Los reclamos hacia el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, han aumentado en el último tiempo debido a los cambios que pretende impulsar en el Tribunal de Cuentas provincial. La presión de las organizaciones internacionales creció notablemente.

Desde la Asociación de Entidades de Organismos de Contralor del Mercosur y el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas ya habían expresado su fuerte rechazo, teniendo en cuenta que se teme por el futuro de las entidades del control, es decir, que las mismas instituciones dejen de tener autonomía para auditar las cuentas públicas.

Al respecto, uno de los datos que más llamó la atención fue la propuesta del gobernador santacruceño para modificar los cargos en el Tribunal provincial, cuyo objetivo del mandatario provincial es que los miembros sean designados por el Poder Ejecutivo. Para esto, deberán tener el respaldo de la Cámara de Diputados y uno de los vocales será propuesto por la primera minoría.

Asimismo, otro de los datos que generó una señal de alarma fue que se conoció que el gobierno de Santa Cruz propuso a la actual secretaria de Legal y Técnica, Gabriela Castro, como presidenta del Tribunal de Cuentas.

La primera parte de la declaración que emitió la Asociación de Entidades de Organismos de Contralor del Mercosur

Esto lo hizo a través de una nota enviada a Diputados, donde desde el Ejecutivo se solicitó un acuerdo para designarla en el cargo: “En ejercicio de la Primera Magistratura de la Provincia de Santa Cruz y en virtud de las previsiones contenidas en los artículos 119 inc. 6), 123 de nuestra Constitución Provincial, y artículos 3º y 5º de la Ley Provincial 500 y modificatoria, a los fines de proponer para la designación en el cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a la abogada Gabriela Analía Castro solicitando en consecuencia el correspondiente acuerdo por parte de ese Alto Cuerpo Legislativo”.

Los cuestionamientos apuntan a que la actual secretaria de Legal y Técnica de la provincia de Santa Cruz fue designada en su cargo a través del decreto 14/2023, que contó con las firmas del gobernador Claudio Vidal y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

El vicegobernador Fabián Leguizamón, confirmó en medios locales que la cuñada de un ministro fue propuesta por el gobernador para presidir el Tribunal de Cuentas, organismo que debe controlar al propio gobierno provincial. El titular del Poder Legislativo corroboró lo que indicaba la prensa: la abogada Gabriela Analía Castro es cuñada del ministro de Gobierno.

En el mismo sentido, se informaron detalles sobre el currículum de Castro que generaron serias dudas al respecto, ya que no contaría con los créditos suficientes para ocupar un lugar de tamaña relevancia. Estos datos fueron enviados a las Comisiones de la Legislatura para discutir sus antecedentes y capacidades intelectuales.

La segunda parte de la declaración que emitió la Asociación de Entidades de Organismos de Contralor del Mercosur

Las internas

El conflicto tuvo un nuevo capítulo cuando se anunció la salida de Carlos Ramos, quien era el presidente del Tribunal y ocupaba el cargo desde 2011. Por el momento su lugar sigue vacante. Luego del encuentro con el gobernador Vidal, el ahora ex titular del Tribunal de Cuentas provincial comunicó a través de un escrito que su decisión era de carácter “indeclinable”. Además, agregó que desempeñó su cargo “con absoluta honradez”.

Por su parte, el mandatario santacruceño resaltó que se trató “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos”. “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”, enfatizó.

Lo que llamó poderosamente la atención fue que, en la Legislatura, está en curso el proceso de juicio político contra él y las vocales Romina Gaitán y Matilde Morales, nombradas en la gestión de Alicia Kirchner. En cambio, Ramos fue nombrado por el entonces gobernador Daniel Peralta.

Claudio Vidal había tenido una reunión determinante con Carlos Ramos antes de su renuncia

A su vez, el vicegobernador Fabián Leguizamón denunció a Carlos Javier Ramos porque, según dijo, la falta de control al frente del Tribunal “posibilitó el robo” del kirchnerismo. “Ramos prefirió renunciar antes que ser sometido a un juicio político”, aseguró Leguizamón.

Sin embargo, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas rechazó la actitud del vicegobernador de Vidal, recordando que los únicos funcionarios enjuiciables a través del juicio político son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

La oposición señaló que la gestión de Claudio Vidal estuvo anticipando su jugada de manera mediática, con la amenaza latente de realizar auditorías y denuncias a los representantes del Tribunal de Cuentas. Luego, la estrategia oficialista pasó a ser la presión hacia Carlos Ramos.

Desde el kirchnerismo sospechan que todas estas decisiones son una “pantalla” para remover a quienes llegaron al Tribunal durante la gestión de Alicia Kirchner. Además, acusaron al gobernador Vidal por incorporar a su gobierno a muchos dirigentes cercanos al ex gobernador Daniel Peralta.