Este jueves se realizará una audiencia clave en la causa “Dólar Futuro”, que cobró gran impulso durante el macrismo y fue una de las primeras denuncias del Lawfare. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros acusados, expondrán ante la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que tras escucharlos deberá definir si se realiza o no el juicio por este caso, que está repleto de irregularidades.

¿Por qué para muchos es considerada la causa con la que se inició el Lawfare? Porque la denuncia la radicaron durante la campaña electoral de 2015 los entonces legisladores macristas Federico Pinedo y Mario Negri y fue en este expediente en el que se dio la primera indagatoria de CFK ante el juez Claudio Bonadío, en abril 2016. Al mes siguiente, es decir, apenas cinco meses después de que dejara la Casa Rosada, la expresidenta recibió su primer procesamiento por parte de quien era el titular del juzgado federal N° 11. Se la acusaba de ser la responsable política de una serie de operatorias legítimas con el dólar futuro que, según Bonadío, fueron perjudiciales para el Estado cuando lo cierto es que ese mecanismo no causó perjuicios al Banco Central, tal como se desprendió de un peritaje que se conoció en agosto del año pasado. Además, devaluación macrista mediante, resultó sumamente productiva para muchos funcionarios cambiemitas.

Lo curioso del caso es que no había ninguna mención a la actual vicepresidenta en la denuncia original ni tampoco por parte del fiscal del caso, Eduardo Taiano. Porque el BCRA es un ente autárquico y la presidenta no tenía injerencia en sus decisiones. Pero eso a Bonadío poco le importó.

En una de sus tantas presentaciones en este caso, Cristina sostuvo que la acusación “construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de ‘plantar’, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad”. Entonces, CFK no tenía fueros. Con el avance del gobierno de Cambiemos quedó claro que el macrismo no podía encarcelar a la actual vicepresidenta -por el escándalo que implicaba- por lo que decidió multiplicarle causas en contra para debilitar su imagen pública.

Este caso escaló en las instancias judiciales y se terminó elevando a juicio. Pero antes de que comenzara el debate oral por un recurso de las defensas llegó a la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, que ahora debe definir si los elementos acumulados en la causa son lo suficientemente contundentes para dar por tierra con el juicio –al que uno de los integrantes del tribunal que tendrá que llevarlo adelante ya se opuso- o si este debe realizarse, lo que implicará otro show mediático contra la vicepresidenta.  

Por ejemplo, una de las pruebas que se acumularon en el último año en el expediente es un peritaje del cuerpo de peritos de la Corte, en el que se desprende que no hubo perjuicio para el Estado nacional en las operatorias de dólar futuro. Esto es determinante porque el delito que se investiga es el de administración fraudulenta y para eso debe haber un perjuicio.

“La pericia desbarata todo. En el 2015 el BCRA fue superavitario. Es absurda esta causa”, indicaron desde una de las defensas. A partir de ese estudio se pidieron los sobreseimientos de los acusados. Una curiosidad respecto a ese peritaje: Bonadío no lo había autorizado; lo terminó avalando el tribunal a cargo del juicio.

Además de Cristina, también están acusados en esta causa el gobernador Axel Kicillof, el expresidente del BCRA Alejandro Vanoli y Miguel Pesce (actual titular del BCRA), entre otros. 

Fue en este contexto, que las defensas consideraron innecesario un juicio oral y pidieron que se realice una audiencia pública “para que toda la ciudadanía conozca cuáles son los argumentos por los que puede haber una resolución anticipada del caso”, explicaron a este medio.

Siguiendo esta línea y el peritaje que estableció que "no existe hipótesis delictiva en la operatoria conocida como dólar futuro y no hubo perjuicio para el Estado", el juez del Tribunal Oral Federal número 1, Adrián Grünberg, sostuvo que no debe hacerse el juicio y que los imputados tienen que ser sobreseídos. Acto seguido se bajó del caso. Pero sus otros dos colegas, Juan Michilini y Ricardo Basilico, no coincidieron. Esto fue recurrido y la causa llegó a la Casación con el mismo argumento. Es decir, la sala I de la Casación integrada por Ana Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone –quien mantiene una amistad íntima con Germán Garavano- deberá determinar si sobresee a los acusados o se hace el juicio oral. 

Tras la audiencia de este jueves -que será transmitida en vivo aunque no será presencial como pedía CFK-, los camaristas tendrán 20 días hábiles para resolver.

La operatoria

¿En qué se sustenta la denuncia de dólar futuro? En una serie de operaciones que según los denunciantes habrían sido perjudiciales para el estado. “Se judicializa una decisión política que se adopta para controlar el valor de la moneda nacional y defender intereses de los argentinos. Es un absurdo”, enfatizan desde una de las defensas. 

¿Qué es el dólar futuro? Un contrato en pesos que fijan dos partes con respecto  al precio de la divisa para una fecha futura determinada. Llegada esa fecha, se compara el valor del dólar actual con la que había sido proyectada y se paga la diferencia. 

La denuncia es que el Banco Central vendía dólares a un precio barato y que esas operaciones eran ruinosas porque el verdadero valor del dólar sería para los denunciantes el “dólar blue” o el de la cotización de la plaza de Nueva York. Se sostenía también que los adquirientes de los contratos eran “amigos” del gobierno de Cristina pero no se brindó un dato. Luego se supo que eran del círculo macrista. En la nómina de los que operaron con dólar futuro figuran Luis “Toto” Caputo, Nicolás Caputo, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y varios más. Todos ellos luego fueron parte del gobierno de Cambiemos.

Y esto no es menor. Porque el giro se da cuando cambia el gobierno y asume Macri. El 13 de diciembre de 2015 se reúne el nuevo directorio del BCRA y allí se establece cuál va a ser el valor de liquidación del dólar futuro –había una devaluación en ciernes-. Muchos de los que resolvieron ese valor, como Luis Caputo, eran beneficiarios de su propia decisión porque habían adquirido contratos del dólar futuro. Incluso, atento a la causa de “Dólar Futuro” el entonces presidente del BCRA, Federico Sturzzenegger, consultó a la Justicia si había que pagar los contratos. Bonadío lo avaló.

Así lo explicó CFK en una de sus presentaciones: “Luego, tras la renuncia de Alejandro Vanoli a la Presidencia del BCRA -forzada, fundamentalmente, por las acusaciones originadas con motivo de la causa del “Dólar Futuro”- el nuevo Directorio de esa entidad liberó el tipo de cambio, generando una importante devaluación de la moneda nacional, renegoció los valores de liquidación de los contratos de dólar futuro y finalmente solicitó autorización al juez Bonadío para proceder a su cancelación. El magistrado, contradiciendo sus propios actos, autorizó las operaciones, es decir, avaló la consumación del supuesto delito que decía estar investigando”.

En otro documento que presentó en la Justicia, Cristina sintetizó la operación macrista en cuatro líneas: “Denunciaron, intentaron con una ‘corrida judicial’ una devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron”.

Es que según la vicepresidenta, “la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa. En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo”.

Justamente, eso es lo que se expondrá este jueves ante la Casación con el objetivo derribar una de las primeras causas del Lawfare. 

POR FRANCO MIZRAHI