Ahora sí, todos los caminos que podían conducir a los máximos ejecutivos de Cablevisión a declarar ante la Comisión Bicameral quedaron cerrados.

Según consignó el diario Tiempo Argentino, el máximo tribunal demoró apenas seis días en rechazar un planteo por "retardo de justicia" que había elevado la Comisión Bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros del Congreso ante la reiterada ausencia de los representantes de Cablevisión a las citaciones cursadas en el marco de la investigación de las cuentas no declaradas por contribuyentes argentinos en el HSBC de Suiza. 

El antecedente

La sucesión de fallos que terminaron favoreciendo a la empresa del grupo Clarín reconocen en la Cámara en lo Penal Económico una instancia clave. Ese tribunal no sólo dejó sin efecto la orden de un juez que disponía que "el representante legal de Cablevisión S.A. deberá concurrir ante la Comisión Bicameral a la próxima audiencia que sea citado, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y formularse denuncia por desobediencia, debiendo además acreditar mediante certificación emanada de la Secretaría de la Comisión, el estricto cumplimiento de esta sentencia", sino que también apartó al autor de esa medida. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart había aceptado un pedido del presidente de la "Comisión Bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país", el diputado oficialista Roberto Feletti. 

Lo hizo ante los reiterados faltazos de Cablevisión a las citaciones de la Comisión, creada a fines de 2014 para investigar las cuentas bancarias no declaradas por los contribuyentes argentinos en el HSBC de Suiza. La Comisión está integrada por los legisladores Pablo González (FPV), María de los Ángeles Higonet (PJ La Pampa), Graciela De la Rosa (FPV), Mario Cimadevilla (UCR), Liliana Negre de Alonso(PJ San Luis) , Luis Cigogna (FPV), Carlos Heller (FPV) y Marcelo D'alessandro (Frente Renovador).

Pero la medida fue apelada por el presidente de Cablevisión, Alejandro Urricelqui, y el expediente recayó en la Sala B de la Cámara. Allí, los jueces Roberto Enrique Hornos y Nicanor Miguel Pedro Repetto consideraron que López Biscayart había cometido un error de procedimiento que ameritaba declarar la nulidad de la resolución que obligaba a los directivos de Cablevisión a comparecer ante la Comisión que investiga la presunta fuga de unos U$S 3000 millones de (y la consecuente evasión impositiva) y, al mismo tiempo, sacar al magistrado del expediente. 

La causa en la que se investiga la supuesta maniobra perpetrada en perjuicio de las arcas públicas, registrada con el número 1652/2014 del registro del fuero en lo Penal Económico, está caratulada como "H.S.B.C. Bank Argentina S.A. y otros s/ infracción ley 24.769" (el Régimen Penal Tributario) y se mueve con pasos paquidérmicamente lentos.

López Biscayart había decidido tramitar el pedido de la Comisión Bicameral bajo la forma de una "acción de amparo". Dijo el juez: "Toda vez que no se invocó otra vía más idónea, la disposición constitucional del artículo 43 de la Constitución Nacional (la vía del amparo) se considera adecuada para encauzar el pedido del presidente de la comisión bicameral, puesto que resulta procedente aún contra actos u omisiones de particulares, tal es el caso de Cablevisión S.A., inclusive, como en este caso, cuando la omisión podría implicar una desobediencia a una autoridad constituida". Se apoyó, para ello, en un artículo de la ley que dispuso la creación de la Comisión Bicameral, que la faculta a "recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información, que se presente durante el curso de su trabajo".

Pero la Cámara entendió que en el planteo del diputado Feletti "no se efectuó manifestación alguna que permita concluir que lo que se estaba promoviendo era una acción de amparo". Ni "tampoco se efectuó expresión alguna que diera cuenta de una situación de urgencia que brindase sustento suficiente a la conclusión del juzgado acerca de que la acción de amparo era la única vía idónea para conjurar, en tiempo oportuno, los efectos del comportamiento atribuido a Cablevisión S.A. respecto de las tareas de investigación asignadas a la Comisión". 

Los camaristas Hornos y Repetto, por voto mayoritario (el tercer integrante del tribunal, Marcos Grabivker, se pronunció en disidencia) consideraron que "no se verifica una circunstancia que autorice a 'encauzar' un pedido de una comisión bicameral investigadora de la manera en la que lo hizo el juzgado". 

López Biscayart, según el fallo, incurrió en "inobservancias del procedimiento" y obvió disposiciones "elocuentes sobre el trámite a seguir en caso de mediar una acción de amparo contra actos u omisiones de los particulares. Además –añadió el voto mayoritario- tampoco resolvió conceder la apelación presentada por Cablevisión con "efecto suspensivo". Es decir por un lado exigir a sus directivos que declaren ante la Comisión, y por el otro dejar en suspenso la aplicación de esa decisión. Ello, opinó el tribunal, "podría haber conducido a una situación de perjuicio irreparable" para Cablevisión.

Los camaristas Hornos y Repetto dispusieron "en atención a la entidad y la cantidad de los defectos de fundamentación advertidos, y la inobservancia de las garantías constitucionales indicadas, el apartamiento del magistrado que intervino hasta el momento". Y la designación, en su remplazo y sin sorteo, de otro juez, Diego García Berro. 

El fallo fue firmado el 30 de junio pasado. En los hechos, significaba que los directivos de Cablevisión seguirían sin concurrir a declarar ante la Comisión. Y la llegada de un nuevo magistrado al expediente presagiaba renovadas demoras. Ante ese escenario, la Comisión recurrió ante la Corte Suprema argumentando "retardo de justicia". 

El expediente llegó al máximo tribunal el 8 de julio, y fue resuelto, con singular celeridad, seis días más tarde. El máximo tribunal firmó el 14 de julio un fallo en el que replicó que un planteo por retardo de justicia "resulta únicamente procedente cuando las cámaras nacionales o federales de apelaciones no han dictado el pronunciamiento correspondiente al estado de la causa, a pesar de haber transcurrido el plazo legalmente previsto y de no concurrir ninguna circunstancia que justifique esa demora".

Para los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda "estos presupuestos no se verifican en el caso, en la medida en que la Comisión Bicameral presentante pretende que esta Corte deje sin efecto una resolución de naturaleza jurisdiccional dictada por la alzada el 30 de junio de 2015 y confirme el pronunciamiento de primera instancia".