El estado del sistema del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) continúa generando nuevos frentes a resolver por el Ejecutivo municipal. A pesar del anuncio de la creación de un espacio integrado por el Deliberante, la empresa concesionaria y la Defensoría del Pueblo, fue esta última la que decidió hacer una aclaración pública respecto al diagnóstico que se hizo de la Intendencia  y que no contaría con el aval de los participantes.

Este jueves (5/11) la defensora Beatriz Oñate firmó un parte de prensa en el que explicó que los participantes de la reunión concretada el martes, en la que se acordó la instancia de participación en la búsqueda de soluciones a la crisis del transporte, “no compartimos el diagnóstico que esgrimen en la gacetilla de prensa, a través de la cual indican lo siguiente: ‘no es la empresa de turno la que no funcionó, sino que hay un sistema que hay que mejorar en su conjunto (...)’".

“Es importante resaltar que no hemos coincidido en esa frase comunicada públicamente por el Ejecutivo municipal”, reafirmó Oñate, no sin antes mencionar las intervenciones de la Defensoría ante las modificaciones en recorridos, frecuencias, retraso en el pago de salarios, entre otras problemáticas. Para Oñate, más allá de los aportes que se puedan realizar en la búsqueda de soluciones, es el Ejecutivo el que debe garantizar el servicio del TUP en condiciones “tal como lo estipula la Carta Orgánica Municipal en su artículo 29 inc. 15”.

A pesar del traspié en la comunicación oficial, la Defensora evaluó como “positiva” la iniciativa de convocar a reunión a todos los sectores aunque aclaró que se trata de una instancia que se venía solicitando “desde hace un largo tiempo”, por lo que reiteró que se acompañará el proceso que demandará al menos un mes en el que se sumarán todas las miradas a la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano.  

“Pero, no podemos dejar de aclarar que el texto que se envió desde el Ejecutivo local, no fue consensuado con todos los actores presentes en el encuentro. Por lo tanto, es primordial dejar en claro que, para esta Defensoría, tanto la Empresa Mi Bus como el Poder Ejecutivo local tienen grados de responsabilidad en la situación que hoy atraviesa el sistema del Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad”, añadió en otro párrafo.

Esta mañana el intendente Gustavo Gennuso dijo a Noticiero Seis que la problemática del transporte en la ciudad “sale de la empresa” y se refirió a una cuestión “estructural” que se apunta a cambiar a partir de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo.

“Los problemas cuando son tan importantes, y superan a las gestiones, son una cuestión de Estado y lo tienen que resolver todos los que tienen responsabilidad”, entendió y celebró esta nueva etapa como “un proceso que nos enseña, a todos, que los grandes problemas tienen que ser resueltos en conjunto”.

El encuentro en el que se dio el malentendido, contó con la presencia de la vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala, el subsecretario de Tránsito y Transporte Martín Trebino, el secretario de Fiscalización Javier Fibiger, el Subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana Juan del Valle; los concejales Carlos Sánchez y Puente (JSRN, Pablo Chamatrópulos (Podemos), Marcelo Casas (FdT), Gerardo Del Río (PUL) y Ariel Cárdenas (Bariloche por el Cambio). Además de la defensora del Pueblo Beatriz Oñate, representantes de la empresa y de los trabajadores a través de los delegados sindicales.