Como se ha venido informando desde el bloque Frepam se viene impulsando esa propuesta, que incluso mereció hace algunos días una reunión muy interesante en la Sala del Pensamiento, con la presencia del diputado de la provincia de Córdoba Santiago Clavijo. Este se refirió a la importancia que el Estado y las cooperativas avancen en emprendimientos conjuntos en cuestiones tales como comunicaciones.

Ayer los diputados abordaron el proyecto de Claudia Giorgis, y le dieron el visto bueno a la creación en el ámbito legislativo de una comisión ad hoc, que tendrá como objetivo la elaboración de un anteproyecto de ley para que se conforme una empresa cooperativa de telefonía celular con participación estatal en nuestra provincia.

En principio se consultará a distintos sectores para ir dando forma al anteproyecto, y también interesar al gobierno provincial.

Además la comisión que preside Carmen Bertone (PJ), aprobó un convenio entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y el Ministerio de la Producción. Se trata de un aporte a la provincia, no reintegrable, por poco más de 18 millones de pesos; y otra suma de más de 5 millones.

Adelantos a peritos.

Por unanimidad se aconsejó aprobar un agregado al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que permitirá en el futuro que los profesionales que se desempeñen como peritos tenga derecho a percibir un adelanto de honorarios a cargo de la parte que lo propuso, excepto que goce o esté tramitando el beneficio de litigar sin gastos.

El proyecto se aprobó en razón que "es común" percibir el desinterés de profesionales de distintas actividades -contadores, ingenieros, etc.- de anotarse para peritos, en razón que cobran sus honorarios tarde y mal.

La iniciativa legislativa señal que debiera ser el Superior Tribunal de Justicia, quien determine reglamentariamente los montos correspondientes. El adelanto será deducido de los honorarios que le correspondan percibir en virtud de la futura regulación judicial. Dicen que "es muy común ver el desinterés de diferentes profesionales de la salud, de contadores, de ingenieros, etc. en la aceptación del cargo luego de ser desinsaculados para tal función, precisamente por la incertidumbre temporal del cobro de sus honorarios".

Se emitió despacho para un proyecto de ley de Patricia Lavín (PJ) por el que se establece un sistema de denominación para los establecimientos públicos provinciales. La pretensión es que los nombres elegidos por la comunidad sean de personas meritorias de la sociedad.

También en forma unánime se aconsejó aprobar dos declaraciones de interés legislativo, al libro "Historias para no olvidar, la voz de las víctimas de la Subzona 14´, editado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia; y también del programa radial "20 y 20 Nacionales", que lleva muchos años en radio.

Habilitan concursos para cargos judiciales

El Frepam se manifestó en contra de prorrogar por dos años la vigencia de la ley provincial 2661 -suspende la aplicación del artículo sexto de la ley 2574-, por lo que los funcionarios judiciales podrán concursar por distintos cargos sin tener que permanecer tres años en ellos.

Por su parte los diputados justicialistas, en la comisión de Asuntos Constitucionales, explicaron que consideran pertinente prorrogar la norma porque en la justicia hay planteos referidos a la posible inconstitucionalidad de aquel artículo.

Mencionaron que en su momento la presentación de recursos de amparo produjo el dictado de medidas cautelares que dispusieron la suspensión de concursos para cargos en el Poder Judicial, lo que "prácticamente paralizó el Consejo de la Magistratura por un largo período".

Mariano Fernández (PJ) sostuvo que eso impedía la normalización de la administración de justicia, máxime considerando que se necesitaban designaciones para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Provincial.

Demoliciones urbanas.

La comisión emitió despacho unánime aprobando el proyecto de ley por la que se deroga la ley de Demoliciones en Plantas Urbanas.

Se indica que resulta inaplicable en orden a las atribuciones y prerrogativas establecidas por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 1597 Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, a favor de dichos entes.

Martín Berhongaray (Frepam), autor de la iniciativa dijo que "la ley a derogar fue sancionada en 1953, por la entonces llamada Cámara de Representantes de la Provincia Eva Perón, cuando se pensaba entonces en la necesidad de preservar las construcciones urbanas existentes en función de la perspectiva de la función social que cumplían fundamentalmente en lo referido a su utilidad para satisfacer la demanda de soluciones habitacionales del momento".

"La prohibición de demoler alcanza a toda edificación en planta urbana que se halle en condiciones de satisfacer una función social, pero el paso del tiempo consolidó una interpretación amplia de esta condición que actualmente abarca a los inmuebles particulares y parece poco razonable pretender seguir sosteniendo esta exigencia respecto de viviendas construidas hace muchos años".

El legislador también se refirió a "los altos costos que tiene la construcción actualmente y la escasa posibilidad de acceso a créditos en condiciones favorables para quienes deciden afrontar la empresa de mejorar su vivienda por su propia cuenta".