En principio, pasado mañana el Senado debía realizar su primera sesión del año. Pero de manera sorpresiva y sin explicaciones públicas, la sesión fue aplazada para el miércoles 22. La decisión fue tomada entre los líderes oficialistas Federico Pinedo y Ángel Rozas y el jefe de la bancada del FpV, Miguel Ángel Pichetto, pero está vinculada con la tensión que existe en el bloque opositor por la falta de consenso interno en varios asuntos.

En todos esos temas el oficialismo tiene particular interés. Es el caso de la ley de extinción de dominio, que apunta al decomiso de bienes adquiridos con dinero de origen ilícito (como corrupción y narcotráfico). Hay un sector en el FpV que está en contra de su aprobación con el argumento de que puede ser usada con fines "persecutorios".

Por impulso de Sergio Massa, el proyecto tuvo media sanción en Diputados el año pasado. Pero en el Senado fue radicalmente modificado. Tanto, que para algunos se trata directamente de un proyecto diferente. "En vez de ser Cámara revisora le estaríamos girando a Diputados otra ley", explican senadores del PJ.

El temor pasa por ahí: que cuando salga del Senado, Diputados insista con el propio. El oficialismo inició conversaciones para acordar que el proyecto que eventualmente llegue del Senado sea aprobado en Diputados sin cambios y que no se insista con el propio. Pero a algunos senadores peronistas ese acuerdo no les da garantías. "¿Por qué vamos a creerles?", se preguntó un senador del interior. De acuerdo con ese legislador, el proyecto "es una aberración que vulnera el estado de derecho porque permite la incautación de los bienes antes de que la Justicia declare la culpabilidad. Hay muchos jueces permeables y podría usarse con fines persecutorios políticos".

Además de esa discusión, la bancada del PJ debe saldar otra: qué hacer con los pliegos de los directores del Banco Central enviados por el Ejecutivo. Hasta ahora, sólo su presidente, Federico Sturzenegger, obtuvo acuerdo. El oficialismo tiene apuro en la aprobación del resto de los directores porque se encuentra a tiro de una movida opositora. Un día podrían repentinamente -para darle un golpe político al Gobierno- votar por el rechazo de los pliegos. A cambio de la aprobación de los pliegos, se dice, el oficialismo está dispuesto a aceptar que el peronismo nombre a dos directores y al síndico del Central. Como parte de esa negociación, también permitiría que el PJ designe al Defensor del Pueblo.

La otra discusión del FpV es por la Auditoría. Hay tres senadoras, Graciela de la Rosa, Marina Riofrío y María Laura Leguizamón, que buscan ser designadas en uno de los dos puestos que le corresponde designar al bloque del PJ. También el kirchnerismo dio señales de querer uno de los cargos. No tendrían aún candidato, pero a la senadora Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, se le vence el mandato este año.