Por: Néstor Espósito

Inoportunas (según se mire) filtraciones de agua que afectan selectivamente despachos en el Palacio de Tribunales, acontecimientos sociales en los que las casualidades hacen coincidir en una mesa a personas que ni siquiera deberían cruzarse en un ascensor para garantizar la imparcialidad de un fallo, hijos que trabajan en oficinas en las que sus padres esperan un fallo favorable, grupos de Whatsapp laborales que aparecen y desaparecen sin mayores explicaciones.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó a convertirse en el escenario en el que trascienden manejos de la Corte Suprema habitualmente ocultos en el secretismo de funcionarios cuyos salarios mensuales tienen siete cifras.

La revelación más impactante surgió en la reunión del jueves pasado, cuando Sergio Rubén Romero, el director de Gestión Interna y Habilitación del edificio en el que funciona la Corte, reconoció que en enero pasado hubo “una inundación en un piso superior y el agua llegó hasta la planta baja”. Ante la pregunta del diputado Leopoldo Moreau, describió que “esa inundación afectó el despacho del señor Robles”. Silvio Robles, el principal colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Protagonista de las filtraciones de chats de Telegram con el ministro de Seguridad y Justicia (hoy de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Romero no pudo precisar cuándo ocurrió el siniestro acuático que afectó a Talcahuano 550, pero sabe que fue “con posterioridad a conocerse los chats”.

El hecho ocurrió entre la noche del sábado 28 y el domingo 29 de enero. La ruptura de un caño en el séptimo piso causó una catarata. En el cuarto piso estaba justo el despacho y el antedespacho de Robles, que resultaron muy dañados, a tal punto que aún hoy está inutilizable y en obras.

Cuando Moreau le preguntó a Romero si la inundación había dañado las computadoras del despacho de Robles, el funcionario –que según dijo se ocupa del “mantenimiento” del edificio- respondió: “no es mi área de competencia, no tengo la magnitud de los daños”.

Voceros de la Corte atribuyeron la inundación a la antigüedad de las tuberías y descartaron cualquier motivación oculta. Diputados del oficialismo en la Comisión piensan diferente. Incluso hablan de “un Iron Mountain en escala”. Una exageración (en el incendio del depósito de Barracas murieron diez bomberos), pero la idea de un siniestro provocado para destruir “ordenadamente” papeles y archivos comprometedores está instalada.

Alejandro Daniel Rodríguez es titular de la Secretaría de Juicios Originarios desde mayo de 2018. Allí tramitan las causas de competencia exclusiva de la Corte.  Por ejemplo, el reclamo de CABA por la Coparticipación. Rodríguez afirmó ante la Comisión que no participó en la elaboración de la medida cautelar que favoreció al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Pese a ello, su relato dejó tres datos relevantes. Confirmó que D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia, participó junto al jefe de Gobierno en las audiencias ante la Corte. También estuvo el procurador porteño (el jefe de los abogados del gobierno de CABA) Gabriel Astarloa, con quien Rodríguez negó tener un vínculo personal.

Rodríguez y Astarloa compartieron la mesa en la última cena de la Asociación de Magistrados, la entidad que representa a la corporación judicial y exhibe sin disimulos una postura fuertemente crítica hacia el actual gobierno nacional. El propio funcionario judicial reconoció esa coincidencia social culinaria.

El tercer dato que admitió Rodríguez es que en su Secretaría trabaja Sebastián Alberto Garay. Es el prosecretario administrativo. Y, además, es el hijo de Alberto Garay, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (el “colegio de la calle Montevideo”, el ala más conservadora de la abogacía porteña). Una antigua demanda de esa entidad fue la que la Corte resolvió en diciembre de 2021, cuando declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y facilitó que Rosatti pasara a ejercer también la presidencia de ese cuerpo.

En la página web del colegio de la calle Montevideo aparece en portada un acto del 16 de febrero último en el que Garay encabeza un  homenaje al jurista Genaro Carrió. A su lado diserta el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

Los secretarios de la vocalía de Rosatti tienen, individualmente, un grupo de Whatsapp laboral con Robles y la subdirectora general, Natalia Monayer, pese a que no son abogados. El 1 de febrero, cuando regresó de sus vacaciones, la secretaria Adriana Valinotti comprobó que su grupo había sido desactivado. En cambio el de su colega Roberto Saggese sigue vigente. La Comisión convocó a un careo entre ambos para determinar a qué se debe esa diferencia de criterios.

Christian Abritta, seguramente el hombre que mejor conoce los entresijos de la Corte (hoy ya jubilado) aportó un dato clave sobre una de las causales de juicio político que involucra directamente a Juan Carlos Maqueda: el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial. Su titular es Aldo Tonón, médico personal de Maqueda. “Es una persona especial, de un trato muy riguroso”. Abritta contó que “le había sugerido que tenían que crear un área jurídica en la institución por la litigiosidad que había”. Y agregó: “Estábamos recibiendo demasiadas  resoluciones en contra pero nunca mi pedido fue oído. (…) Ni siquiera me contestó”. Las presuntas irregularidades en la obra social, que supo ser de elite, es una de las 14 causales de juicio político a los miembros del máximo tribunal.

Astuto y experiente, cuando la declaración rozó el tema de los chats, Abritta señaló: “no uso, no usé ni jamás usaré teléfono celular”. Y se ufanó: “a mí esto jamás me habría pasado”. «