Cerca del 80 por ciento de los costos de las empresas distribuidoras de energía no son controlables. La Dpec no escapa de esta situación a lo que se suman multas por pérdidas técnicas y el deterioro de materiales para la prestación del servicio, según versa el proyecto de Creación del Fondo de Infraestructura Eléctrica impulsado por el Gobierno provincial.

La intención de esta iniciativa es poner en marcha obras que por propia caja sería difícil de traccionar en una provincia donde predominan los cortes de luz y que mantiene sus aspiraciones de industrialización. La norma ingresó en “sesiones extraordinarias” en diciembre. Fue girada a comisión en el Senado con una polémica en puerta, y se espera que los legisladores retomen su estudio en ordinarias.

La propuesta está latente en medio de negociaciones provinciales con el Gobierno nacional para obras eléctricas, y ante el advenimiento del periodo estival que habitualmente desnuda la falta de inversión en el sector. Además, se entrelaza con análisis que realizan las distribuidoras del NEA de readecuación tarifaria con un anuncio de quita de subsidios o modificación de éstos como telón de fondo. 

La iniciativa, no obstante, reviste un cuestionamiento por parte de la oposición, y es que “resguarda un aumento encubierto”. En su artículo 6 el proyecto establece que los recursos se obtendrán a través de cargos en la facturación que pueden ser fijos o variables. Para el caso de las cuotas fijas estás serán de dos a seis unidades de medida (con excepción de los usuarios con tarifa social), según la segmentación que establezca la comisión administradora del fondo que estará integrada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Energía de Corrientes, la Dpec.

Estas unidades de medidas serán equivalentes al precio del litro de gasoil grado dos que comercializa YPF en surtidor y que actualmente cuesta 14,85 pesos. Serán recaudadas anualmente por la comisión.

El cargo variable se corresponderá con el 3 por ciento aplicable sobre la facturación total neta de impuestos por el consumo de energía eléctrica para los usuarios no comprendidos en la tarifa social. Por estas cuotas, desde el FPV señalaron que se trata de un aumento de la tarifa de luz. Vale recordar que la Dpec tiene distintas segmentaciones de pequeñas demandas. Las residenciales son cinco (Ver recuadro). En este grupo se puede señalar que el consumo promedio tiene un costo fijo de 143 pesos a lo que se sumarían los cargos variables y fijos correspondientes al fondo.

El proyecto, por su parte, menciona antecedentes en ese sentido como el Fondo de Desarrollo Rural para la construcción de obras en la sección rural. “Este cargo no constituye una readecuación tarifaria con relación directa con la estructura de costos de la Dpec en la prestación de los servicios de distribución, sino una contribución que financia la realización y mantenimiento de obras de infraestructura”, aclara el borrador. 

Financiamiento

Los cargos son una forma de nutrir el fondo. Una segunda manera de financiamiento son los intereses por mora el pago de los cargos; una tercera, el recupero de las aplicaciones reintegrables del Fondo de Infraestructura Eléctrica. 

También se prevén aportes del Tesoro Provincial y regalías de la Provincia por el aprovechamiento de recursos hídricos por el término de tres años. Las empresas distribuidoras y los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista serán los recaudadores, quienes depositarán en una cuenta del Banco de Corrientes para su administración. Estas cuotas estarán explícitas en las facturas que se emitan a los usuarios de manera separada.