Cuando todo anunciaba que ayer el Concejo Deliberante de Cosquín se constituiría en una sesión especial para escuchar o leer la defensa del intendente Marcelo Villanueva sobre el pedido de revocatoria de su mandato, surgieron una serie de irregularidades de parte del cuerpo legislativo.
El punto de inicio de esta nueva alternativa; que se abre en el marco del Proyecto de Resolución del Concejo de revocar el mandato del intendente Villanueva; es la nota que remitió el jefe comunal a escasas horas que se debía concretar la audiencia especial en la que iba a ejercer su derecho de defensa, donde reclama sobre la omisión del envío de documentación solicitada al cuerpo deliberativo que se iba a sumar a la prueba que se iba a elevar en el marco de su defensa, según lo anticipó el propio intendente en conferencia de prensa el martes pasado.
Esto derivó en que los concejales se reunieron a las apuradas en sesión especial para cumplir con los requerimientos del Ejecutivo, lo que aconteció a escasas hora de la conferencia de prensa que brindó Villanueva.
Apuro
En ese marco los ediles se apresuraron a aprobar las once actas de sesiones ordinarias que no contaban con la aprobación respectiva y que requería el Ejecutivo, poniendo en orden una demora inexplicable, ya que en cada inicio de sesión ordinaria el cuerpo debería aprobar el acta anterior como sucede en la más elemental institución.
La documentación requerida ingreso por mesa de entradas en tiempo, pero no en forma a partir que en la nota elevada por el intendente al Concejo faltaban seis actas de once que se requirieron.
"Llama poderosamente la atención que de las once actas requeridas solamente se hayan remitido cinco, de las cuales dos no figuraban en el listado solicitado…" reza un párrafo de la nota del intendente y donde deja entrever que precisamente las actas faltantes están vinculadas al proceso de revocatoria.
No es menor el detalle que -según una consulta realizada por El Diario- se pudo establecer que los ediles habían dado su aprobación a esas actas que corresponden a sesiones ordinarias del Concejo y donde, particularmente la concejal radical Mónica Farías, admitieron que había una atraso en la aprobación de esos documentos que, como quedó expresado se deberían aprobar al inicio de cada nueva reunión del Concejo.
En su nota, Villanueva deja en claro que no querría tener que acudir a la Justicia con lo que, sin embargo, no esconde su intención de hacerlo, haciendo un paralelismo entre lo que los concejales exigen para afuera pero que no cumplen hacia el seno del cuerpo.
Por otra parte, según un informe periodístico de FM El Faro de Cosquín, el trámite de conformar las carpetas con los documentos requeridos por el Ejecutivo fue desarrollada por miembros del bloque de Unión por Córdoba y de Proyecto Cosquín, con la notoria ausencia de la concejal Mónica Farias (UCR) que no fue convocada para este trámite.
No obstante la concejal expresó a esa misma radio que ella ya contaba con las actas en cuestión en su correo electrónico y que las había aprobado sin mayores trámites, con lo que dio por sentado que las mismas formaban parte de los legajos que fueron presentados el martes por mesa de entradas al Ejecutivo.
En definitiva, el intendente obtuvo así los argumentos necesarios para fundamentar un pedido de suspensión de la sesión especial a la que fue convocado para ayer a las 19 y donde iba a ejercer su derecho a defensa con la presentación de un descargo por escrito con documentación adjunta entre la cual se encontrará parte de los solicitado al Concejo y que nunca recibió.
Al cierre de esta edición los concejales analizaban esta cuestión, con fuertes disidencias ante esta "eventualidad" que no hace más que poner la atención en el bloque de Unión por Córdoba (la mayoría en el Concejo) y especialmente en la presidenta del Cuerpo, Silvia Farsi y la secretaria del mismo, Cecilia Rodríguez; ya que se las menciona en la nota del intendente como responsables de la remisión de la documentación solicitada, sumándose a esto que lo que trascendió por FM El Faro es que los concejales habrían cumplido con el trámite que les competía.
Y si algo faltaba sumarse a esta traumática situación que se vive en Cosquín, en el marco del pedido de revocatoria del mandato del intendente Marcelo Villanueva, fue lo que salió a la luz cuando en la emisora radial ya mencionada se lo consultó ayer a la mañana al secretario de Gobierno Abel Brocca sobre una ordenanza que habría sido falsificada.
Según respondió el funcionario, se trata de una ordenanza vinculada a la obra de gas, tema cuestionado en la denuncia de revocatoria presentada por el concejal Gabriel Musso de Proyecto Cosquín, quien precisamente habría presentado a la Justicia una denuncia por una ordenanza que habría sido adulterada o modificada, con lo que se da la situación que habría dos ordenanzas "mellizas" pero de distinto tenor, hecho que aconteció cuando estuvo a cargo de la intendencia Rosanna Adaglio.
Precisamente, Adaglio se encuentra en uso de licencia de su concejalía a la que accedió como compañera de formula de Villanueva, cargo al que volvería si prospera la revocatoria para ser elegida por su pares para asumir la intendencia después de la destitución de Villanueva.
Apoyo Justicialista a Villanueva
El martes a la noche, un nutrido grupo de militantes justicialistas, junto a dirigentes de la mayoría de las líneas internas, se dieron cita en el Ateneo César Milani, donde brindaron su apoyo al intendente Marcelo Villanueva.
Todos los dirigentes presentes que hacen al arco interno del justicialismo local expresaron ante la concurrencia su apoyo a la figura del Villanueva, fustigando fuertemente a los concejales de Unión por Córdoba, catalogándolos como "traidores" al expresar que están siendo "funcionales" al concejal opositor de Proyecto Cosquín, Gabriel Musso.
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