Sebastián Casanello continúa sorprendiendo. El juez no sólo parece haber despabilado la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez. Estaría decidido además a elevar su perfil público que acostumbró a manejar en los subsuelos. Recorrió delante de las cámaras de televisión el predio de Costa Salguero donde cinco jóvenes murieron intoxicados por la droga. Pidió la separación de prefectos de sus cargos. Ordenó detenciones. Ese comportamiento le estaría valiendo en el malvado universo político un cambio de calificación zoológica. Ya no sería un reptil sino un mamífero. Habría mutado súbitamente de tortuga en liebre.

El magistrado, con dos piezas, comenzaría a modelar un rompecabezas y a develar el sistema de corrupción de la década kirchnerista. Que no fue producto de ninguna improvisación. Habría sido montado con minuciosidad por Néstor Kirchner y prolongado, con matices, durante los dos mandatos de Cristina Fernández. La usina económica y financiera resultó, en casi todos los casos, la adjudicación de la obra pública.

Aquel par de piezas fueron su dictamen con el cual procesó a Báez y ratificó su prisión. También la divulgación de las confesiones de Leonardo Fariña, el arrepentido, durante buen tiempo valijero de los negociados kirchneristas. Las palabras de este frustrado “bon vivant”, por tal condición, podrían colocarse una y otra vez bajo la lupa. El escrito de Casanello poseería otro rigor. Algunas de sus consideraciones respecto de la obra pública sonaron lapidarias. Ejemplos: Santa Cruz tuvo, en ese sentido, la misma relevancia que Buenos Aires. Se llevó el 11% del total de las concesiones. De 83 obras –señaló–, 51 fueron cedidas a Báez por un monto de $ 16.400 millones. De ellas, habría 23 que nunca fueron concluidas y en las que se cobraron además con anticipación las actualizaciones de los costos.

Ese mecanismo descripto podría disparar una inevitable analogía en un momento en que las demandas de transparencia, quizá por la declinación de la bonanza económica, estarían surcando varios países de la región. Uno de ellos emblemático, por encima del resto: hablamos de Brasil. Allí también la Justicia empezó a desnudar un sistema bochornoso de coimas a través de la estatal petrolera Petrobras, auspiciado por el partido del poder, el PT de Lula y Dilma Rousseff. Ese sistema se utilizó sobre todo para el financiamiento la actividad política, incluida la oposición y poderosos empresarios. El tiempo dirá si el ex presidente petetista y la actual mandataria, bajo amenaza de juicio político, también sacaron provecho personal.

Respecto de lo que acontece en la Argentina podrían señalarse tres diferencias. Las escalas del dinero clandestino traficado por la incomparable magnitud de los países. La percepción, a priori, que la maquinaria de corrupción aquí habría estado antes al servicio personal de los Kirchner que de la política en general. El papel temporal distintivo entre un Poder Judicial y el otro. La Justicia brasileña profundiza su investigación con el PT en el gobierno y avanzó sobre socios importantes. Encarceló incluso a empresarios y políticos. Los jueces argentinos parecieran haber salido de su letargo solo luego que Cristina dejó el poder. Su inveterado hábito de indagar hacia atrás.

Casanello, pese a su brío renovado, parece todavía avanzar envuelto por luces y sombras. Apresó a Báez y a sus compinches. Hasta se animó a citar a declarar y le prohibió salir del país, también en la causa por lavado de dinero, a un intocable K: Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP. El hombre que Cristina hizo empinar como auditor general de la Nación (AGN). Su estabilidad vacila.

Tan cierta sería esa audacia del magistrado como otras omisiones que estarían llamando la atención. Dictó prisiones y procesamientos después de la declaración de Fariña. Pero no dijo nada todavía sobre Cristina y el ex ministro y hoy diputado, Julio De Vido. Ambos resultaron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan. También procesó a Martín Báez, el hijo de Lázaro. Pero lo mantiene en libertad. El joven apareció con recurrencia en los videos contando millones de dólares. El valijero arrepentido lo mencionó como engranaje clave de la maquinaria recaudatoria. Lo citó en presuntas reuniones con Cristina en Olivos. También en viajes al exterior, junto al nuevo capturado Jorge Chueco, para concentrar en España todos el circuito de plata sucia que estaba diseminada por Europa. ¿Qué diferencia objetiva habría entre Martín y Lázaro para que el primero, aún procesado, conserve su libertad?

Para entenderlo, tal vez, sería aconsejable rastrear la política. Las infidencias indican que Báez trazó un límite para hacerse cargo del escándalo: que su hijo no fuera preso. Sería la única manera en que aceptaría circunscribir su confesión a un escrito pobre, el único que hizo. Que lo mantendría en esta ruina. De lo contrario, podría abrir un grifo capaz de empapar a Cristina, a Máximo y Alicia, la gobernadora de Santa Cruz. Casanello conoce bien esos secretos.

El golpe a Echegaray, sin embargo, no constituiría una novedad menor. Su situación se agrava. Casanello querría saber por qué motivo desarticuló las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca, donde se había comenzado a investigar la facturación adulterada de Báez con la obra pública. Se trataría del delito precedente que serviría para corroborar que la ruta del dinero K representa un indubitable caso de lavado de dinero.

La intemperie de Echegaray podrá detonar derivaciones en la política. El ex recaudador fue llevado a la AGN para bloquear las auditorías de la entidad sobre el último año de gestión de Cristina. ¿Qué autoridad tendría para investigar un funcionario que está en la mira judicial? Un hipotético procesamiento de Casanello lo tumbaría. Pesan sobre él, además, dos pedidos de indagatoria por el caso Ciccone y la evasión impositiva del empresario K, Cristóbal López.

La semana pasada la mayoría de los auditores desoyeron un llamado suyo al plenario. Sólo concurrió Juan Forlón, el ultra K que Máximo y la ex presidenta colocaron a última hora. Que privó a Mariano Recalde, el ex titular de Aerolíneas Argentinas, de algún refugio. Ni siquiera asistió Vilma Castillo. Esa mujer fue asesora de Cristina en el Congreso y se desempeño también en Aerolíneas, cuando era regenteada por Julio Alak.

Echegaray significa otro motivo de discordia entre peronistas y kirchneristas. Varios diputados y senadores del PJ estarían dispuestos a buscarle un reemplazo. Pero debe mediar el aval de la conducción del partido. El titular formal es el jujeño Eduardo Fellner. Su ladero, Jorge Capitanich, intendente de Resistencia, que sólo cumple directivas de Cristina. Esa parálisis virtual se extenderá hasta el 8 de mayo cuando el PJ debe coronar su fórmula de unidad con José Luis Gioja y Daniel Scioli. Hasta entonces se sucederán como hasta ahora los tanteos informales. El sillón de Echegaray le fue ofrecido a Julián Domínguez, el ex titular de la Cámara de Diputados. El dirigente de Chacabuco está sin horizonte político. Pero duda: conjetura que su función en la AGN lo alejaría de la política peronista.

Mauricio Macri estaría observando todo el revuelo con evidente ambivalencia. Llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Aunque la revelación de los Panamá Papers lo colocó en un apremio prematuro. El brote de transparencia del Poder Judicial alteraría las previsiones que en sus primeros meses de mandato trazó con la oposición. La forma en que Cristina usufructuó la citación de Claudio Bonadio, por la venta de dólares a futuro del Banco Central en el final de su mandato, causó ciertos movimientos en el ecosistema opositor. Sergio Massa suspendió su papel de colaborador del poder. La mayoría de los opositores, por otro lado, enfilaron contra la compleja situación económico-social. Alientan en el Congreso una ley que impida los despidos. El Presidente resiste.

El frente externo judicial también podría depararle a Macri alguna ingratitud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) pidió la semana pasada al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, ampliación informativa sobre la situación de la piquetera Milagro Sala, detenida desde mediados de enero. Esa iniciativa correría en paralelo con la preparación de una condena por la detención en Venezuela del opositor Leopoldo López, sobre quien pesa una pena de 14 años de prisión.

La maniobra estaría siendo supervisada por Raúl Zaffaroni, el ex miembro K de la Corte Suprema, que también orienta con discreción la defensa de Cristina ante Bonadio. Pero el auténtico fogonero sería el brasileño Roberto de Figueiredo Caldas. Un abogado, juez de la CIDH, con sólidos vínculos con el PT. Un fantasma sobrevuela al macrismo: ¿podría pretender equipararse el caso de Sala con el de López como manera de prevenir algún sobresalto de Lula en el escandaloso proceso de corrupción en Brasil?

Sala tiene el pedido de tres fiscales para que se dicte su prisión preventiva. Le aguarda el juicio oral por amenazas a Morales. La Corte Suprema desechó dos veces considerar su pleito. Ricardo Gil Lavedra acopia todos los antecedentes para remitir a la CIDH.

El Poder Judicial ocupa ahora mismo, con una autonomía inédita, el centro del escenario político. Ha despertado enorme expectativa social ante la posibilidad de alguna revancha contra la impunidad. Pero cuesta distinguir si hay fuego verdadero entre tanto humo.