El proyecto de AGNET, el primero del combo de tres iniciativas sobre "reforma laboral" que reimpulsó el oficialismo semanas atrás, volverá a ser tratado mañana en la comisión de Salud que comanda el radical Mario Fiad (Jujuy). La semana pasada asistió al Senado y blindó el proyecto el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien aseguró que ese tipo de agencias se dan "en todo el mundo" y son necesarias para "comenzar a generar un marco de discusión donde todos los actores tengan una voz y que se discuta de manera transparente cuándo se está obligado a cubrir procedimientos y en qué condiciones y proporción, ya que son decisiones que deben ser objetivas y transparentes".

Durante su exposición, Rubinstein disparó: "En la Argentina, el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) son gastos en Salud. De esa cifra, el gasto en tecnologías de salud es del 50% y está bien. El tema es fijar políticas transparentes para definir cómo vamos a sustentar las nuevas coberturas (...) Menos del 20% de permisos fueron realmente para pacientes que representaban una evidencia científica seria que avalaba dichos procedimientos".

El funcionario no fue el primer ministro de Salud macrista que defiende el proyecto, ya que la ley fue empujada sin éxito en 2016 por Jorge Lemus. En ese entonces, la iniciativa fue abrazada por la CGT: el líder del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, dejó claro ese año que la falta de una agencia de ese tipo "ha llevado a que la Justicia, vía amparos, imponga a las obras sociales tener que cubrir por fuera del PMO muchas tecnologías sin la evidencia de su utilidad". 

Sin embargo, el dictamen que empujó Cambiemos generó ruido en el otrora Frente para la Victoria-PJ -hoy finalmente separado entre justicialistas y chavistas- vía Liliana Fellner. El ultrakirchnerismo que estaba dentro de la bancada que lideraba Miguel Pichetto apareció con un dictamen de minoría y acusó al Gobierno de querer "crear una agencia similar a la que funciona en Colombia, donde ahora está privatizado el 99,9% de la salud".

También advirtió el cristinismo que la ley permitiría "la participación de corporaciones de medicamentos" en la definición acerca de qué ingresará o no al PMO, en connivencia con Casa Rosada y los gremios, porque "será el Ejecutivo quien nombre los cargos en referencia a la integración de la AGNET-, ya que no harán ninguna audiencia pública". Más allá de eso, reconocieron la necesidad de "mejorar las tecnologías y los precios de los medicamentos".

Según consta en el proyecto, la AGNET estará a cargo de un "directorio de cinco miembros, compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y tres Directores de probada experiencia en la materia y de reconocido prestigio profesional, designados por el Poder Ejecutivo, uno de los cuáles designado a Consejo Federal de Salud (...), elegido entre las provincias que hayan adherido al presente régimen". En este artículo el noveno-, el peronismo propondrá mañana alguna modificación para equilibrar la participación de las obras sociales.

Para la reanudación del cuarto intermedio de la comisión de Salud se espera las exposiciones del exministro de Salud K Daniel Gollán; Paz Macarena Sabin, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Isaías Drajer; Fernando Avellaneda, del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales; y Miguel Travella; titular del Instituto de Seguridad Social de La Pampa.

Traba en Tics

Otra comisión que reanudará mañana la actividad tras cuarto intermedio es la de Medios, que junto a la de Educación continuarán en plenario la discusión sobre la ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS), que permitirá el cuádruple play.

El proyecto que empuja el oficialismo a través de Federico Pinedo (PRO), está estancado desde fines de mayo. "Cambiemos dice que quiere acordar pero ellos van un lado y nosotros, por otro", reconocieron anoche a Ámbito Financiero desde la oposición. 

La definición transcurre por dos puntos fuertes: el aval para compartir toda la infraestructura pasiva postes, ductos, etcétera- una vez sancionada la ley y el temor de los operadores del interior por la luz verde a la televisión satelital, que permitirá a grandes jugadores ofrecer "paquetes de difícil competencia", según indicaron desde aquellos sectores. También preocupa la potencial situación en localidades de menos de 80.000 habitantes: allí quieren extender el plazo de vigencia de 2019 hasta, al menos, 2020 o 2021.