La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue uno de los blancos del discurso de Alberto Fernández durante la apertura del año legislativo. Las referencias, puntuales, a la cabeza del tercer poder del Estado fueron cuando abordó el capítulo judicial. Por un lado, le atribuyó dejar vigente un fallo que habilitó un tarifazo en los servicios de las telecomunicaciones. Al mencionar el tema, el presidente habló de “un acto de complicidad judicial con el poder económico real”. Por otro, le pidió al Congreso que durante “este ejercicio legislativo” avance con cambios en la “composición y funcionamiento” del Tribunal Supremo. En esa línea, según informaron fuentes gubernamentales a El Destape, un sector del gobierno trabaja en un proyecto que contempla una ampliación del alto tribunal para llevarlo a 25 integrantes y dividirlo en salas “temáticas”. A la luz de la relación de fuerzas vigentes hoy en el Congreso, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar esa modificación.

Los cuatro ministros cortesanos, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, escucharon las críticas presidenciales en vivo y en directo ya que finalmente concurrieron al Parlamento para ser parte del acto institucional. 

El favor de la Justicia a Clarín

“Un acto de complicidad judicial con el poder económico real”. Así describió el presidente Alberto Fernández a los favores que recibió el Grupo Clarín para aumentar a gusto las tarifas de cable, internet y celular pese a que un decreto lo prohíbe. “En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios -explicó Alberto durante la Asamblea Legislativa-. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”. 

El decreto suspendido por la Justicia es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el presidente Fernández estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El Enacom apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso.

La Corte aún no trató el tema, tal como advirtió el presidente en su discurso. Carlos Rosenkrantz debería excusarse por haber sido abogado de Clarín (armó una ONG trucha para lograr la continuidad irregular de Fibertel) pero, tal como reveló El Destape, ya advirtió que intervendrá en expedientes de sus ex clientes. Los restantes cortesanos, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, parecía prácticamente imposible que se pusieran de acuerdo para conformar un fallo con los tres votos necesarios pero hace unos días le hicieron otro favor a Clarín al convalidar que el Estado no pueda controlar la fusión Telecom-Cablevisión y la estafa que esa operación implicó para la ANSES.

El favor de la Corte a Clarín ya no debiera sorprender. Fue el propio multimedio el que adelantó cómo sería la fórmula que presidiría el alto tribunal durante el año pasado. En un editorial, Ricardo Kirschbaum publicó, cual mandato, que la dupla Rosatti-Rosenkrantz sería la que conduciría la cabeza del Poder Judicial. Y así fue. Los dos ministros cortesanos nombrados por Macri se votaron a sí mismos y con el apoyo de Maqueda quedaron al frente en la Corte.

Los cambios para la Corte

“La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”, afirmó el Presidente este martes ante la Asamblea Legislativa.  

En la actualidad, el tribunal supremo cuenta con cuatro integrantes, ya que desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco el quinto sillón del cuarto piso del Palacio de Tribunales no fue cubierto. El gobierno debiera enviar el pliego de su reemplazante pero aún no lo hizo porque requiere dos tercios de los votos en el Senado para aprobarlo y no los tiene. “¿Para qué vamos a postular un nombre, para que la linchen en los medios?”, indicaron fuentes del gobierno ante la consulta de este medio respecto a una posible candidata. 

En sintonía con la solicitud del presidente, El Destape constató que un sector del gobierno trabaja en un proyecto que contempla una ampliación del alto tribunal para llevarlo a 25 integrantes y una división por salas “temáticas”. La ecuación de esa iniciativa es que haya un ministro supremo por provincia más un representante de la Ciudad de Buenos Aires (y la cifra de 25 es porque los tribunales deben ser impares). Una apuesta ambiciosa ya que a la luz de la relación de fuerzas vigentes hoy en el Congreso, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar una reforma de esa envergadura. Requiere de acuerdos con la oposición pero también de sanear las relaciones internas en la alianza gubernamental. 

En lo que hace al funcionamiento de la Corte varias cuestiones vienen siendo analizadas en la Casa Rosada hace tiempo. De hecho, algunos temas fueron abordados por el Consejo de Expertos que asesoró al presidente en material judicial, como la aplicación del cuestionado artículo 280, conocido como “la plancha”, por el cual los supremos dejan firmes casos sin interiorizarse en ellos, es decir, sin fundamentarlos. Así, por ejemplo, dejó firme la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Aplicó el 280 y no se adentró en la causa que está repleta de irregularidades.

Cuando trató la problemática del artículo 280, el Consejo de Expertos que asesoró al presidente en materia judicial tuvo distintas posturas. De los 11 integrantes de esa comisión, cinco consejeros (Marisa Herrera, Claudia Sbdar, León Arslanián, Carlos Beraldi y Andrés Gil Domínguez) recomendaron mantenerlo pero con limitaciones. Las consejeras María del Carmen Battaini, Hilda Kogan y Inés Weinberg coincidieron en que hay que redefinir su uso y que la Corte deba fundamentar el rechazo y expresar “las principales conclusiones del estudio de la causa, que en la práctica siempre realiza la Corte previo a proponer la aplicación de la norma del 280”. Arslanián sugirió que algunas causas queden excluidas de la posibilidad de utilizar el 280 como los casos en los que hay vulneración de derechos fundamentales, bienes colectivos y en causas penales. También hubo varias propuestas, incluida la de Omar Palermo, que planteó directamente derogar el actual artículo 280. El presidente Alberto Fernández cuestionó la forma en que se utiliza este artículo en distintas ocasiones.

Pero para realizar cambios en la Corte, el oficialismo necesita del consenso con las fuerzas opositoras en el Congreso. Por lo que la falta de votos asoma como un gran obstáculo para cualquier tipo de reforma judicial que apunte a romper los privilegios que tiene Cambiemos en el tercer poder del Estado. 

Por ejemplo, a la hora de hacer referencia a la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia federal, el Presidente recordó este martes la resistencia que tuvo su iniciativa de reestructurar la justicia federal penal, sobre todo, la de los tribunales federales porteños: “Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, sostuvo ante la Asamblea Legislativa. Esa medida perdió estado parlamentario.

La estrategia de un sector del gobierno de sumar a todas las provincias, ergo a todos los gobernadores, en pos de lograr un gran acuerdo para reformar la Corte busca paliar ese déficit parlamentario. Pero ese consenso parece ser algo muy difícil de lograr a la luz del vacío que le hizo Cambiemos al Presidente este martes al retirarse del recinto mientras brindaba su discurso de apertura del año legislativo.