Alan sabe que a las 9 de la noche no se puede volver a salir de la celda hasta la mañana siguiente. Todavía no habla del todo claro, pero ya aprendió a pedirles a las guardias que lo dejen ir al patio en los horarios permitidos. De sus casi tres años, uno lo vivió en la cárcel de mujeres, a donde lo llevaron con su mamá de 19 años por una causa de microtráfico de drogas. 

Alan es uno de los cuatro niños que permanecen con sus madres en el penal de Villa las Rosas. Su papá también está preso hace un año, a pocos metros, en la penitenciaría de varones.

"Todos los días lo busca un primo mío para llevarlo a una guardería en su barrio y me lo trae a la salida. Quiero que vea a otros chicos, que juegue y que no esté acá todo el tiempo", dijo su mamá a El Tribuno.

Alan tiene suerte. Los otros chicos estuvieron pocas veces afuera del penal y lo más parecido al aire libre que conocen es el patio que comparten más de 90 mujeres que están privadas de la libertad en Villa las Rosas.

Lautaro va de una pared a otra del comedor de la cárcel en su triciclo mientras espera la hora del almuerzo. Con tres años, solo sale cuando tiene que ir a controles pediátricos en un centro de salud que está a pocas cuadras. 

"Cada vez que estamos en la calle, él me dice que quiere volver a la casa, que para él es la cárcel. Ya está acostumbrado a esto. Para él, es lo natural estar acá", dice su mamá, que lleva dos años detenida.

Alan, Lautaro y dos bebés de menos de un año son los únicos chicos que quedaron en la penitenciaría después de que una ley nacional permitiera que las madres de niños de hasta cinco años cumplan las condenas en sus casas, en el año 2009.

Cuatro mujeres con hijos y dos embarazadas están en el pabellón de madres, un espacio que tiene dos celdas conectadas y que llegó a alojar a unas 20 internas con sus chicos en los últimos años. 

Ahora solo están ahí las salteñas que no obtuvieron la prisión domiliciaria por cuestiones judiciales o administrativas específicas.

Entre las camas de las mujeres, sus ropas, un par de roperos y las cunas, los chicos juegan de a ratos con una pelota y algunos muñecos. 

Los niños van todas las mañanas a una salita que queda adentro de la penitenciaría, donde una maestra de educación especial trata de que atraviesen las etapas del desarrollo como cualquier otro chico.

"Tienen estimulación y juegos. Ellos reciben toda la contención que podemos darles. También tratamos de apoyar a las madres, que en general son primerizas y no tienen la ayuda de las abuelas que podrían tener afuera", dice a El TribunoYone Farfán, directora del penal de mujeres.

Fuera del espacio del jardín de infantes, los chicos conviven con las rejas, la vigilancia, los horarios rígidos, las reglas de la vida en comunidad y las emociones del encierro.

"¿De nuevo te entró lavandina en los ojos mami?", le pregunta a su mamá Alan, que está acostumbrado a que ella le responda con alguna excusa cada vez que la ve llorar.

"No sé por qué no tenemos la prisión domiciliaria. No puedo averiguar nada. El papá de mi hijo también está preso y a veces no podemos verlo", dice la madre de Alan, que entiende poco de los tiempos procesales y las decisiones de la Justicia.

De las otras mujeres que están en el pabellón de madres, una espera a que termine el trámite para obtener el permiso de estar detenida en su casa. A otra le denegaron esta autorización porque no cumplía el requisito de tener una vivienda en condiciones, para que ella y su hijo estén mejor que en la cárcel. 

A la madre que lleva más tiempo en Villa las Rosas, no la dieron el beneficio porque ya lo tuvo antes y no cumplió con las reglas de comportamiento que le habían puesto como condición.

"Es difícil ser mamá acá porque las pautas de lo que se hace y lo que no, muchas veces no las podemos poner nosotras. Tenemos que adaptarnos a las decisiones de otras personas y verlos crecer acá", dice una de las mujeres que dio a luz mientras estaba privada de su libertad.

Hasta los cinco años, los chicos que crecen en Villa las Rosas podrán seguir al lado de sus mamás presas. Después, algún familiar tendrá que hacerse cargo de ellos o el Estado decidirá dónde seguirán viviendo.

El área para los chicos está separada del resto del penal

En el pabellón de madres de la cárcel de Villa las Rosas hay cuatro mujeres con hijos de hasta tres años y dos embarazadas.Este sector está separado del resto de la unidad penitenciaria, donde conviven más de 90 detenidas entre las esperan ser juzgadas y las que ya fueron condenadas.El espacio para las mujeres con hijos está dividido en dos habitaciones conectadas, un baño y un pequeño comedor donde se comparte el almuerzo y hay un televisor que la mayor parte del tiempo sintoniza programas infantiles.En esta parte de la cárcel, funciona un jardín de infantes de la escuela 7.042 Rosa Virginia Pelletier, una organización de educación especial que también dicta clases para los presos que no terminaron la primaria o la secundaria.Con dibujos llamativos pegados en las paredes, la maestra de la guardería trata de familiarizar a los chicos con las cosas que no pueden ver tan seguido como otros niños.Flores, árboles, autos, nubes y animales, además de la música, son protagonistas en el cuarto que se acondicionó como un jardín de infantes para los chicos.Mientras los más grandes dibujan, pintan y trabajan la motricidad, los más chicos tienen ejercicios de estimulación y juegos.A pocos metros de la salita, en un pasillo, están los teléfonos públicos donde las presas de Villa las Rosas deben esperar su turno para hacer una llamada en los horarios permitidos."Los chicos tienen prioridad en todas las cuestiones de seguridad y, además, para ellos hay un menú especial", dijo a El Tribuno Yone Farfán, directora de la cárcel de mujeres.La funcionaria indicó que el permiso para que las presas cumplan las condenas afuera del penal depende de la Justicia. "Hacemos todo lo necesario para que los chicos estén bien, aunque sabemos que lo mejor sería que vivan en sus casas", sostuvo.La ley nacional 26.472, del año 2009, dice que los jueces pueden otorgar prisión domiciliaria a embarazadas y a mujeres que tengan hijos de hasta cinco años para que no crezcan encerrados.Este beneficio antes solo se aplicaba para los mayores de 70 años, discapacitados, enfermos terminales o pacientes que no pudieran tratar su problema adecuadamente adentro de una penitenciaría.Desde 2009, la mayoría de las presas con hijos que permanecían en la unidad carcelaria de Villa las Rosas obtuvieron el permiso para permanecer en sus casas con controles periódicos de la Justicia.

"Más presas por venta de drogas"

La defensora general de la provincia, María Inés Diez, dijo que aumentó la cantidad de salteñas detenidas por comercialización de drogas al menudeo desde que este delito ya no se investiga en la Justicia federal sino en la provincial."Muchas mujeres están siendo privadas de la libertad por esta causa. Existe un gran porcentaje que pertenece a una franja social y económicamente vulnerable, aunque también hay algunas que podrían tener una salida laboral porque alcanzaron un cierto nivel de formación que se los permitiría", señaló Diez a El Tribuno.En Salta, desde enero los casos de microtráfico dejaron de depender de la Justicia federal y pasaron a ser competencia de los juzgados provinciales.En lo que va del año se abrieron más de 360 causas y hubo diez condenas en Salta por este tipo de hechos, que tiene penas mínimas de cuatro años de prisión.María Inés Diez aseguró que el permiso para cumplir la sentencia afuera de la cárcel puede otorgarse a mujeres con hijos que cometieron delitos leves, que no podrían tener condenas superiores a los seis años.El beneficio podría concederse también a presas acusadas de ilícitos más graves, pero deben haber cumplido la mayor parte de la pena y haber demostrado buena conducta."En caso de que hayan sido detenidas por comercialización de drogas en sus casas, no pueden recibir la prisión domiciliaria si van a volver a la misma vivienda donde estaban vendiendo", sostuvo la defensora general.De las mujeres privadas de su libertad en Salta, más del 90 por ciento tiene defensores oficiales, que trabajan bajo la coordinación de María Inés Diez."Todas tienen derecho a una defensa que les asegurarse un proceso justo, en el que se puedan producir las pruebas necesarias para determinar su real participación en los hechos que se les imputan", manifestó la funcionaria.El 60 por ciento de las mujeres que permanecen en cárceles argentinas están acusadas o condenadas por tráfico de drogas en pequeñas cantidades según indican las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal.