Mantendría la vigencia de la cautelar que protege al Grupo Clarín, pero también respaldaría algunos planteos del Gobierno
Los jueces vienen debatiendo sobre ese punto desde el viernes último y, hasta ayer, las opiniones estaban divididas: algunos consideraban que la medida cautelar que prorrogó la Cámara Federal más allá del 7 de diciembre debía ser revocada.
La mayoría de los jueces, sin embargo, opinaría que hay varias razones para no precipitar ningún desenlace ni sobre la medida cautelar ni sobre la validez de los dos artículos de la ley de medios que están en discusión: el 45 (que pone un límite a la multiplicidad de licencias) y el 161 (que obliga a ceder licencias cuyo plazo no venció). De todas maneras, la Corte, como lo hizo en otras oportunidades, escribirá también algunos párrafos que mantendrán viva la esperanza al Gobierno, que persigue desmembrar al Grupo Clarín.
Hoy, los ministros de la Corte tendrán frente a sí dos expedientes. El primero es el que contiene el pedido de per saltum. Lo presentó el Poder Ejecutivo para que el tribunal se pronuncie ya mismo sobre la validez de los artículos 45 y 161 de la ley.
El juez federal Horacio Alfonso dijo que esas normas son constitucionales. El Gobierno no podía apelar esa sentencia porque le fue favorable, pero igual lo hizo para esquivar la intervención de la Sala I de la Cámara Federal, donde cree que hay un ánimo contrario al oficialismo .
Hoy, los jueces de la Corte Suprema se inclinarían por rechazarlo. El per saltum tiene algunas deficiencias técnicas y el tribunal no estaría dispuesto a pronunciarse ya mismo sobre el fondo de un asunto tan complejo. En rigor, los articulos 45 y 161 de la ley de medios no sólo obligarían al Grupo Clarín a vender licencias de radio y de televisión, sino que también tendrían un impacto directo sobre el servicio de la TV por cable y de Internet.
Carlos Moltini, presidente de Cablevisión, explicó: "El Estado nos dio una licencia, que está fuera del alcance de la ley de medios. Pero, ahora, la Afsca, invocando esa ley, persigue quedarse con la licencia y con toda la infraestructura que nosotros desarrollamos, con el agravante de que brindar cable e Internet, por separado, no es rentable y perjudicaríamos a 1,5 millones de usuarios".
Los jueces de la Corte deberán resolver en segundo término sobre un recurso extraordinario que presentó el Estado junto al pedido de per saltum. Ayer, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombrada este año ese cargo por la presidenta Cristina Kirchner, dictaminó que la Corte debería dar "por extinguida la medida cautelar, porque la Corte fijó el vencimiento de la cautelar el 7 de diciembre (ver aparte). A pesar de esa opinión, la Corte, en su fallo del 22 de mayo último, dejó asentados dos párrafos que, ahora, pesan en favor del Grupo Clarín.
Primero, en el considerando 11 de aquella sentencia, admitió que el Estado o el Grupo Clarín podrían pedir la extensión de la cautelar si había planteos dilatorios. El Estado, con diversos recursos, demoró 17 meses el trámite del expediente y la Cámara concedió la prórroga.
Y, segundo, en el considerando 7, el alto tribunal dijo que el plazo de un año que establece el artículo 161 no corrió todavía para el Grupo Clarín. Esto también lo reiteró la Cámara Federal y el Estado, que siempre afirmó que el plazo para desinvertir ya había vencido, curiosamente olvidó apelarlo y consintió ese punto.
Un tribunal con divisiones
Los generó la cautelar que pidió el Grupo Clarín
Ricardo Lorenzetti
Presidente de la Corte
La mayoría de los jueces se pronunciaría en favor de no aplicar el fallo del juez Alfonso hasta que la Justicia resuelva si los artículos 45 y 161 de la ley son constitucionales o no.
Un gesto
Señal a favor del Gobierno
De todos modos, trascendió que el fallo tendrá algunos párrafos que serán favorables al Poder Ejecutivo, que quiere obligar al Grupo Clarín a vender sus licencias
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