Hernán Cappiello

La Corte Suprema de Justicia trabaja para cerrar este miércoles el año judicial con la jura de los diputados que integrarán el Consejo de la Magistratura y la firma de las últimas sentencias de alto impacto político: está en carpeta resolver sobre la quita de fondos de la coparticipación a la Ciudad que el gobierno nacional realizó en 2020 y causas pesadas vinculadas al narcotráfico, como la que enfrenta el suspendido fiscal Claudio Scapolan.

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti volverán a verse las caras este miércoles, en lo que sería su último acuerdo de ministros del año.

Los jueces se citaron a las 11 para tomarle juramento a los diputados nacionales designados como consejeros de la magistratura: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por Pro, y Roxana Reyes, por la UCR. La ceremonia se realizará en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, decorado con fina boiserie y cielos rasos con frescos y detalles dorados.

La jura de los cuatro diputados se realizará luego de una serie de tropiezos. A mediados de noviembre, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, envió a la Corte y el Consejo el decreto con los nombres de legisladores designados. El 30 de ese mes, anuló su propia decisión y dio de baja a todos los candidatos, tras un fallo del juez Martín Cormick, ligado a La Cámpora, que objetaba la designación de Reyes. La semana pasada, la Corte anuló esa decisión y ordenó tomar juramento a todos los consejeros.

Antes de dictar este fallo, desde los tribunales se realizó un sondeo en las aguas de la política para saber si había profundidad para que los propios legisladores resolvieran sus diferencias. Pero esa posibilidad se desvaneció luego de la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados del 1° de diciembre, que terminó con gritos, acusaciones cruzadas y hasta gestos obscenos de la oposición.

Cuando mañana juren los diputados consejeros, el órgano que selecciona y remueve a los jueces -que no reúne a su plenario desde hace seis meses- ya tendrá quorum para funcionar. Pero la idea de la Corte es que sus actividades se reanuden cuando hayan jurado todos los consejeros: solo resta definir a los cuatro representantes del Senado.

Ya juraron los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit -responderían al exconsejero Diego Molea-; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); a los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). También juró nuevamente Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo y hermano del ministro del Interior, el camporista Eduardo de Pedro.

La jura de los senadores está paralizada desde que la Corte objetó en durísimos términos que Cristina Kirchner dividiera en dos al bloque del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro consejeros por la Cámara alta. Pese a ese fallo, el kirchnerismo sostuvo esa división de su bloque y volvió a elegir al camporista Martín Doñate como representante de la segunda minoría del Senado, un lugar que reclama el cordobés Luis Juez (Pro). El asunto volvió a ser tratado por la Corte, pero no se llegó a una decisión, por lo que pasaría para el año próximo.

Coparticipación y narcotráfico

Entre los fallos que la Corte tiene en carpeta para cerrar el año, unos 200 en total, se cuenta el caso que enfrenta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la Casa Rosada, pero involucra directamente también al gobernador Axel Kicillof, además de interesar al resto de los mandatarios provinciales: la decisión sobre si es justa la quita que dispuso Alberto Fernández sobre los fondos coparticipables de la ciudad, en 2020.

Habría tres votos en un mismo sentido y un cuarto que podría acercarse. En la Ciudad creen que les darán al menos algo de lo que reclaman. No será el 100 por ciento, pero algo será, se esperanzan. Ya de hecho si consiguen que les admitan la medida cautelar para impedir que continúe la quita, lo celebrarían como una victoria. Aunque también está la opción de resolver el fondo del asunto al mismo tiempo. En el gobierno nacional también creen que el fallo de la Corte puede favorecer en parte a la Ciudad.

De cara a las elecciones presidenciales 2023, Rodríguez Larreta viene prometiendo desde mayo pasado: “Si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos”. Si mañana se conociera ese fallo de la Corte, la Legislatura porteña se reuniría antes de fin de año para votar esa reducción de impuestos.

El conflicto se dio luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75%, para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje bajó luego al 3,5%. El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández, con la quinta de Olivos rodeada por policías bonaerenses que se alzaron para reclamar un aumento de sueldo, firmó el decreto 735/2020 para quitarle parte de esos fondos a la Ciudad y dárselos a la provincia de Buenos Aires.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes y se aumentaba la quita. Vencido el plazo de la ley para negociar y luego de la que la propia Corte les dio plazo hasta mediados de mayo para llegar a una solución, sin éxito, el máximo tribunal debe ahora expedirse.

El otro asunto en manos de la Corte es una incidencia del caso que tiene como protagonista al fiscal de Delitos Complejos de San Isidro Claudio Scapolan, investigado por quedarse con parte del cargamento de drogas de narcotraficantes y por extorsión. En un caso se habló de 500 kilos de cocaína. Pero la Cámara Federal de San Martín le revocó al suspendido fiscal el procesamiento por asociación ilícita y por el robo de estupefacientes para su venta que había dictado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y solo le confirmó el procesamiento por el delito de “falsedad ideológica de documento público”.

El caso tiene también un trasfondo político, ya que la Coalición Cívica de Elisa Carrió vincula a Scapolan con el ministro de Economía, Sergio Massa, mientras que la jueza Arroyo Salgado vinculó con el caso al jefe del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo.