Cristina no es Alberto. Habla menos que Alberto y dice mucho más que Alberto. En general, no se le escapan las cosas y cuando habla todo el mundo está en alerta: sabe que de su boca bajará la verdadera línea del Gobierno.

Ahora acaba de avisar que va por un cambio total en el sistema de salud. Insinúa más de lo que dice pero lo que insinúa huele a un avance estatal sobre la medicina privada. Hay dos datos fuertes detrás de su aviso. Uno es que lo hace en el peor momento: en medio de la pandemia, con el sistema al borde del colapso y una cantidad de contagiados y muertos que mete miedo. Y el otro dato es que lo hace en tren de campaña electoral y en Buenos Aires, donde ella juega todo o casi todo, y delante de Kicillof, que es su gran apuesta política.

Un indicio de lo que Cristina no dice pero puede venir aparece precisamente en cómo Kicillof maneja el IOMA, la obra social de la Provincia, junto con Gollán y con Kreplak, que es el dos de Salud pero el uno en los hechos. Se sabe que les va mal y quizás por eso no publican números sobre lo que recaudan, gastan y deben. Y se sabe que han puesto al mando a Homero Giles, médico graduado en Cuba y sin experiencia en gestión. Su jefe de gabinete es más conocido en el sector: Mariano Cardelli, mano derecha de Luciano Di Cesare en el PAMI en la gestión de Cristina. Ex funcionario de Santa Cruz, Di Cesare terminó procesado por una licitación de informática y la construcción de hospitales dentro del programa del Bicentenario.

Otro funcionario de los años de Cristina, Nils Picca, ocupa la gerencia clave de prestaciones. Tarifas por el piso y atrasos en los pagos provocaron el cierre de clínicas como la ex San Carlos, en Escobar y la ex Comahue, en Temperley, que fueron estatizadas y hoy se las llama Hospitales IOMA.

También golpeadas y en rojo, prepagas y hospitales privados creen que Cristina se propone estatizarlas. El anteúltimo día del 2020, Fernández les había autorizado el 7% de una suba inicial del 10%. Pero horas después y por el mismo Boletín Oficial que publicó el aumento, Cristina se lo volteó enterito.

Cristina generó otro zafarrancho dos semanas atrás: sin consultar ni advertir a Fernández, se mandó con una suba del 40% en el Congreso y en el PAMI, controlado por La Cámpora. De un plumazo perforó el piso de las paritarias del propio Gobierno. Obvio, el gremio de Sanidad reclama ahora también el 40%. Lo que se dice una política ordenada.

Cristina Kirchner toma decisiones de alto impacto sin consultar ni advertir al presidente Alberto Fernández.

Si hay quienes saben olfatear qué se cocina en un gobierno que se dice peronista es fácil encontrarlos: están en la CGT. Y mucho más si se trata de las obras sociales, que representan la base de su poder económico y saben, es el objetivo central de esta ofensiva del cristinismo, que ya tomó cajas muy forradas.

La Cámpora les disputa la Superintendencia de Salud, donde Cristina ubicó a Maritza Benedicto en la estratégica gerencia de Asuntos Jurídicos. Benedicto responde a la santacruceña Liliana Korenfeld, ex jefa del organismo y a la que Cristina impulsa para volver al cargo. La Cámpora también presiona para ocupar otras cuatro áreas: Delegaciones, con despliegue en todo el país; Control Prestacional, que le cuenta las costillas a las obras sociales; Sistemas y Atención al Beneficiario.

Los gremios le mandaron a Fernández un mensaje: la Superintendencia es un límite. El problema es que la respuesta no depende de Fernández. Ya sabemos de quién depende. Y con quién deberán pelearse si hay pelea.