En el gobierno provincial esperan el regreso del gobernador desde EE.UU. para afinar los números de la negociación con los empresarios del transporte que amenazaron con cortar el servicio del BEG interurbano desde hoy. El costo en un sector sensible, malhumorado y voluminoso.
Por Bettina Marengo.
Hay dos cosas que nunca se van a poder tocar: el Paicor y el Boleto Educativo Gratuito. La frase se le atribuye al exgobernador Juan Schiaretti cuando, estando en funciones, analizaba los dos programas ligados a lo más sensible de la sociedad, la alimentación y la educación, uno heredado del radical Angeloz y el otro del peronista De la Sota. La semana pasada, desde Washington, Martín Llaryora vio de cerca esa certeza, cuando la Fetap amenazó con suspender desde hoy lunes el BEG en el transporte interurbano “por incumplimiento” de los aportes provinciales, justo cuando el gobernador y el intendente Daniel Passerini intentan relanzar el esquema de transporte con la novedad del sistema metropolitano y cuando una de las banderas del sanfrancisqueño son las once sedes de la Universidad Provincial que quiere lanzar en toda la provincia.
El boleto interurbano estuvo en riesgo y la situación con los empresarios se puso heavy. El corte quedó en suspenso el viernes tras intensas negociaciones entre el ministro de Justicia, Julián Lopez, el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, y el directivo de la Fetap que está en área interurbana, Gustavo Ugalde, pero el Panal no pudo evitar que durante 48 horas estallaran contra Llaryora las salas de profesores y de maestros de toda la provincia, y rebalsaran de bronca contra el gobierno provincial los grupos de whatsapp de los docentes de todos los niveles. Esto, a semanas del inicio de la elección de delegados docentes en las escuelas estatales, una contienda que parece menor pero que al gobierno le interesa porque del mapa que quede podrá inferir el estado de ánimo del voluminoso magisterio cordobés. Aunque como dijo una avezada peronista: ni en tiempos de Grahovac nosotros ganamos entre los maestros.
Tampoco alcanzó para atenuar el malestar el acuerdo que suspendió el corte. El docente capitalino, que usa el BEG interurbano para ir a dar clases a departamentos colindantes, vio en todo el proceso una “manipulación” que dejó “al medio” de un tironeo a los educadores, con la angustia de tener que pagar transporte sin subsidio, y luego de que el Gobierno le haya recordado en el recibo de sueldo que el transporte pago es parte del salario.
“Si el boleto se suspendía, no lo levantábamos más”, admitió el viernes por la tardecita, con voz agotada, una fuente al tanto de lo que sucedió en la sede de la cartera de Justicia, donde se acordó la ventana de quince días para trabajar en la “reestructuración” del esquema sin los subsidios nacionales al transporte que recortó el gobierno de Javier Milei, quien quedó a salvo de la escupidera docente.
En rigor, todos esperan a Llaryora y a su ministro de Economía, Guillermo Acosta para seguir avanzando con los números. Las cifras que da el oficialismo son abrumadoras: actualmente pone 35 mil millones para subsidiar la demanda, contados todos los boletos existentes. Tras la crisis del BEG interior, la Provincia propone un esquema más integral de “salvataje” al sistema de transporte con el futuro anuncio de un programa que incentive el corte de boleto y el uso del servicio, disminuido por el costo de los pasajes, con el 50% del costo a cargo del estado y 50% a cargo del usuario. Además, prometen una línea de créditos para que las empresas renueven unidades y adelantan algún tipo de participación en las paritarias de los choferes de Aoita, cuya conciliación obligatoria vence el miércoles. En relación específicamente al Boleto Educativo para los interurbanos, está en diálogo que la Provincia aumente el porcentaje del boleto del que se hace cargo (hoy es el 50%) pero aseguran los funcionarios que, si tuviera que pagar el 100%, debería desembolsar dos mil millones de pesos mensuales para sostenerlo. En el Presupuesto nacional 2025, que al cierre de esta nota Milei presentaba ante el Congreso, no había partidas para el transporte del interior. No está claro aún cuánto, pero mantener la máxima de Schiaretti en tiempos de Milei le va a salir más plata a las arcas provinciales, aun cuando el módico objetivo de Llaryora sea lograr previsión por lo que queda del año. El martes, Fetap, Acetap y Gobierno se vuelven a reunir.
En simultáneo, Llaryora buscó amenizar con buenas noticias desde EE.UU. Luego de una gira por Corea del Sur, Japón y Londres de la que se brindó poca información, el mandatario contó una reunión con el embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein, uno de los primeros diplomáticos designados por Milei, al que felicitó “por el gran trabajo que están llevado adelante en pos de la Argentina en Estados Unidos”. Ayer, el jefe del Ejecutivo informó la firma de un acuerdo de cooperación entre la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) y el Banco de Córdoba para impulsar proyectos de inversión en el sector privado de la provincia, especialmente a empresas vinculadas a la infraestructura, agroindustria, cambio climático, nuevas tecnologías y exportación. Antes de partir al tramo Nueva York de su gira, de donde volverá el miércoles, Llaryora le pidió a Martín Gill que tomara una licencia sin goce de sueldo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales que el dirigente de Villa María encabeza desde diciembre. Gill enfrenta una causa por violencia de género contra una ex pareja y un proceso judicial en tribunales federales de Buenos Aires por supuestas irregularidades en la obra pública durante su etapa como secretario del área en el gobierno de Alberto Fernández. En código Hacemos Unidos, , el segundo tema remite al mundo K con el que los cordobesistas no quieren ser vinculados. En este punto hay que recordar que Schiaretti está armando una propuesta de centro donde todos, menos “los kirchneristas”, son bienvenidos. La intención con la salida de Gill, que en principio no va a ser reemplazado para que quede claro que es “una licencia”, es descomprimir frente a la presión de la oposición y de los propios oficialistas, que cada vez más en on expresaban que el ahora exministro dañaba al gobierno de Llaryora y tenía que tomar por su cuenta la decisión de dar un paso al costado.
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