A nivel mundial, la basura electrónica representa el 5 por ciento del total de desechos industriales, y gran parte de este volumen se debe al mayor uso de dispositivos como celulares, computadoras y electrodomésticos, así como su fabricación dirigida para tener una reducida vida útil, destaca un el documento del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República.

Por un lado, estos productos se han hecho más accesibles, pero también existe la llamada obsolescencia programada, la cual refiere a diseñar productos para que se rompan rápido o no funcionen en el corto o mediano plazo, se refiere en el documento "Basura tecnológica y consumo sustentable".

En México no existe una legislación para hacer frente a esto.

"La idea detrás (de la obsolescencia programada) es fomentar las ventas. Esta estrategia es responsable, en buena medida, de la creciente producción de desechos electrónicos, ya que tradicionalmente los consumidores no pueden reparar o reponer piezas de sus aparatos", se expone en el informe.

El Centro Gilberto Bosques refirió que, en 2018, la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) sancionó con 10 millones y 5 millones de euros a Apple y Samsung por prácticas comerciales injustas.

"(La AGCM) señaló que ambas empresas llevaron a cabo acciones para obligar a los consumidores a descargar algunas actualizaciones en sus teléfonos móviles que redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por productos más recientes".

Durante 2021 se acumularon más de 57.4 millones de toneladas de desechos electrónicos en el mundo y menos de 20 por ciento se recicló, de los cuales la mitad correspondía a grandes electrodomésticos y equipos de calefacción y refrigeración.

Para regular y promover el consumo duradero y sustentable existen vías como la economía circular, que los consumidores puedan reparar sus aparatos electrónicos donde así lo deseen y la penalización de la obsolescencia programada, destaca el documento.

El pasado 26 de abril, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentaron un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Consumidor con el fin de combatir y erradicar la obsolescencia programada.