Son nueve ex magistrados. La indagatoria fue solicitada en diciembre pero todavía no se citó a declarar a los imputados. El fiscal pidió la prohibición para salir del país y que eventualmente se los detenga.
El fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Neuquén, señaló que los imputados “están sospechados de haber actuado –cuanto menos- en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Pese a la solicitud, todavía los ex magistrados no fueron formalmente convocados a declarar por el juez Federal de Neuquén, Luis Villanueva (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2), quien dispuso diversas medidas probatorias.
García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que, durante la última dictadura cívico-militar, esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. La conclusión surgió en base de las pruebas recogidas en el expediente de la causa caratulada como “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros”.
A su vez, señaló que en vez de intervenir para poner fin a los flagelos infligidos por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, los magistrados optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado, poniendo al aparato represivo estatal instalado en la zona al servicio de un gobierno sedicioso, impidiendo una adecuada cobertura judicial y otorgando garantía de impunidad.
También explicó que los imputados prestaron ese “servicio” interviniendo en las causas donde se ordenaron las detenciones de las víctimas, aunque desoyendo sus denuncias de haber sido “interrogadas bajo la imposición de tormentos por parte de las autoridades que ejercían el poder de hecho sobre ellas, y/o al haber rechazado los habeas corpus y amparos” -algunos de manera sistemática con costas para los familiares de las víctimas como un modo de desalentarlos en la búsqueda del paradero de ellas- o bien imprimiéndoles un trámite simplemente formal, y/o al haber archivado -por falta de compromiso y ausencia de actividad investigativa- las denuncias “instauradas por las víctimas o sus familiares en orden a los ilícitos penales de los cuales habían resultado damnificadas”.
Los ex magistrados imputados por la fiscalía son el ex juez federal de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte; el ex fiscal federal de Neuquén, Víctor Marcelo Ortiz; el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex Juez Federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; a la ex jueza de General Roca, Mirta Ebe Fava; el ex juez de General Roca, Cecilio Alfredo Pagano; el ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry; al ex Juez de San Carlos de Bariloche, Dardo Ismael Sosa, y el ex Fiscal de la misma localidad, Leopoldo Fuentes.
Pidió que lo saquen del listado
En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital.
En este contexto, el imputado Duarte se presentó al proceso para solicitar que se quite su nombre de la carátula del expediente, pedido que fue rechazado.
Duarte llegó al Poder Judicial el 8 de julio de 1976, cuando asumió como juez federal de primera instancia de Neuquén. Hasta entonces se había desempeñado, con el grado de mayor, y en la función de auditor, en el Comando de la VI Brigada, “es decir, en el mismo lugar donde ya más de un año antes se venían decidiendo, planificando y ejecutando, este tipo de delitos de lesa humanidad”, indicó el fiscal.
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