Tras la filtración de chats del vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Silvio Robles, con el exministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D'alessandro que derivo en el pedido de juicio político, el organismo tomo una medida para evitar nuevos ataques.

Mediante la acordada 32/2023, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Horacio Rosatti, Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Damian Ignacio Font, la CSJN, oficializo la creación de una Oficina de Seguridad bajo la órbita de la Dirección de Sistema.

"Es imperativo, respeto a la autonomía del Poder Judicial, diseñar y adoptar estrategias, protocolos y medidas específicas para abordar los desafíos actuales y futuros en ciberseguridad que afecten directamente a la CSJN", sostuvieron en la acordada.

Mediante la conformación de un equipo especializado en seguridad informática con estándares internacionales, el Tribunal pretende "garantizar la protección integral de nuestros activos digitales y la confianza pública en el sistema judicial".

Según detallaron en el anexo, el funcionario a cargo de la oficina, cuyo nombre y apellido aún no trascendió, deberá asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información y los sistemas, además de llevar a cabo una gestión proactiva ante amenazas cibernéticas.

Mediante la conformación de un equipo especializado en seguridad informática con estándares internacionales, el Tribunal pretende "garantizar la protección integral de nuestros activos digitales y la confianza pública en el sistema judicial".

Entre las funciones que se le atribuyen se destaca la "supervisión y protección" a partir del monitoreo constante de la infraestructura, tecnología que permita detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas. Junto con el establecimiento de un protocolo de acción rápida y coordinada ante posibles ataques.

La creación de la oficina por parte de la CSJN se produce en la antesala de las definiciones. El próximo martes 7 de noviembre, a las 13 horas, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard convoco a los cuatro magistrados para que hagan su descargo.

El jueves pasado, día límite Rosatti y Rosenkrantz presentaron su descargo su escrito. En donde rechazaron las acusaciones por mal desempeño y cuestionaron el procedimiento que llevo a cabo la comisión a la par de advertir con la "independencia judicial". Mientras que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse.

Tras el pedido del candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, para que "los legisladores no mezclaran el tema del juicio político con el proceso electoral", la Comisión tendría que hasta el 20 de noviembre -un día después del balotaje- para dictaminar.

Pero la reciente prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 9 de noviembre, que se determinó por decreto, le otorga una extensión del plazo por 10 días y la posibilidad, en caso de conseguir los votos, de que se debata en el recinto, incluso un día antes de la asunción del próximo presidente.