La “falta de rentabilidad” para los prestadores de servicios públicos y la necesidad de “normalización” de precios y tarifas, es el argumento central que esgrimió el gobierno para impulsar el megatarifazo, única vía para evitar “una catástrofe” para el año próximo si no se corregían urgentemente las retribuciones a las concesionarias, según se dijo. Sin embargo, un exhaustivo estudio realizado por expertos a pedido de Página/12 sobre los balances de las empresas concesionarias del sector gasífero, deja en claro aspectos que desarticulan la argumentación oficial. Y explican, en buena medida, por qué el gobierno se resiste a abrir la información sobre los costos de producción, transporte y distribución del gas. Bajo la modalidad de los contratos de asistencia técnica con los propios accionistas de las concesionarias, se giró utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras los balances que se presentaban en el país declaraban quebrantos. Se justificó, así, la “imposibilidad” de invertir y el reclamo de mayores tarifas o transferencias del Estado. Y ahora, para el gobierno, como argumento para sostener el tarifazo.

Según el estudio realizado por auditores con marcado prestigio en la industria, sólo en el caso de las dos transportistas de gas, TGN y TGS, se comprueban pagos por supuestos honorarios de asistencia técnica a sus propios accionistas por 63,2 millones de dólares en el primer caso, y 225,1 millones de dólares en el segundo, entre los años 1998 y 2015. De los primeros años de la concesión, de 1992 a 1997, no se pudo verificar la información, porque las concesionarias no estaban aún obligadas a presentar balance a la Bolsa de Comercio, pero se supone que es el período en el que las empresas obtuvieron su mejor resultado. Los especialistas estiman que las transferencias por el mismo mecanismo podrían haber ascendido, en esos años, a unos 40 millones de dólares para TGN y 135 millones en el caso de TGS, sumando en los 24 años de concesión más de 460 millones de dólares entre ambas empresas. En los balances, dichas salidas figuraron como “gastos operativos” deducibles de impuestos, y no como remisión de utilidades a las casas matrices de los accionistas. Una forma de eludir el pago de impuestos pero, además, justificar la no realización de inversiones.

Esta práctica, se sospecha con fundamentos, no sólo se aplicó al segmento del transporte sino que se reiteró en los otros eslabones de la cadena. Manteniendo esos números en las sombras, Aranguren marcha a la Audiencia Pública del próximo viernes enarbolando un tarifazo del 235 por ciento para el gas, y sólo como un primer paso de una recomposición que pretende continuar hasta octubre de 2019.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, pretendió cerrar la discusión en forma tajante: el gobierno no entregará información sobre los costos de la producción, transporte y distribución de gas antes de la Audiencia Pública del viernes 16, ni considera que tenga obligación de hacerlo. Sus dichos no sólo contradicen el reclamo de transparencia de las organizaciones de usuarios y consumidores, sino que también parecen ir en contra de lo establecido por la Corte Suprema en el fallo en el que ordenó hacer la audiencia pública antes de fijar un nuevo cuadro tarifario, y permitir que los usuarios pudieran acceder a la información sobre el aumento en cada uno de los segmentos: producción (gas en boca de pozo), transporte y distribución.

Según los especialistas en auditoría contable consultados por Página/12, del análisis de los balances de las empresas gasíferas surge, “como una primera curiosidad”, que las concesionarias computen como pagos a beneficiarios del exterior, por cifras significativas, “honorarios por asesoramiento técnico” en favor de las propias empresas accionistas.

Señalan los expertos que “los concesionarios lograron la adjudicación del servicio mediante una licitación pública nacional e internacional, como consecuencia del respaldo técnico y capacidad patrimonial, sus antecedentes y experiencia técnica demostrada en la realización de la tarea, cuya comprobación fue jurídicamente exigida; resulta extraño que, pesar de ello, de manera sistemática y desde el mismo momento de inicio de la concesión, contraten servicios de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y gerenciamiento, entre otros, con los propios accionistas que intervinieron en la oferta para su adjudicación”.

En el caso de TGS, el principal accionista al momento de la adjudicación era el consorcio CIESA, controlada en un 50 por ciento por Pérez Companc y el 50 restante por el grupo Enron, dueños en conjunto del 70 por ciento del capital social de la concesionaria. Los balances de TGS destacaban el “sólido respaldo” que supone que Enron Pipeline Co, controlada por el grupo Enron, forme parte del consorcio, brindando “una importante experiencia en la operación de gasoductos”.

Pero los mismos balances de TGS señalan que “la principal operación recurrente con las sociedades relacionadas se vincula con el Contrato de Asistencia Técnica que la Sociedad suscribió con el operador técnico Enron Pipeline Co. Argentina”, que con el tiempo pasa a ser Petrobras Energía. A través del mismo, se le encomienda el asesoramiento técnico para la operación del sistema de transporte de gas, de las instalaciones de procesamiento de gas y de otras instalaciones y equipos conexos. Es decir, justamente la tarea para la que TGS fue concesionada, y la que se le adjudicó precisamente por la capacidad y experiencia demostrada en la materia. Por la tarea, Enron fue contratada por ocho años desde el mismo día de la concesión (28 de diciembre de 1992), con prórrogas automáticas y sucesivas por similar período. La última prórroga corresponde a diciembre de 2014, ya en favor de Petrobras Energía, siempre a cambio de un pago de un honorario mensual independientemente que la empresa obtuviera utilidades o no.

De acuerdo a los balances a los que se tuvo acceso (1998 en adelante), las sumas que pagó TGS por honorarios de este “contrato de asistencia técnica” fue creciendo de 22,5 millones de pesos en 1998, a 28,8 millones en 1999, 21,8 millones en el 2000 y 19,3 millones en 2001 (hasta ahí, con la paridad uno a uno, en dólares igual monto que en pesos). En los años siguientes, la cifra creció en pesos pero se redujo en dólares (valuada al tipo de cambio de diciembre de cada año), alcanzando sumas en torno a los 52 millones de pesos en 2012, 2013 y 2015, y de 70 millones de pesos en 2014. El monto acumulado equivalente en dólares alcanza, en los 18 años (desde 1998 hasta 2015) a 225,1 millones de dólares.

No son muy diferentes las conclusiones que surgen del análisis de los balances de TGN. En este caso, la empresa accionista principal era, al momento de la concesión, Gasinvest SA, sociedad integrada por TecGas (grupo Techint), Compañía General de Combustibles, Total Gas, Electricidad Argentina, y Petronas. Entre 1998 y 2015 recibió honorarios por asistencia técnica por 63,2 millones de dólares.

A criterio de los auditores que participaron del análisis de los balances, “lo que jurídicamente las concesionarias de gas denominan honorarios por asesoramiento técnico, el criterio de interpretación de la realidad económica sugeriría que se trata de dividendos encubiertos”. No se trata sólo de los honorarios técnicos, sino que también se observaron en otros casos (otras concesionarias) la existencia de préstamos del exterior que, en realidad, encubren transferencias de dinero entre empresas controladas o vinculadas, con el fin de hace figurar como pago de intereses de esa deuda, lo que en realidad era giro de dividendos o utilidades sobre balances que no mostraban las ganancias.

Ese tratamiento contable de las operaciones con los socios o accionistas tendría varias consecuencias. Por un lado, el tratamiento impositivo: sobre el giro de utilidades al exterior (sobre rentas de fuente argentina) corresponde la retención de impuestos del 35 por ciento por Ganancias. Si, en cambio, sale como honorario vinculado a una supuesta transferencia tecnológica, inscripta en convenios bilaterales como el existente con España, sólo paga el 10 por ciento.

La otra consecuencia hace al debate de tarifas actual. Si lo que en realidad es remisión de utilidades al exterior, se computa como gastos (honorarios o intereses), ello reduce el resultado económico de la actividad, y permite a la concesionaria justificar el incumplimiento de los programas de inversión en función de una retribución insuficiente.

El mecanismo no es novedoso. Los expertos que estudiaron los balances gasíferos sugieren que la metodología es “análoga a la que utilizaba TBA, la concesionaria de la línea Sarmiento”, que tras la investigación de la masacre de Once (23 de febrero de 2012), tanto la Auditoría General de la Nación como la Justicia Federal, en su fallo, señalan “la centralidad del factor económico” que desencadena la tragedia: la escasa inversión por el dinero que “se escurrió o desapareció en el complejo entramado societario y contable conformado por la Concesionaria, sus accionistas y diversas empresas del grupo económico”. Mientras la concesionaria reclamaba por el supuesto “retraso de los ajustes económicos y financieros de la tarifa”, contrataba “de manera directa con sus accionistas, lo que posibilitó trasladar la ganancia en cabeza de estos actores y evidenciar rentabilidades nulas en cabeza de la concesionaria”.

Cualquier similitud no es mera coincidencia: es una práctica perversa demasiado extendida.