La privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios aprobada en primera lectura este jueves en la Legislatura porteña generó el rechazo de la oposición, organizaciones ambientalistas, de arquitectos y en defensa del patrimonio urbano. En las puertas del edificio hubo una movilización y en el mundo virtual un tuitazo. Las expectativas ahora están puestas en la audiencia pública, próximo paso en el devenir del polémico proyecto.

Otro capítulo de "privatización" en medio de una "emergencia habitacional". "Ecocidio". "Violación de la Constitución". Decisión "a espaldas de la sociedad". Estos son algunos de los señalamientos en torno a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además, fueron tratados dos convenios para subir la altura de futuras edificaciones en predios de Palermo y Villa Crespo.

"Nos alegra haber instalado el tema porque lo estaban queriendo llevar adelante en secreto. Se armó una gran movilización de jóvenes, ambientalistas, organizaciones y fuerzas políticas reclamando que no se venda la costa del río, que pensemos de una vez por todas un proyecto de ciudad de cara al río", manifestó a Página/12 la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos). "Lo malo, obviamente, es que siguen haciendo lo que quieren en la Legislatura porque tienen los votos en alianza con los radicales y Martín Lousteau. Hay que movilizar a todo el mundo a participar de la audiencia pública, marcar bien lo que no queremos, y en la segunda votación esperamos cambiar cinco de los votos de hoy", concluyó. 

Mientras se iniciaba la discusión dentro del recinto, manifestantes de la Red Ecosocialista del MST-FIT se acercaron a las puertas del edificio con la consigna "queremos parques, no negocios". La legisladora de izquierda Vanesa Gagliardi alertó sobre la "cementación" y el "ecocidio urbano" que traerían aparejados "los negocios de Larreta", rechazados por "los vecinos". "No es casualidad que hagan esto en pandemia, cuando muchos no se pueden movilizar", subrayó. Como otras voces en contra, mencionó la paradoja del dilema habitacional de "miles de personas" sin techo mientras se venden tierras para un "barrio de elite".

La protesta estuvo presente también en la virtualidad. El Observatorio del Derecho a la Ciudad --que junta firmas para frenar el proyecto en Change.org-- y la Coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos convocaron a un tuitazo con el hashtag #NoVendanLaCostanera. "Cuando se trata de ventas de tierras públicas tienen que convocar a una audiencia previa. Estos procesos deberían tener dos audiencias", cuestionó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo. Y enumeró una serie de "falacias" que aparecieron en la sesión, como la "virtud democrática" esgrimida por algunos legisladores en torno a que próximamente se dará lugar a la "opinión de la ciudadanía".

"Al proyecto le sobraron votos: está difícil a nivel de correlación política. La intención es votarlo a fin de año para que no se traslade a las elecciones del que viene", analizó el abogado. Y amplió: "Desde lo urbanístico, hay algo importante: los legisladores hablaron de integración, de que haya mixtura de usos en esa zona. Son conceptos abstractos que camuflan la especulación y la violación de la Constitución. La venta ya se votó, pero está condicionada a que la Legislatura le otorgue capacidad normativa. Quisieron hacerlo pasar como que era inevitable". De acuerdo a Baldiviezo, el "cúmulo de falacias" encubre la búsqueda de "recursos económicos para la campaña presidencial" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el Frente de Todos, los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña y Santiago Roberto cuestionaron la "privatización" del acceso al río. Barroetaveña --autor de un informe que registra la venta, desde 2009, de 150 hectáreas de la Ciudad por medio de 26 leyes-- confía en que "un proyecto que limita los espacios verdes y la capacidad de mitigación del cambio climático" generará una "reacción en la población". Roberto entiende a este intento como "una violación a la Constitución y el Código Urbanístico, donde está claro que la costa ribereña debe ser de dominio público" y lo definió como "un fiel reflejo de las políticas que viene aplicando el PRO en sus 13 años de gobierno", mientras se profundiza la "emergencia habitacional".

Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN) sostuvo que más grave es la iniciativa conocida como "Sastrería Militar", aprobada también dentro del paquete inmobiliario, no inscripta dentro de una "discusión urbanística o económica" sino en un "negocio privado" que no obedece a ninguna planificación urbana ni ambiental. Gracias a esta norma, los desarrolladores inmobiliarios podrían construir más metros en altura multiplicando ganancias. Según Myriam Bregman, diputada porteña por el Frente de Izquierda, es "gravísimo" que "el que paga pueda conseguir la norma que quiere", como ocurrirá en Villa Crespo, donde "a cambio de una compensación de una placita se puede violar toda la normativa". "Lo de Costa Salguero tuvo muchísimo rechazo, pero opine lo que opine la sociedad, el gobierno de la Ciudad avanza igual", concluyó.

Enrique Viale, abogado ambientalista, definió al de Costa Salguero y Punta Carrasco como "el negociado inmobiliario del siglo" y graficó: "En los últimos 14 años en CABA se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles, y en el mismo tiempo creció la crisis habitacional y mantuvimos la población en 3 millones de habitantes". Las críticas también surgieron desde organizaciones de arquitectos, como el Colectivo de Arquitectas, que había enviado una carta con firmas de cerca de 400 profesionales a legisladores en rechazo al proyecto.