Durante la tercera jornada del juicio que se lleva adelante contra la ex intendenta de Misión Laishí Nerea Oviedo, su esposo Enrique Franco (actual diputado provincial del PJ) , su hermano Isidoro Oviedo y el ex secretario municipal por apoderarse indebidamente de dinero de los empleados municipales afectados al plan social Jefes y Jefas de Hogar, el fiscal federal Luis Benítez solicitó al Tribunal Oral “la pena de 4 años y medio de prisión y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados”.
Específicamente, el fiscal considera a la ex intendenta como autora material del delito de malversación de caudales públicos –peculado-, fraude en perjuicio de la Administración Pública Nacional, violación de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y éstos en concurso real con el delito de falsedad ideológica de instrumento público reiterado en 16 casos.
Por otra parte, Isidoro Oviedo (hermano), Juan Tasuri (tesorero), Carlos Franco (cuñado) son coautores de los mismos delitos imputados a Nerea de Oviedo.
Por último el esposo, diputado provincial en funciones, Enrique Franco, es considerado partícipe necesario y coautor en iguales circunstancias.
Para todos los involucrados la condena solicitada por el fiscal, es de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
La ex intendenta Oviedo y el diputado Franco se excusaron de hablar públicamente.
Los abogados
defensores
habían planteado la prescripción
Los abogados defensores ya habían hecho una presentación referida a la prescripción del delito debido al tiempo transcurrido. En el 2004, la entonces mandataria comunal fue procesada por el Juez Marcos Bruno Quinteros (hoy en el STJ) porque se pudo determinar que en marzo de 2002, ella reunió a 16 empleados en donde se origina la situación por la que es acusada.
Los planes Jefes de Hogar se habían establecido por entonces como una de las respuestas ante la falta de trabajo para millones de argentinos y quienes denuncian hoy a Oviedo iban a cobrar importes sobre esos planes aunque eran incompatibles con sus puestos de trabajo.
Son 16 los denunciantes que indican actualmente que percibían cifras de entre $200 y $350 y la ayuda era de unos $150.
Uno de los testigos comentó cómo se hizo la presentación de los planes y cuál fue la propuesta de Oviedo: “Nos ofreció cobrar por el Plan Jefes de Hogar y que eso nos iba salvar a nosotros ya que en nuestra pobreza ese dinero no nos vendría mal. Pero resultó que después nos avisa que nos iban a descontar”, expresó uno de los testigos frente al Tribunal.
En la jornada del miércoles, declararon los funcionarios a cargo del Tribunal de cuentas sobre las rendiciones de cuentas de la Municipalidad en ese entonces.
El actual intendente de Laishí, José Lezcano, dijo a este medio que la gestión anterior había dejado muy pocas propiedades en el edificio comunal: “Ni siquiera se hizo el acto de traspaso, encontramos un municipio abandonado en su parque automotor y no había herramientas ni libros contables, no dejaron prácticamente nada”, recordó el funcionario que agregó que el libro de decretos no se encontraba en la comuna sino en el domicilio de Oviedo.
Amelia Vanegas, una de las denunciantes de Oviedo, charló con este matutino sobre el desarrollo de la jornada del día de ayer: “En realidad es un debate bastante inquietante porque el Fiscal está peleando por el derecho de los empleados municipales que son los afectados directos además del estado que fue estafado”, expresó la entrevistada.
Prosiguió relatando que tras pedir al Tribunal la prisión para la ex mandataria se generó un aplauso importante del público asistente entre el que se encontraban los denunciantes: “Expresamos la conformidad del pedido del Fiscal y el Presidente del Tribunal pidió que desalojemos la sala”, dijo.
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