El documento del gremio señala textualmente: "La complicidad del referido funcionario resulta con claridad, a partir que los graves y repudiables hechos que se produjeron durante su gestión y dentro del ámbito de las dependencias bajo su responsabilidad. Además, hay que agregar que se encuentra involucrado personal que depende jerárquicamente de este Ministro y cuyo control debía estar a su cargo.

A esta altura de la investigación se encuentra probado que las menores de 13, 14 y 15 años que se alojaban en el CAINA, se retiraban siempre a la misma hora de ese Hogar ‎que depende de la cartera conducida por Arroyo y que siempre eran esperadas por una camioneta que luego las transportaba a la zona de chacras, lugar en el que finalmente se llevaba a cabo la corrupción.  

No lo exime de responsabilidad penal al Ministro el hecho de aparecer como denunciante y mostrarse preocupado, como así también pedir la condena de los responsables, ya que las leyes vigentes y la propia constitución de la provincia, lo hacen plenamente responsable frente a aquellos hechos producidos en las áreas bajo su custodia y ejecutados por su personal dependiente. Por otro lado, existen partidas presupuestarias subejecutadas en el Ministerio, que debieran ser destinadas al alquiler de viviendas dignas para los menores en riesgo o para solventar traslados. Es decir el Ministro no ordenó en ningún momento el gasto de esos recursos y ni siquiera esbozo lineamientos políticos a tal fin durante su gestión. 

Para ATE, también el gobierno de la provincia, por acción u omisión, tiene una alta responsabilidad frente a los hechos, toda vez que la desidia demostrada en las relaciones laborales y las políticas de precarización laboral ejecutadas en esa cartera, encuentran directa relación con las investigaciones en curso. En la actualidad existe una absoluta incapacidad del Estado para proteger con políticas serias a nuestros niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. 

Los trabajadores de Desarrollo Social desempeñan un "rol esencial" con un fuerte sentido de vocación y en condiciones de extrema precarización laboral, para proteger cotidianamente a las familias con derechos vulnerados. 

"El Ministro Arroyo es cómplice directo de estos hechos aberrantes. No lo exime de responsabilidad a este funcionario ‎el hecho que denuncie y oída justicia. Los delitos fueron ejecutados bajo la jurisdicción pública a su cargo y la incapacidad ‎y negligencia en su función, han sido determinantes para la facilitacion de la corrupción de las menores" aseveró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: "La desidia del gobierno provincial y las crecientes políticas de precarización laboral ejecutadas voluntariamente por el gobierno, tienen directa relación con el caso que se investiga. Sostener a más de 1.000 empleados becados, tambien tiene que ver con esto".

Para finalizar, Aguiar aseguró que "Desde ATE exigimos a la justicia que actúe con celeridad y aplique un ejemplar castigo a los responsables".