Cristina es algo más abierta aunque a la vez extremadamente selectiva. Desayuna cada tanto en Olivos, de entrecasa, con el diputado camporista Eduardo De Pedro. Tiene línea abierta a diario con el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

También, por supuesto, con el secretario Legal, Carlos Zannini. A ese universo minúsculo se circunscribe su sistema de poder. Varios de los ministros y la inmensa mayoría de los legisladores K no han podido verla a solas ni una vez desde que comenzó su segundo mandato.

Kicillof fue determinante en la estrategia que urdió la Presidenta para proteger del escándalo Ciccone a Amado Boudou.

La idea de estatizar la imprenta, que en una semana Diputados y el Senado convirtió en ley, alumbró como un escape en la cabeza del viceministro. Esa ocurrencia tuvo una compensación política que, bien interpretada, representa otro demérito para el vicepresidente y un ninguneo para Marcó del Pont, la titular del Banco Central.

La Cámpora fiscalizará desde ahora la emisión monetaria en la Argentina .

El mismo día que el Senado dio media sanción a la estatización de Ciccone, Cristina nombró como vicejefe de la Casa de Moneda al economista Esteban Kiper. El joven de 30 años es cercano a Kicillof, con quien lleva adelante un trabajo de investigación sobre delitos económicos cometidos en la última dictadura. Ocupó el cargo dejado por Juan Claudio Tristán, compinche del vicepresidente y remitido al Correo Argentino. El cargo, sin embargo, no lo dice todo. Kiper será un gendarme de Katya Daura, directora de la Casa de Moneda, como Sergio Berni lo es, desde un escalón burocrático inferior, de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Daura había sido trasplantada desde Mar del Plata por Boudou.

La declinación interna del vicepresidente, más allá de la intención de su salvataje público, permitió otro avance de La Cámpora en el esquema de poder. Sólo tres ministerios (Agricultura, Industria y Salud ) no poseen todavía en sus puestos jerárquicos a dirigentes camporistas. Aquel avance se computa también en la banca pública y en empresas de sectores económicos clave. YPF no sería un caso aislado: varios camporistas llegaron a Cammesa, la administradora del mercado energético mayorista.

El desembarco más sorprendente se produjo en el Ministerio de Justicia desde el arribo de su subsecretario, Julián Alvarez. Siete funcionarios de alto rango han tendido un cerco virtual sobre el ministro Julio Alak. La planta ministerial casi se duplicó entre 2007-2012 (de 4.000 a 7.500 empleados) y pulularon los conflictos intestinos. En especial, cuando fue desplazada de su cargo una amiga íntima de la ministra Garré.

El crecimiento camporista promete adquirir más musculatura en el futuro, no sólo en la ocupación de sillones bien rentados en el poder. Un dirigente peronista bonaerense del interior tuvo hace días un diálogo esclarecedor con José Ottavis. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires le preguntó qué cargos electivos se renovarán en su distrito en el 2013. “Diputados provinciales”, contestó el peronista. “Olvidate de punteros, amigos y parientes. Esos lugares los vamos a ocupar nosotros. Como en todo el país”, le advirtió.

Nadie sabe si el mensaje llegó también a oídos de Daniel Scioli. El gobernador vacila mirando el año que viene: ¿pactar las listas con el kirchnerismo o imponer nombres que le garanticen seguridad política? Aquella admonición de Ottavis y la reciente pelea con Cristina por la asistencia financiera presagiarían la imposibilidad de un acuerdo.

Después del 2013 le quedarían dos años por delante en la Provincia y su ilusión presidencial. Nada de eso sería posible con una hipotética invasión camporista. Scioli viene midiendo en encuestas como candidata a su mujer, Karina Rabollini, ante la eventualidad de una confrontación que de ninguna forma desea.

No habría razones para suponer que las palabras de Ottavis constituyan sólo una bravuconada. La Cámpora ha demostrado, como columna vertebral de Cristina, una impudicia transparente para cumplir objetivos. Quedó registrado en el plan pergeñado para proteger a Boudou de una de las sospechas de corrupción más groseras de la última década. En esa tarea arrastraron a los viejos kirchneristas y a una gran porción del peronismo inerte.

También, a desprendimientos de la oposición que se vieron de nuevo encandilados por la invocación a supuestos valores soberanos que hizo el oficialismo para ocultar los chanchullos con Ciccone. Tan intensa resultó esa invocación que muchos parecieron no atinar a distinguir lo principal de lo accesorio. El diputado Pino Solanas sostuvo que la estatización consagrada no irá en desmedro de la investigación judicial. Sobran ejemplos de cómo el Poder Ejecutivo, entre arbitrariedades que comete, avasalla e incide en la decisiones judiciales.

La diputada ultra K Diana Conti explicó que la vinculación de Boudou con la causa Ciccone es “irrelevante” . Si así fuera, ¿por qué razón el vicepresidente arremetió contra la Justicia y forzó la renuncia del ex procurador general, Esteban Righi, y el apartamiento del juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo? ¿Por qué razón recién entonces, y no antes, el Gobierno hurgó en la posibilidad de estatizar la imprenta?

Aquel desbarajuste kirchnerista en la Justicia y el trámite parlamentario vertiginoso, serían avisos que quizá no resulten indiferentes para los encargados de continuar investigando al vicepresidente en las irregularidades por Ciccone. Ariel Lijo, el juez, y Jorge Di Lello, el fiscal, fueron notificados de todo lo que pondrían en juego si dan curso a las numerosas pruebas acopiadas que –según dicen– comprometerían a Boudou.

Entre tantas cosas en juego está la propia salud política presidencial . El vicepresidente ha sido una obra absolutamente suya. La ofensiva contra la Justicia y los artilugios para proteger a Boudou también contaron con su aval. Elisa Carrió suele abusar de los disparos al aire aunque esta vez apareció certera: apuntó a Cristina al fundamentar su negativa para estatizar Ciccone. Otro diputado, el peronista Gustavo Ferrari, consideró que bajo la hojarasca se esconderían cuestiones más serias, como la recurrente apelación de la Presidenta a los decretos para resolver la intervención de empresas.

“La propiedad privada está a tiro de decreto” , alertó. Al fin, un estilo de ejecer el poder que Solanas calificó enfáticamente de “autoritario” y que tornó difícil de entender su voto favorable a la expropiación de la imprenta.

La maniobra kirchnerista, lejos de empequeñecerlo, podría agigantar el escándalo político en torno a Boudou. Podría agigantar las dudas sobre el levantamiento de la quiebra, el dinero aportado por The Old Found que trajo dinero de paraísos fiscales, el papel de Alejandro Vandenbroele como amigo y testaferro del vicepresidente, los fondos fantasmas que sostuvieron hasta la semana pasada el funcionamiento de la empresa, su verdadera situación financiera y fiscal, el contrato millonario suscripto hace poco por el Estado con Ciccone para la impresión de moneda nacional. Tal vez lo más sencillo sea lo más revelador sobre la corrupción que se pretende disimular: no debe haber registro en la historia de una empresa expropiada por la que nadie reclame indemnización . Sólo silencio. O el risible atajo de Aníbal Fernández, cuando arguyó que el Estado pagará a la persona que se presente en ventanilla, “aunque se llame Tito” (sic).

El senador no es una excepción en el kirchnerismo. El Gobierno dice y hace cosas sin sonrojarse, sin reparar que existe una sociedad que observa. Ricardo Echegaray también está salpicado por el caso Ciccone. Cada tanto levanta polvareda con casos resonantes de evasión fiscal. Habrá que reconocer que la AFIP ha hecho un gran avance en la recolección de información tributaria de los argentinos. Habrá que reconocer que Echegaray la utiliza demasiadas veces con fines persecutorios .

Su última cruzada abarca al fútbol. En ese mundo turbio descubrió a representantes de futbolistas que evaden impuestos en paraísos fiscales. No se entiende – o sí– por qué nunca se le ocurrió indagar cómo el monotributista Vandenbroele pudo hacerse cargo de la quebrada Ciccone.

Sucede que el ejemplo baja de la cima. Cristina volvió a defender la incursión proselitista de La Cámpora en los colegios. Criticó al macrismo por habilitar una línea telefónica para denunciar esos excesos y lo asoció con la delación. Hace pocas semanas ella misma se encargó de intimidar por cadena nacional a un ejecutivo inmobiliario que se había quejado por la situación económica. Eso se llama simplemente hipocresía.