Los apuros económicos ocasionados por la pandemia en cada rincón del país subieron el tono de las peleas entre economías regionales, capaces de activar feroces internas en el Frente de Todos y en Cambiemos que empezaron a complicar la agenda parlamentaria. 

Peronistas, radicales, más o menos kirchneristas o macristas olvidan sus pertenencias partidarias y colisionan en disputas territoriales que a diferencia de otras épocas más holgadas no llegan a ser solapadas en la esperanza de proyectos nacionales superadores. 

En el último mes, con escasa o nula actividad en los recintos, se cruzaron demandas comunes de patagónicos, cuyanos, azucareros y hasta una posición combativa de las provincias de la pampa húmeda como Buenos Aires, cuyo gobernador Axel Kicillof se suma a trincheras regionales que sus antecesores solían esquivar.  

"No puede ser que cualquier diputado diga tengo que votar esto o lo otro porque sino no vuelvo a mi provincia y los bonaerenses no", se quejó en una reunión en su residencia oficial con los diputados de la provincia de Buenos Aires, en febrero de 2020.

El coronavirus cambió la agenda, pero Kicillof sigue decidido a dejar huella en cada puja territorial, como la que surgió por el vencimiento de la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, tránsito del 80% de las exportaciones argentinas.

Alberto Fernández prorrogó tres meses la concesión del consorcio integrado entre Jan de Nul y la local Emepa, pero el Senado aprobó un dictamen para crear una comisión bicameral que controle el proceso licitatorio. Kicillof pide que el próximo concesionario incluya en el pliego el canal de Magdalena, que uniría la vía marítima del océano atlántico con la fluvial, sin pasar por el puerto de Uruguay. 

Esa postura fue defendida por el senador del Frente de Todos por Buenos Aires Jorge Taiana cuando se aprobó la comisión de control y su pausada oratoria no evitó la sorpresa de santafesinos, entrerrianos, entrerrianos y chaqueños, perplejos ante una potencial rebelión bonaerense de la que no hay antecedentes cercanos. 

La presión se completó esta semana con una amenaza de Juan Carlos Alderete, un histórico dirigente social del PCR y diputado del Frente Todos, que lanzó una campaña para estatizar la hidrovía con respaldo implícito de Máximo Kirchner.

Pero la pelea más fuerte entre economías regionales se dio entre provincias agrícolas y petroleras, sectores pujantes del siglo 21, que penetró en los frentes políticos y sigue sin resolverse. La activó el vencimiento de la ley de promoción de biocombustibles, promovida por Néstor Kirchner en 2006.

Caduca el 12 de mayo y el Senado aprobó en octubre por amplia mayoría una ley para extenderla por cuatro años presentada por la oficialista María de los Ángeles Sacnun, de Santa Fe, sede de las principales plantas de biodiesel. Pero el proyecto fue desechado por Máximo y el secretario del Energía Darío Martínez, ambos oriundos de provincias petroleras: Santa Cruz y Neuquén. 

Preocupado, hace un mes el senador cordobés Carlos Caserio le reclamó a Alberto Fernández sancionarla, Sacnun le brindó su respaldo en twitter, pero los diputados del Frente de Todos no les prestaron ni la más mínima atención a esos encuentros. 

El jueves pasado presentaron un proyecto de ley con menos beneficios para el biodiesel (que se produce con aceite de soja) y al bioetanol elaborado con maíz, por considerar que el alza de sus cotizaciones internacionales llega a los surtidores. Quedó a salvo el que se hace a base de azúcar, para tranquilidad de la industria tucumana. 

Córdoba este año vuelve a poner en las arcas nacionales 3.000 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias. ¡Y se nos viene a decir, por parte del lobby petrolero y de aquellos que no tienen la vergüenza de enfrentarlo, que su industria subsidia los biocombustibles! ¿No será exactamente al revés?  

La nueva ley fue presentada entre otros por el rosarino Marcos Cleri, quien se diferenció de su coterránea Sacnun y denunció maniobras de evasión de las aceiteras, que monopolizan las exportaciones de biodiesel y habían festejado la prórroga aprobada por colegas de su partido. 

El plan original de Máximo y Martínez era crear una empresa en YPF encargada de intermediar en la comercialización, pero fue descartado para evitar una rebelión chacarera como aquella por la fallida estatización de la cerealera Vicentin. 

De todos modos, los grandes jugadores del mercado de biocombustibles consideraron que la regulación del precio por la secretaría de Energía es casi lo mismo y anunciaron que están dispuestos a resistir. 

El lobby cerealero y petrolero chocó de frente el 25 de marzo en el recinto de Diputados, cuando los cordobeses Mario Negri (jefe de Cambiemos) y Carlos Gutiérrez (titular del bloque del gobernador Juan Schiaretti) pidieron una sesión para sancionar la prórroga de la promoción de biocombustibles y quedaron lejísimos del quórum.

Faltó el oficialismo y los cambiemistas patagónicos, donde se hacen sentir las empresas petroleras, cansadas de mirar desde afuera el millonario negocio de los biocombustibles, con exenciones impositivas que incluso son sostenidas en el proyectos de los diputados. El schiaretttista Gutiérrez las enfrentó en el recinto, vía zoom.

"Reconocemos el derecho constitucional de las regalías, pero Córdoba este año vuelve a poner en las arcas nacionales 3.000 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias. ¡Y se nos viene a decir, por parte del lobby petrolero y de aquellos que no tienen la vergüenza de enfrentarlo, que su industria subsidia los biocombustibles! ¿No será exactamente al revés?", acusó.

Las regalías son el pago que reciben las provincias por los recursos que están en su subsuelo, como petróleo, gas y los minerales. Y tal como recordó Gutiérrez, las provincias agropecuarias no perciben retribuciones directas por las riquezas de sus suelos que engrosan las reservas del Banco Central y en épocas de vacas flacas empezaron a desparramar su bronca.

Por caso, Kicillof ya anunció que quiere una parte de la renta hidrocarburíferas si el petróleo se refina en plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Regalías será un término utilizado cuando el presidente envíe sus prometidas leyes de promoción al litio, uno de los minerales más demandados del mundo por su uso en baterías.

Argentina, Brasil y Chile reúnen el 85% de las reservas mundiales y las concentra Salta, Catamarca y Jujuy, cuyo gobernador, el radical Gerardo Morales, empezó a negociar con el titular de YPF Pablo González la creación de una empresa de bandera dedicada a explotar e industrializar el litio. Pero aclaró que la propiedad del recurso será de cada provincia y lo habló con sus pares peronistas Gustavo Sáenz y Raúl Jail.

Por si fuera poco, a este panorama de peleas de trincheras se le acumulan a Alberto vencimientos de leyes promocionales como la de biocombustibles y la ovina, aprobada en 2001 por 10 años y prorrogada por el mismo período en 2011. Empezó con un aporte de 20 millones de pesos y siguió con 80, en ambos casos equivalente a 20 millones de dólares de cada año. Si antes de septiembre no hay otra ley ese subsidio no seguirá en el presupuesto.

Los patagónicos de Cambiemos reclaman a los cuatro vientos, pero también se plantó fue el diputado rionegrino Luis Di Giácomo, miembro del partido local que gobierna su provincia y aliado clave del oficialismo en las leyes más importantes. Presentó un proyecto para extenderlo 15 años por 1500 millones de pesos anuales y está decidido a declararse en rebeldía si no hay señales favorables.

Una promoción que le vence a Alberto en 2023 es la industrial en Tierra del Fuego, que permitió consolidar  el ensamble del electrodomésticos, que si bien evita importar productos terminados suele alterar a los Gobiernos por su elevado costo fiscal. 

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas visitó las plantas de Río Grande y los medios locales entendieron que hubo un compromiso de prorrogar los beneficios fiscales por un buen tiempo. Lo necesitan cuanto antes, para garantizar inversiones que están a la espera de mayor previsibilidad. 

En Diputados sigue sin definiciones la ley de etiquetado frontal, que consiste en obligar a colocar en los alimentos una etiqueta del 5% de su superficie con el detalle de sus nutrientes críticos,, para de ese modo desalentar su consumo. El Senado lo aprobó con el rechazo de las senadoras tucumanas del Frente de Todos y Cambiemos (Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez), molestas por el impacto en la industria azucarera local.

En la Cámara baja la resistencia llegó desde la Cancillería: el secretario de políticas económicas internacionales Jorge Neme advirtió que la ley podría complicar las exportaciones de alimentos al Mercosur, que generan 1500 millones de dólares anuales. Las diputadas oficialistas a cargo el debate se desentendieron, siguieron con el tratamiento de la ley pero por nunca se firmó dictamen y el tiempo abrió grietas en cada bloque. 

Las asociaciones de pymes lograron hacerse sentir para que al menos se extienda de uno a dos años el plazo de adaptación a las nuevas condiciones; y algunos sectores, como el lácteo, gestionan excepciones con los diputados cercanos a sus plantas. Estarían cerca de lograrlas. 

Como explicó LPO, el etiquetado es promocionado por legisladores mendocinos de todas las fuerzas políticas, interesados en sustituir el azúcar por variedades de uvas cuyanas. El martes, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti se reunió con Sergio Massa y el gobernador de San Juan Sergio Uñac para gestionar la sanción del régimen jubilatorio para los trabajadores viñateros. 

Podría ser un canje para dejar avanzar la ley de alcohol cero al volante, promovida por Facundo Moyano y resistida por las provincias viñateras. En este clima de riñas regionales, Fernández Sagasti no pudo evitar un duro cruce con su compañera Norma Durango, de La Pampa, por la pelea del río Atuel, que en su provincia acusan a los mendocinos de vaciar. 

 Durango pidió incluir el debate de ese curso en los planes de educación ambiental que empezarán a implementarse por ley. "Creo que el comentario fue desubicado", la cruzó su compañera, quien ya supo pelearse con el presidente en la disputa por la obra por la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, también resistida por los pampeanos. Demasiado difícil de conciliar para Alberto, en tiempos en que las riñas entre provincias tomaron un volumen inédito.