“Hay que recordar la frase de Pichetto cuando se debatió el DNU. Ahí lo dijo claro: los discursos son de la oposición, las votaciones del oficialismo”. La frase la dejó trascender un experimentado observador de la política local, incrédulo ante el escenario que ofrecía la última sesión del Concejo Deliberante.

La mala praxis política del oficialismo quedó en evidencia y alimentó algunos cuestionamientos internos, cuando sobre la marcha y tras un cuarto intermedio debieron habilitar el micrófono para que el Sindicato de Trabajadores Municipales se exprese sobre la licitación del Estacionamiento Medido, como así también con la revisión sobre la hora del proyecto que cerraba el listado de 12 deportistas marplatenses a homenajear, sin hacer partícipe a referentes del área como el Círculo de Periodistas Deportivos y dejando afuera a glorias como Inés Arrondo y Claudia Rodríguez, lo que alimentó suspicacias políticas.

La semana legislativa culminó anticipadamente el jueves con una sesión donde florecieron las tensiones que se fueron acumulando en los últimos días. La voz más fuerte fue la de la concejala Eva Ayala, quien apeló a una cuestión de privilegio para denunciar “arbitrariedades administrativas”, bloqueadas por el oficialismo, que contó con el apoyo de los libertarios.

El miércoles se conoció que el gobierno no enviará funcionarios a discutir presencialmente la Rendición de Cuentas 2023, sino que el debate se limitará a un intercambio epistolar con los concejales. “Entiendo que quizás no puedan venir porque es difícil dar esas explicaciones”, chicaneó Mariana Cuesta (UP), en referencia al déficit de 9,5 mil millones.

Horas antes había comenzado a escalar la tensión en la Comisión de Salud, donde se le denegó la voz a vecinos de Serena que quisieron exponer sobre la situación del Caps de ese barrio. La continuidad se vio el jueves en la sesión, cuando se registró al doble la negativa a la Banca 25. “Están haciendo el peor ejercicio posible de la mayoría automática, no permiten que se digan cosas que no les gustan”, le profirió concejal opositor a Sánchez Herrero en medio de los gritos de la barra.

En la Comisión de Salud también habían florecido reclamos opositores por las trabas que registran diversos expedientes ante la falta de respuestas del Ejecutivo. En plena sesión, Ayala le puso números a las dilaciones: “en lo que va del año ya son 168 los pedidos de informe sin respuestas”. Además, contabilizó que llegan a 400 las comunicaciones sancionadas por el Concejo desde 2019 que aún no fueron respondidas por el Ejecutivo.

Sänchez Herrero debió convocar a un cuarto intermedio para garantizar la continuidad de la sesión.

Martinelli, con más atribuciones

Tras conocerse la decisión del intendente Guillermo Montenegro de no actualizar las tasas y derechos para los períodos 5 y 6, el jefe comunal resolvió que los futuros aumentos ya no estén a su cargo, sino que desde ahora quedarán bajo la responsabilidad del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli.

El Decreto 906/24 viene a empoderar al que ya se destaca como el funcionario más relevante, por la cantidad de áreas a su cargo, donde además de las cuestiones legales y de economía, también tiene bajo su órbita a Transporte. De hecho, en la última conferencia de prensa el propio Martinelli fue el encargado de informar que sigue en pie la idea de presentar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones para licitar el transporte urbano.

El decreto de Montenegro transfiere al abogado y contador público la función de “determinar y aplicar sucesivas actualizaciones sobre los valores, coeficientes e importantes establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente”, siempre teniendo como techo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, tal como lo establece el paquete presupuestario aprobado a comienzos de año por el Concejo Deliberante.

Así entonces, los posibles aumentos a partir del periodo 7 (julio) ya no se conocerán por un decreto de Montenegro, sino a través de una resolución de Legal, Técnica y Hacienda.

Martinelli, cada vez más determinante dentro del gabinete de Montenegro.

Un partido vecinal menos en General Pueyrredon

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió la caducidad de la agrupación municipal “Mar del Plata Puerto y Región”, por lo que General Pueyrredon pasó de tener cinco a cuatro partidos políticos vecinales.

El organismo presidido por el juez de la Suprema Corte, Sergio Torres, dio a conocer la decisión el jueves a través de una resolución donde destacó que la agrupación que estaba referenciada con el dirigente Daniel Sosa quedó encuadrada en la causal de caducidad por no haber participado en las dos últimas elecciones de 2021 y 2023, pese a que el año pasado se había informado que la agrupación era parte del frente Unión por la Patria a nivel local.

La caducidad implica la cancelación de la inscripción del partido en el registro provincial y la pérdida de personería política, por lo que ya no podrá participar de las elecciones, al menos bajo esa denominación.

De esta forma, a nivel distrital quedan en pie cuatro agrupaciones municipales o partidos vecinalistas. El más relevante es Acción Marplatense (AM), dos veces a cargo de la intendencia con Gustavo Pulti (2007-2015) y con actual representación en el Concejo Deliberante; Crear Mar del Plata, la pata local de La Libertad Avanza y que también tiene dos concejales; Creciendo Juntos del exconcejal Nicolás Lauría; y Agrupación Municipal Enlace, que en 2023 integró Encuentro Marplatense, el frente local entre Unión por la Patria y AM.

La Junta Electoral redujo de cinco a cuatro los partidos vecinalistas.