, estos jueces no son Julio Nazareno ni Eduardo Moliné O’Connor. Y, si lo fueran, sería en buena medida gracias al partido de gobierno. Maqueda fue compañero de bloque de la vicepresidenta en las dos cámaras. El peronismo lo puso en la Corte entre gallos y medianoche en una sesión secreta del Senado. A Lorenzetti lo designó Kirchner. Ambos fueron protagonistas de lo que Cristina Fernández considera “una Corte ejemplar”. Lorenzetti, de hecho, la presidió. ¿Y los nuevos? Rosatti fue Procurador del Tesoro y luego Ministro de Justicia de Kirchner. ¿Cuándo? ¡Cuando se hicieron aquellas reformas que la Vicepresidenta alaba! Y el peronismo le votó el pliego casi en pleno. Al malo de Rosenkrantz también.

¿La Corte y el Poder Judicial necesitan una reforma trascendental? Sí, pero esto solo es una guerra de distracción hasta que empiece el Mundial.