Federico González del Solar

La Corte Suprema rechazó hoy la licencia extraordinaria que pidió el juez federal Ariel Lijo en el juzgado federal número 4 para asumir en el máximo tribunal. Tomaron esta decisión los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto junto a Lijo y juró como miembro de la Corte la semana pasada. Así lo informaron a LA NACION fuentes del tribunal.

A favor de concederle la licencia estaba el otro juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que fue uno de los impulsores de la designación de Lijo en el máximo tribunal. Pero en la resolución redactada esta mañana, a la que accedió LA NACION, no aparece la firma de Lorenzetti, ni acompañando la decisión mayoritaria ni con un voto en disidencia. Eso podría cambiar en las próximas horas, dijeron fuentes cercanas a este cortesano.

Ahora, Lijo esperará en su juzgado de los tribunales de Comodoro Py la definición del Senado, que podría darle su acuerdo para que asumiera como juez definitivo. No va a renunciar a su cargo de juez federal, confirmó a LA NACION una fuente cercana a él. Si lo hiciera, correría el riesgo de quedarse, al final del camino, sin ninguno de los dos cargos, ni el de juez federal ni el de ministro de la Corte, que mientras no obtenga el acuerdo del Senado sería un cargo transitorio.

Lijo fue nombrado “en comisión” por el presidente Javier Milei el 26 de febrero pasado. Presentó su pedido de licencia ante la Cámara Federal porteña, que hizo lugar a su solicitud y elevó el trámite a la Corte Suprema, que es, en rigor, quien define la concesión de las licencias que se extienden por más de seis meses.

El juez Ariel Lijo, el año pasado, en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del SenadoMarcos Brindicci

La designación de ambos, a pocos días de que se inauguren las sesiones ordinaras y traccionada por una controversial interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución –que avala al presidente a llenar las “vacantes de los empleos” mientras el Senado se encuentre en receso– quedó envuelta en la polémica.

“Qué revuelo”, soltó al pasar una trabajadora judicial frente a los cuatro efectivos que custodiaban una de las esquinas del cuarto piso del Palacio de Tribunales -el piso reservado a la Corte-, mientras García-Mansilla se dirigía a paso firme hacia la Sala de Acuerdos, minutos antes de las 10.

La reunión empezó puntual a las 10 y duró poco más de 15 minutos, según confiaron a LA NACION fuentes del Palacio. En esos minutos, además de rechazar la solicitud de Lijo, los cuatro cortesanos se abocaron a otros temas y firmaron sentencias.

El Senado

En el Senado, los bloques de la oposición evalúan pedir una sesión especial para la semana próxima para tratar los pliegos de los dos jueces. Hasta ayer, había dos posturas. En el caso de Lijo, hay senadores que sostienen que se podría rechazar su pliego porque la Corte no le tomó aún juramento, pero que sería diferente el caso de García-Mansilla. Esa es la tesis que impulsa el oficialismo: que García-Mansilla, a esta altura, tiene el cargo asegurado hasta fin de año y que hasta ese momento solo podría ser removido por juicio político. No es lo que sostiene la doctrina mayoritaria de los constitucionalistas, que creen que el Senado conserva la potestad de rechazarle el pliego a todo aquel nombrado en comisión y hacerle dejar el cargo de inmediato.

El oficialismo, en cambio, afirma que la Corte, al haberle tomado juramento a García-Mansilla, convalidó con ese gesto el decreto del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, le dio a este magistrado estabilidad por el tiempo que dura su nombramiento en comisión (”hasta el fin de la próxima legislatura”, según la letra de la Constitución Nacional).

Ayer, un grupo de asociaciones de la sociedad civil presentó en la Justicia un amparo contra el Estado pidiendo que se anulen la designación de Lijo y García-Mansilla. La Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron en el escrito que el procedimiento habitual para la designación de jueces exige el aval agravado del Senado y que ese es el trámite que debió haberse seguido en estos casos.