Desde el año pasado, TiempoSur viene informando sobre el déficit carcelario en la provincia, signado por la falta de nuevas alcaidías y lugares de detención para una población carcelaria que está llegando a su límite y comprime las comisarías de todas las localidades.

Ayer, este diario entrevistó al juez de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, Joaquín Cabral, quien ya el año pasado se había mostrado a favor de la creación de un Juzgado de Ejecución, algo en lo que se desconoce si acaso el Tribunal Superior de Justicia se encuentra abocado.

Cabral abordó nuevamente la crisis en el sistema carcelario de Santa Cruz, opinando que “además de la contingencia física originada por la falta de establecimientos especiales de encierro que contengan talleres aulas y espacios de recreación” que procuren su reinserción, “se suma la apremiante realidad económica que afecta a la provincia en todas sus áreas, lo que agrava aún más la situación de quienes deben cumplir condena efectiva”.

En este sentido, el magistrado se encuentra abocado desde hace ya un tiempo al estudio y análisis del factor “arraigo afectivo”, bajo la premisa de descomprimir el sistema provincial, entendiendo que “puede ser una de las alternativas que, conjuntamente con otras condiciones, determinen el traslado de las personas con condena firme a otras dependencias carcelarias provinciales o federales donde se encuentran familiares, amigos y afectos que sirven de sostén anímico del interno”.

Claro que para ello, “se me ocurre, tal como pasa con el sistema federal, habría que celebrar convenios o acuerdos entre las provincias para llevar adelante esta alternativa, independientemente de que el órgano juzgador lo pueda llegar a implementar dentro de su pronunciamiento judicial como una medida a ejecutar”, aclaró.

De poder concretarse esta posibilidad de traslado, “no sólo aliviaría a la apretada población carcelaria, sino que además se evitarían los gastos que demandan a la autoridad de encierro, el hecho de llevar al condenado de un lugar a otro con el objeto de cumplir con el derecho contenido en el Art. 16, punto II, apartado (a) de la Ley N°24660 que prevé salidas transitorias para mejorar los lazos familiares y sociales”.

Así las cosas, se entiende que aplicar el traslado por “arraigo afectivo” dependerá de las características del caso en particular y de lo que puedan pensar otros juzgadores,  dado que “no se trata de una regla de ejecución, sino simplemente de un criterio judicial propio”, advirtió el magistrado.

De todos modos, Cabral hizo una salvedad respecto de que muchas veces la distribución geográfica de los detenidos suele tener que ver con alguna inconducta de los mismos y entonces la autoridad carcelaria adopta el traslado como una sanción, que luego puede ser apelada ante el Organo Judicial de Ejecución.

Vale recordar que actualmente en Santa Cruz, en una dependencia, conviven contraventores o la población fluctuante, que son apenas el 30% de los casi 400 detenidos que hay y los condenados por distintos delitos o procesados que se ubican en el orden del 70%.

Con el cambio de gobierno, una de las primeras iniciativas que llevó adelante el ministro Fernando Basanta fue impulsar el fortalecimiento de la División Penitenciaria, que desde hacía tiempo contaba con varios oficiales egresados del Servicio Penitenciario Federal.

La estructura aún depende presupuestariamente de la Policía de Santa Cruz, que el año pasado dijo, a través de su entonces titular, Salomón Aleuy, que el 70% del presupuesto 2015 establecido en unos 2 mil millones para la fuerza, se gastaban en los cuidados de los detenidos.

Este sería sólo un dato más, si acaso no se tiene en cuenta que eso se traduce en un 70% menos de fondos para aplicar a la prevención del delito.

“Se ha solicitado duplicación del presupuesto porque han subido las cosas, sobre todo la mercadería y tenemos que alimentar a los detenidos”, dijo días atrás en TiempoFM el responsable de la División Policial Penitenciaria, Marcos Colqui, asegurando que hasta entonces a los detenidos se les daba de comer por 56 pesos por día, una cifra que hoy no es suficiente.

“Se pidió la duplicación y la nueva evaluación que es de 120 pesos por día para comer y a eso súmele el combustible y la limpieza. Los 120 pesos es sólo para la alimentación diaria, el almuerzo y la cena; y en realidad tampoco nos alcanza porque si se pone a sacar la cuenta, no le va a dar”, reconoció.

En un cálculo muy sencillo, esto significa que, actualmente, hay 380 detenidos en todo Santa Cruz, se necesitan unos 45.600 pesos diarios, sólo para darles el alimento, cifra que al mes se eleva al 1.3 millones de pesos y a fin de año significarán más de 16 millones.

Hasta el 2014, el número de personas con privación de libertad era de 250, pero el año pasado, la cifra se incrementó a los 480 detenidos, es decir un 120% de aumento en presos en la órbita de policía, algo que bajó para comienzos de este año.