En uno de los rincones quedó sentado el gobernador. En la otra esquina, el Consejo de la Magistratura. En el medio del cuadrilátero, una Corte conformada con seis jueces de Cámara y uno solo de sus siete miembros naturales, Abel Cornejo, fue llamada a arbitrar la insólita pelea que espera veredicto ante una sociedad cada vez más descreída de la política y la Justicia.

Muchos, en la tribuna, se preguntan por qué el gobernador JUAN MANUEL URTUBEY, después de tres años de amañados concursos de jueces y fiscales, optó por devolver las cinco ternas de camaristas que le había elevado el Consejo de la Magistratura el pasado 7 de abril.

Nadie termina de entender tampoco por qué los consejeros que intervinieron en el controvertido concurso se plantaron contra el mandatario, al que acompañaron desde la primera hora con un incondicional alineamiento.

Manuel Santiago Godoy, titular de la Cámara Baja; Matías Posadas, diputado del Frente Plural, y María Inés Diez, exministra de Justicia y actual defensora general de la Provincia, no son, ni por asomo, contendientes que uno pueda imaginar cruzando golpes de nocaut con el gobernador. Casi ninguno de los otros consejeros incomodados por la decisión del Ejecutivo puede considerarse un oponente deseoso de mandar a la lona al gobernador.

La insólita pelea también puso a la Corte en un brete. Sea como fuere que falle, nada será igual y casi con seguridad los tres poderes del Estado deberán sentarse a analizar, seriamente, nuevas reglas que garanticen transparencia e imparcialidad en el mecanismo de selección y acuerdo para nuevos jueces, fiscales, defensores y asesores del Ministerio Público.

Conformación especial

Al cierre de esta edición, seis jueces de Cámara sorteados entre los magistrados de segunda instancia resolvían las excusaciones de seis de los siete miembros naturales del máximo tribunal de Salta.

Sin Susana Graciela Kauffman, Ernesto Samsón, Guillermo Posadas, Guillermo Félix Díaz, Fabián Vittar ni Guillermo Catalano para dirimir la apelación de Von Fischer, ayer se instalaron en la Corte los jueces "ad hoc" Luciano Martini, Antonio Omar Silisque, Adolfo Figueroa, Eduardo Barrionuevo, Luis Félix Costas y Edgardo Francisco Albarracín.

Ellos definirán la puja junto a Abel Cornejo, el juez de la Corte que preside el Consejo de la Magistratura pero que se excusó de tomar parte en el cuestionado concurso por enemistad manifiesta con uno de los postulantes, Luis Héctor Santander, al que había impugnado.

Como director del proceso, Cornejo será el primero en votar por la admisión o rechazo de los planteos de apelación que interpuso Von Fischer.

Se especula que el fallo difícilmente saldrá antes del jueves o viernes. El razonamiento es simple. La composición especial del alto tribunal debe correr vista a la Fiscalía de Corte, que recién en la mañana de hoy podrá comenzar a hojear el expediente para redactar su dictamen. Esa tarea demandaría, como mínimo, una o dos jornadas de trabajo. Y mientras no esté el dictamen fiscal, el caso no podrá ser sometido a la consideración de Cornejo y los seis magistrados "ad hoc" sorteados para acompañarlo en este delicado caso que reparte incomodidades en los tres poderes del Estado.

Hasta el sorteo de los jueces "ad hoc" tuvo el recaudo de excluir del bolillero a los magistrados de segunda instancia de la Cámara Civil y Comercial de Salta. Esto, porque el fallo que emita la conformación especial de la Corte decidirá las aspiraciones de los abogados, secretarios judiciales y jueces de primera instancia que aspiran a ocupar los cinco cargos vacantes de la Cámara Civil. Los que lleguen a esos cargos, en definitiva, serán pares de los diez magistrados que ya tiene el tribunal de apelaciones civil.

Son cinco salas que desde hace 27 años vienen trabajando con dos jueces. Justamente, para completar sus integraciones y evitar los problemas que se presentan con las decisiones divididas, se convocaron cinco concursos en 2016. A fines del año anterior, el Consejo decidió unificarlos y esa medida desencadenó las controversias.

El rechazo del Consejo

Ayer, tras una reunión plenaria, el Consejo de la Magistratura oficializó su rechazo al pedido del Ejecutivo de nuevos concursos para cubrir las cinco vacantes de camaristas.

En el pronunciamiento, el cuerpo elector invocó

“disposiciones constitucionales y legales vigentes”, y dio por agotada su competencia para seguir entendiendo en el polémico proceso. “En consecuencia, no resulta posible hacer lugar a lo solicitado”, concluyó el Consejo, tras afirmar que el tribunal evaluador “actuó con total transparencia y apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias”.

En el documento se señaló que el proceso selectivo “fue cuestionado judicialmente por una sola de las postulantes”, y que esa acción de amparo fue rechazada con un fallo de primera instancia concordante con un dictamen fiscal. Según los miembros del Consejo que firmaron el documento, la resolución dictada por la jueza Mónica Mudski “nos habilitó a continuar y concluir con el proceso evaluador”.

Por último, y ante la apelación que dirimirá la Corte, los consejeros manifestaron su voluntad de someternos, como corresponde, al resultado de la misma”.