Por Luciana Bertoia

Pese a tener el aval del Senado, la jueza Ana María Figueroa sigue sin ser repuesta en su cargo. La Cámara Federal de Casación Penal –que ella presidió hasta agosto– se reunió este jueves, pero sus integrantes ni mencionaron la situación de la camarista. La paz armada de los tribunales no tiene su correlato en el Consejo de la Magistratura, donde los referentes del oficialismo, a través de un comunicado, arremetieron contra la Corte Suprema por haber declarado cesante a Figueroa mientras su pliego estaba bajo estudio de la Cámara alta.

Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto. La Constitución establece que los jueces y las juezas deben retirarse a esa edad. Pueden permanecer solo si el Senado les da un aval por otros cinco años. Ése fue el caso de Figueroa, quien el año pasado adelantó que pretendía continuar ejerciendo la magistratura. El presidente Alberto Fernández mandó su pliego al Senado. Ella defendió su permanencia ante la Comisión de Acuerdos, pero el trámite se demoró en la Cámara alta porque el oficialismo no lograba reunir los votos necesarios.

Antes de su cumpleaños, Figueroa avisó en la Casación que iba a quedarse pero que no iba a firmar fallos hasta que el Senado la ratificara. Un grupo de sus colegas, ni lerdos ni perezosos, le notificaron a la Corte Suprema que la jueza había llegado a los 75 años. Los cuatro supremos, a través de una resolución administrativa, la declararon cesante. Sin embargo, la semana pasada, finalmente el Senado votó su continuidad y el Presidente la refrendó a través de la publicación en el Boletín Oficial.

Hasta ahora todo es una guerra de posiciones. Nadie quiere dar un paso en falso. El bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura fue el que levantó la cabeza. “Resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público”, señalaron en una declaración los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, el abogado Héctor Recalde y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

Los representantes del oficialismo salieron al cruce después de que trascendiera que en el plenario del miércoles se había aprobado una resolución que declaraba en un concurso que Figueroa ya no era docente magistrada –lo que parecía contradecir la estrategia del Gobierno de que la jueza vuelva a ocupar su lugar en el máximo tribunal penal–. Desde el FdT remarcaron que la situación de Figueroa recién se tratará en la próxima reunión de la Comisión de Selección.

“Hoy ratificamos que Figueroa no es más jueza”, había tuiteado la consejera Jimena de la Torre, que fue la número dos de la AFIP durante la gestión de Mauricio Macri. La ONG que de la Torre presidió hasta su llegada al Consejo de la Magistratura, Bases Republicanas, denunció a Cristina Fernández de Kirchner por la aprobación del pliego de Figueroa. No es la primera vez que Bases apunta contra la vicepresidenta: se presentó para ser tenida como querellante en la causa conocida como “Ruta del dinero K” para mantener ese expediente a flote cuando el fiscal Guillermo Marijuán dijo que, después de diez años, no había encontrado elementos para sostener la acusación contra CFK. En el Consejo, De la Torre es la más activa para forzar la vacante de Figueroa.

En Casación, los jueces volvieron a verse las caras este jueves. Si bien la situación de la camarista es el tema que divide las aguas en el tribunal, nadie la evocó. Entre las autoridades de la Casación y Figueroa no hubo comunicaciones para ver si la jueza se reincorpora, y cómo sería.

En el plenario se abordó un único tema: una subrogancia. En la Sala III de la Casación hay tres espacios vacíos: los que dejaron Liliana Catucci y Eduardo Riggi –que se jubilaron– y Juan Carlos Gemignani, que tomó licencia durante un año para realizar estudios. Allí subrogan, por el momento, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos. Estaba, también, Daniel Petrone, pero se le venció la subrogancia. Su lugar será ocupado ahora por Javier Carbajo.

Si bien todos destacaron que hubo buen clima durante el encuentro, dos de los camaristas –Slokar y Ángela Ledesma– objetaron que Hornos y Carbajo estén juntos en la Sala IV y en la Sala III, porque eso hace que un 50 por ciento de los expedientes que estén en el tribunal pasen por sus manos.

Todas las salas de la Casación tienen temas sensibles. En la Sala IV está, por ejemplo, la revisión de la condena de CFK en el juicio de la obra pública. La Sala I –donde debería reintegrarse Figueroa– debe decidir si concede los recursos de la defensa de la vicepresidenta contra la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. En la Sala II ya está vencido el plazo para que los jueces se expidan sobre la situación de Macri en el expediente sobre el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. En la Sala III –con su nueva integración– hay otra causa que le preocupa al expresidente: la de las presiones a los dueños del Grupo Indalo –propietario de C5N–, en la que está prófugo su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.