Horas atrás, el titular del Consorcio del Puerto Quequén, Arturo Rojas, anunció que este viernes se llevará a cabo la firma del contrato para la realización de la "obra más importante de la historia del Puerto Quequén". 

La rúbrica del nuevo acuerdo, enmarcado en la licitación para la profundización a 50 pies del puerto, implica a quienes aportarán el financiamiento, el cual garantizará, según el mismo consorcio,  la obra más importante en la historia de la estación marítima desde su creación en 1911.

Según se adelantó, quienes pondrán la plata serán el Banco Macro, el Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) y  la empresa Jan De Nul.

Ahora bien, los financistas de la inversión se encuentran "flojos de papeles" en lo que hace a sus manejos comerciales, ya que se encuentran vinculados a distintos escándalos que van desde los "cuadernos de la corrupción" hasta la causa Ciccone.

Vamos por parte. Como adelantó NdeN, la empresa adjudicataria de la licitación es la belga Jan De Nul, es un capital salpicado por concesiones obtenidas bajo pago de coimas como quedó demostrado en las confesiones empresariales vinculadas a la causa sobre los "cuadernos" de Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

Entre los empresarios arrepentidos durante la investigación se encuentra Gabriel Romero, de Emepa, quien confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que acceder a contratos y obras dentro del país. Emepa junto a Jan de Nul N.V constituyeronn Hidrovía S.A, capital que – según señala Romero – le pagaba coimas al Secretario de Trasporte, Ricardo Jaime, para hacerse de los negocios ligados al Ministerio de Transporte, entre ellos la concesión de la explotación de la Hidrovía en el tramo del río Paraná-Paraguay.

De esta manera, una de las concesiones obtenidas por el capital inversor del Puerto se encuentra en el foco por adjudicarse licitaciones mediante pago de sobornos. De hecho, el mismo diario Clarín confirmó que esta compañía "estuvo investigada por la Justicia en Bélgica por corromper a un funcionario".

El acto por la firma del contrato entre la empresa belga y el Consorcio del Puerto.

El grupo Macro, en el ojo de la tormenta

El Banco Macro será otro de los financistas de la mega obra en el Puerto Quequén. ¿Cuál es su antecedente más directo? Estar vinculado por al escándalo que representa la causa Ciccone.

"La mayoría del tribunal que condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por quedarse con las acciones de la empresa que imprime papel moneda difundió los fundamentos de su fallo, en los que enfatizó que el exvicepresidente fue el autor del plan criminal motivado por el lucro, pero dejó sobrevolando sobre el negocio a los inversionistas que inyectaron capital para hacerlo posible", aseguraba el diario La Nación el 4 de octubre de 2018. Es que la tercer jueza del tribunal, Gabriela López Iñiguez, señaló que el Banco Macro y su exdirector Jorge Brito fueron los verdaderos dueños de la imprenta Ciccone y que había una sociedad de Boudou con ellos para facilitarles tomar el control de la empresa.

De hecho, inversores de Wall Street avanzaron en la posibilidad de una demanda contra dicho establecimiento bancario debido a que no siguió con sus propias políticas contra el lavado de dinero en lo que hace a la presunta adquisición de la imprenta por parte de testaferros que estarían vinculados al exvicecpresidente, Amado Boudou.

Jorge Brito, el banquero que era referencia del Banco Macro en momento de Ciccone.

El BICE, la tercera pata de la inversión

El viernes en el Puerto, participarán funcionarios del Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE), otra de las patas de financiamiento junto al Macro y a la empresa belga. 

El BICE, que depende del Ministerio de Producción de la Nación, también supo estar en el ojo de la tormenta, ya que fue el organismo elegido por el gobierno para intentar salvar las inversiones PPP (Contratos de Participación Público Privada) que benefician a las principales empresas denunciadas en los cuadernos de la corrupción.

Debido a las denuncias, varios bancos internacionales duraron en financiar parte de las obras planteadas, lo que llevó al gobierno de Macri a avanzar en la idea de armar un Fideicomiso administrado por el BICE, el cual tomando garantías adicionales a las que las constructoras entregaron cuando les adjudicaron los proyectos, girarían los fondos a las empresas para que estás puedan avanzar con las obras. En caso de que la empresa adjudicataria terminará viéndose más complicada por el avance de la causa de los cuadernos, se le permitiría vender su proyecto a otra empresa, lo cual le permitiría recuperar la garantía que hoy está en poder del Gobierno.

La lectura de la creación del Fideicomiso (Decreto 0153/2018), es que este fue creado para salvar los emprendimientos que, de desarrollarse, beneficiarán a los empresarios corruptos que lograron sus adjudicaciones.

De hecho de las cinco empresas adjudicatarias, tres estarían vinculadas, directa o indirectamente, por el escándalo de corrupción. Ellas son Helport S.A, perteneciente a Hugo Eurnekian (quien reconoció ante la Justicia que esta empresa pagó coimas); José Cartellone Construcciones Civilestiene, su nombre aparece en las confesiones del arrepentido Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y Vial Agro, también mencionada por el empresario arrepentido. Las tres se hicieron de concesiones que superan los 3000 millones de dólares.

El Consorcio, la cuarta pata

Por último, la cuarta pata de la inversión es el Consorcio de Puerto Quequén, el cuál se ha remitido a referirse sobre los beneficios de la obra, pero no ha omitido opinión respecto al "arrastre" que mantienen las empresas que financiarán tamaña obras en la región.

Sin duda, las denuncias por corrupción siguen siendo un aspecto tabú para aquellos funcionarios que ejercen funciones, sean de Cambiemos u opositores.