La Corte Suprema de Justicia pidió hoy que el la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los gobiernos porteño y bonaerense envíen un informe en conjunto sobre los trabajos de saneamiento realizados en la zona, para un "mejor y más rápido" cumplimiento de las metas fijadas en 2008.

Los cinco jueces del máximo tribunal firmaron una resolución "a fin de evaluar la necesidad de actualizar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos".

La Corte otorgó un plazo de 15 días para que la Acumar y los gobiernos "en forma conjunta y mediante una presentación única, realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia"del 8 de julio de 2008 que ordenó el saneamiento de la cuenca.

Los organismos obligados al saneamiento "deberán señalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas" el estado de los trabajos.

La resolución de la Corte reclamó, asimismo, una actualización "al 30 de septiembre de 2016".

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz convocaron a las partes a "expresar opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse, para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas fijadas" en el fallo de 2008.

El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo fue requerido el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, en el marco de una causa judicial por daños ambientales presentada el 20 de junio de 2006, y designó a un juzgado federal para el seguimiento de ese objetivo.

Los tres gobiernos conformaron la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, máxima autoridad en materia ambiental en la zona, cuya presidencia del Consejo Directivo está a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y la dirección Ejecutiva encabezada por Julio Torti.

Desde 2008, la Corte Suprema de Justicia realizó varias audiencias públicas en las que recibió informes de la Acumar sobre los trabajos para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras la justicia procesó y embargó a empresas por arrojar residuos en la zona.

La Defensoría del Pueblo pidió en julio de 2015 al máximo tribunal una nueva intervención para el saneamiento de la zona, al advertir que "los resultados dejaron de ser satisfactorios" para mejorar la calidad de vida, cuando 8 millones de personas habitan la cuenca.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) advirtió en julio de 2016 que "continúa estancado" el saneamiento de la cuenca tras ocho años del fallo de la Corte Suprema de Justicia y manifestó que las nuevas autoridades "no han logrado" establecer estrategias y acciones.