Seis años después de que se iniciara la causa, la Corte Suprema ratificó que el Indec debe reincorporar a la técnica Marcela Almeida, quien primero fue congelada y luego despedida como represalia por sus denuncias a la manipulación que recibían los índices de inflación.

El máximo tribunal de Justicia decidió este martes dejar firme la sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por lo que la delegada gremial deberá recuperar su puesto de trabajo en el organismo y además cobrar una indemnización por el daño moral sufrido.

En 2008, Almeida abrió una causa ante la Justicia por la discriminación que sufría en las oficinas de Coordinación del Índice de Precios al Consumidor: insultos, el bloqueo de su usuario y contraseña para el trabajo y hasta el retiro de su computadora y escritorio fueron algunos de los maltratos desde que comenzó a denunciar las estadísticas del Indec.

El año pasado, como anticipó Infobae, fue finalmente echada de su puesto con una ayuda del gobierno de Mauricio Macri: aunque siempre se desempeñó en las oficinas del instituto nacional, su contrato estaba tercerizado a través de la Dirección de Estadísticas y Censos porteño. En cada una de las instancias, la Justicia confirmó que el instituto dirigido por Norberto Itzcovich y Ana María Edwin era responsable de su empleo.

En la sentencia dictada este martes, la Corte Suprema desestimó la queja presentada por el Indec alegando que los fallos previos no cumplían con los requisitos reglamentarios y por falta de agravio federal suficiente. La decisión recibió el respaldo de los ministros Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, con el voto concurrente de Juan Carlos Maqueda.

En principio, las especulaciones apuntaban a que Edwin e Itzcovich serían removidos de la conducción del Indec con la llegada del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, y el lanzamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, nada de eso pasó. Esta semana, la comisión interna del Indec advirtió a través de un comunicado: "Nuestra posición ha sido y continuará siendo que la Intervención debe retirarse junto con la patota que ingresó de su mano, y que esto debiera ser una decisión política nítida después del proceso de destrucción al que fue sometido el Instituto y la persecución sufrida por sus trabajadores".

Antes de entrar a ocupar cargos oficiales en el Ministerio de Economía, el propio Kicillof había sido crítico con los índices del Indec. Por eso, muchos pensaron que con su llegada la situación sería normalizada, incluso con algún tipo de apoyo de la comisión interna de trabajadores del instituto. En el mismo comunicado, los empleados se encargaron de desmentir esa posibilidad: "No tomamos parte en ninguna posible 'interna' entre funcionarios de este gobierno. Igualmente, no apoyamos ni postulamos 'candidatos' para la dirección del organismo".