Por Silvana Boschi

Mañana la Corte Suprema se reunirá con cuatro jueces para abordar, entre otros temas, la solicitud de licencia del juez federal Ariel Lijo, quien busca asumir como miembro del tribunal. De todas formas, se estima que no habría una decisión definitiva. La licencia fue avalada por la Cámara Federal pero surgieron discrepancias en el seno de la Corte. Por eso Manuel García Mansilla pudo jurar y asumir el jueves pasado, mientras la situación de Lijo se demora.

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También en el ámbito del Senado hay expectativa, ya que podrían convocar en las próximas horas a una sesión especial para tratar el pliego de Lijo, cuyo nombramiento ya fue aprobado en Comisión en año pasado.

A medida que pasan las horas, hay dos posturas que estarían definidas en la Corte respecto a si aprobarle la licencia a Lijo o no: Carlos Rosenkrantz estaría en contra, porque considera que para ingresar al tribunal el juez federal debería renunciar previamente a su cargo, y Ricardo Lorenzetti estaría a favor, por entender que la decisión de la Cámara Federal es suficiente para autorizar la licencia. Horacio Rosatti y García Mansilla continuarían analizando el tema.

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Para sumar complejidad al asunto, a fines de 2019, el juzgado de Lijo recibió una denuncia contra Rosenkrantz, en la que el fiscal Eduardo Taiano pedía investigar una denuncia según la cual el juez del máximo tribunal tendría cuentas en el exterior no declaradas. Y esa causa sigue abierta.

El día de hoy es crucial para saber si el Senado puede avanzar con el pliego de Lijo. En ese caso, el pronunciamiento de la Corte sería innecesario y se estaría cumpliendo otra de las “leyes históricas” que solían repetir en los despachos del tribunal cuando caía en sus manos un tema de alto impacto institucional: “Que los problemas de la política los resuelva la política”.

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Por lo pronto, es importante analizar la interpretación de las normas que regulan las decisiones administrativas en la Corte. Según el reglamento vigente, las cuestiones de superintendencia deben resolverse por mayoría simple, y no existe antecedente que permita al presidente del tribunal, actualmente Horacio Rosatti, ejercer un doble voto. Sin embargo, las decisiones clave en la Corte están rodeadas de controversias.

En contra de lo que difundieron fuentes cercanas a Rosatti, en toda la historia del tribunal no hay ningún antecedente de que el Presidente del tribunal tenga doble voto. La única competencia especial que tiene es representar a la Corte y enviar los expedientes al acuerdo. Las cuestiones de superintendencia siempre se resolvieron por mayoría simple.

La última regulación corresponde a la acordada 12/24 del 9 de abril de 2024, que se dictó previendo la situación en que la Corte quedara con menos miembros que los cinco que establece la ley, como ocurrió tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, a fin de año.

En los considerandos señala que el problema a resolver existe cuando haya menos de tres jueces en condiciones de votar (por motivo de excusación, recusación, licencia, vacancias de vocalías, etc.).

Es decir que hay que deliberar porque es la forma más rápida, pero si no hay acuerdo, hay que nombrar conjuez. La acordada sólo dice que es inconveniente recurrir a conjueces por las demoras, pero no los prohíbe y es la forma de resolver una situación de empate.

El dilema de Lijo

Lijo, designado en comisión por decreto del presidente Javier Milei, enfrenta un dilema estratégico. Aunque podría jurar de inmediato bajo las condiciones actuales, su mandato estaría limitado hasta fin de año, lo que lo deja en una posición precaria. Por eso no quiere renunciar a su cargo de juez federal y se especula que podría optar por esperar el aval del Senado, lo que le garantizaría una designación vitalicia.

El pliego de Lijo, que inicialmente contaba con el respaldo necesario para ser aprobado, quedó en suspenso tras el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a aliados y opositores a reconsiderar su apoyo. Las negociaciones políticas podrían redefinir alianzas clave en el Senado y las decisiones de la Corte.

Por otro lado, el pliego de García-Mansilla no alcanzó las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en el recinto para su aprobación. A pesar de haber jurado como juez, su nombramiento está sujeto a un plazo de un año lo que refuerza la fragilidad de su posición.

La defensa de Milei

El presidente defendió enérgicamente la constitucionalidad de los nombramientos en comisión por decreto, argumentando que la propia Corte avaló esta práctica al tomar juramento a García Mansilla. En una entrevista afirmó: “La evidencia de que el nombramiento de García Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento”. Además, calificó de “ñoños republicanos” a quienes cuestionan esta decisión. Justificó también su decisión en la demora del Congreso en aprobar los pliegos de ambos jueces, enviados en marzo del año pasado.

Sin embargo, la designación de jueces por decreto genera incomodidad incluso dentro de la Corte. Aunque en 2015 el expresidente Mauricio Macri utilizó este mecanismo para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz, ambos asumieron sus cargos solo después de obtener el acuerdo del Senado.

Por lo pronto, mientras Lijo evalúa sus opciones y el Senado define su postura, el tribunal enfrenta el desafío de resolver cuestiones administrativas y jurisdiccionales en un contexto de tensiones.