El Ministerio de Seguridad de la provincia presentará públicamente la próxima semana el nuevo régimen disciplinario para la policía santafesina, lo que el gobernador Antonio Bonfatti anunció tras presidir en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el acto de asunción de los nuevos jefes regionales de la institución. Se trata de la reglamentación de la ley 12.521 de Personal Policial que se sancionó en 2006 pero que sólo había sido reglamentada de manera parcial.    Ayer el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, explicó que el nuevo sistema establecerá de manera más precisa qué tipo de sanciones deberán aplicarse a los uniformados según la falta en la que incurran. “La Ley 12.521 establecía un régimen genérico de sanciones leves o graves. Pero nos parecía que esto había que desagregarlo; establecer cuáles eran las condiciones para una sanción leve o para una grave, y determinar cuáles son las tipicidades que están dentro de lo que estable la ley”, comentó el funcionario. Proceso oral. Para el ministro, “el aspecto más significativo del nuevo régimen disciplinario pasa por una diferenciación en el procedimiento que se seguirá para la aplicación de las sanciones, según la gravedad de la falta”. Y en ese sentido explicó que “se plantearán dos tipos de sanciones: aquellas que son de aplicación directa centralmente cuando son faltas leves, y aquellas vinculadas a faltas graves y que exigen un procedimiento muy especial”. Para estas últimas, dijo Lamberto, se creará un Tribunal de Conducta Policial.    “Este Tribunal tendrá parámetros de tratamiento muy similares a los que hoy se aplican en el proceso de base acusatoria del sistema oral. Esto quiere decir que habrá una parte que imputa desde la propia policía, un defensor del imputado y un juez que deberá resolver. Y todo va a funcionar en el marco de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad”, que conduce el ex titular del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio.    Asimismo el ministro explicó que el Tribunal tendrá un coordinador general designado por el Poder Ejecutivo, que será responsable de la parte operativa; una Oficina de Gestión Judicial integrada por policías y responsable de la logística del procedimiento; un cuerpo de jueces (dos miembros de la fuerza activos o retirados y un representante del gobierno, todos abogados); un cuerpo de fiscales (abogados y pertenecientes a la fuerza); y un cuerpo de defensores.    Lamberto recordó que actualmente la evaluación de la conducta policial ante una falta determinada se realiza “mediante sumarios y sobre la base de expedientes que son escritos y que se procesan desde el Departamento Judiciales de la propia policía. Con el nuevo sistema pasaremos las tramitaciones a un área de la Secretaría de Control e intentaremos que el proceso sea oral y actuado, como en el actual sistema procesal penal”.    A su turno, Del Vecchio señaló como uno de los principios centrales de la reglamentación que en el caso de las sanciones graves “la investigación administrativa se desarrollará por un carril separado e independiente al de la vía penal”, y apuntó que “si la sanción administrativa se conoce antes que la penal, la misma será sólo provisoria y a la espera de la sentencia penal definitiva”.