La Corte Suprema discutirá mañana el segundo recurso de «per saltum» elevado por el Gobierno en relación con la ley de medios. Un «issue» que divide ánimos en lo extrajurídico, pero que encuentra consensos en el plano técnico (lo cual vaticina malos augurios para el pedido oficialista). Conocedores de esta realidad, en el kirchnerismo ponen el foco en el recurso de queja sobre la extensión de la medida cautelar favorable al Grupo Clarín que también debe discutirse en el máximo tribunal.

La tensión política del expediente todavía no se refleja, al menos en voz alta, en los ministros, ya que entienden la puja Gobierno-Clarín como el producto de la coyuntura que a futuro podría no ser tal. Sin embargo, existen distintos entendimientos. Tanto Eugenio Zaffaroni como Elena Highton de Nolasco (el primero lo ha dicho por escrito) rechazan la demora a la aplicación de la ley de medios vía medidas cautelares, el principal ariete de la estrategia judicial de la empresa. Son, además, los principales defensores de la tesis de que el debate patrimonial que genera la norma no afecta la libertad de expresión. En este sentido, Carmen Argibay, Carlos Fayt y Enrique Petracchi se muestran más en sintonía con las opiniones de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que sí entiende que uno de los puntos álgidos de la cuestión pasa por el derecho de los ciudadanos a elegir cómo informarse.

En los aspectos jurídicos es donde predominan los consensos. El pasado viernes, los secretarios letrados analizaron el segundo «per saltum» que lleva la firma de la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona. Las opiniones no difirieron demasiado del primer intento (fallido) que realizó el kirchnerismo a principios de mes. Entienden que, una vez más, el escrito no refleja el estado de «gravedad institucional» necesario para saltar de instancia (en este caso, la Cámara Civil y Comercial).

A esto se suma la particularidad de que el Gobierno apele a la Corte aun cuando la sentencia de Alfonso le fue favorable. Apenas presentado el recurso, los secretarios de los ministros recordaron la Ley 26.790 que reserva esta posibilidad a las partes que hayan tenido sentencias de primera instancia adversas.

Plazos

Hay otro detalle: los plazos de desinversión. En la resolución que extendió la medida cautelar, la Cámara Civil y Comercial entendió que el año para desprenderse de activos correrá a partir de que esta resolución quede sin efecto (algo que todavía no sucedió). Los secretarios de la Corte aseguraban que en el escrito del Gobierno esta decisión no fue apelada.

Si la Corte rechazara el «per saltum», la definición quedaría para la Sala I de la Cámara que integran Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni, y que debe tratar la apelación de Clarín a la sentencia de Alfonso. Este fallo, que el oficialismo ya descuenta será adverso, podría llegar recién a fines de febrero. Los abogados del Gobierno tienen además otra preocupación: la confirmación de nuevas medidas cautelares favorables a la empresa en causas paralelas, como es el expediente Fibertel (ya hay una cautelar emitida por un juez de primera instancia).