JUJUY AL DÍA® tuvo acceso exclusivo a los fundamentos de la justicia para imputar a Eduardo Fellner del delito de “abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública”, los cuales están centrados en la conformación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

En noviembre del 2003, Eduardo Fellner, quien era gobernador de la provincia, y el Ministro de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente Ing. Cesar Rene Macina, suscribieron en la firma del decreto Nº 8073/03 donde se daba vida al denominado “Convenio Marco del “Programa Federal de Emergencia Habitacional – Primera Etapa”. Este convenio tenía como supuesta finalidad construir viviendas y generar fuentes de trabajo para los beneficiarios de planes sociales (acción que dio lugar a la creación de las cooperativas de trabajo).

Los fondos para la construcción de estas viviendas eran con una financiación no reintegrable que Nación dispondría a las provincias y esta, a su vez, a los municipios.

Para esto, en Jujuy, el Instituto de Viviendas y Urbanismo tendría que haber sido quien administrara los fondos, rindiera cuentas y llevara control de las obras, firmara convenios, entre otras funciones.

Pero en el año 2007, Eduardo Fellner, quien ejercía como gobernador de la provincia, y el Ministro de Infraestructura de esa gestión, Luis Cosentini, subscribieron al decreto Nº 7759 I.P./2007, en el Expte. Administrativo Nº 600-666/2006, con el que, en el marco de una importante emergencia habitacional y laboral, confirman que el IVUJ iba a desempeñar las funciones antes enunciadas pero solo unas líneas más abajo, con la excusa de que el IVUJ, tras la implementación de los planes de viviendas, “se ha visto desbordado en su infraestructura administrativa para llevar adelante la ejecución del mismo con agilidad y eficiencia, produciéndose demoras involuntarias e innecesarias”, lo desafecta de esta misión.

Con este frágil fundamento, se dio lugar a la creación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), quien sería la encarga de suplir al IVUJ en todas las funciones que detallamos y el IVUJ solo “coadyuvaría” al éxito de la gestión de la UEP.

Entre el 2003 y el 2015, desde el Ministerio de Planificación de Nación se celebraron distintos convenios con el IVUJ y la UEP, y diferentes municipios en el marco de este Programa Federal de Integración Socio comunitaria, por lo que se construirían viviendas por parte de las cooperativas en cada ciudad por medio de contratos de ejecución de obras.

La Túpac Amaru, valiéndose de la Red de Organizaciones Sociales, aportó las cooperativas que se lograron quedar con la mayor cantidad de obras.

Vale recalcar que desde la justicia sostienen que la finalidad de dicho programa no se cumplió ya que solo profundizó las necesidades de los beneficiarios, “porque no se construyeron todas las viviendas que decían los convenios, encima se abonaron viviendas que jamás fueron si quiera comenzadas a construirse”.

Dicho incumplimiento del Programa, hasta la imputación de los exfuncionarios, se corroboró en dos localidades: Humahuaca y Calilegüa.

Como ejemplo de lo sucedido citaremos el caso Humahuaca. Según consta en los expedientes analizados a los que tuvo acceso exclusivo JUJUY AL DÍA®, entre el 2004 y 2015 debían construirse 19 etapas de viviendas (740 en total), y los fondos entregados serían más de 113 millones de pesos (entre lo acordado y las adendas en distintas etapas).

Para corroborar la construcción de dichas viviendas, una comisión policial, hace menos de un mes, a pedido de la justicia relevó las viviendas del barrio Túpac Amaru desde la 6° hasta 17° etapa.

Este relevación dio como resultados la falta de constancias de la construcción de las etapas 18 y 19, ni de la totalidad de las viviendas de la etapa 17. En ese caso solo había 20 viviendas abandonadas, entre otras características encontradas en el relevamiento.

A modo de síntesis, en total hubo un faltante de 100 viviendas, otro importante porcentaje de viviendas a medio construir que tiene certificación de obra al 100%, y otras etapas que ni se iniciaron pero cuentan con la certificación. Hubo un par de etapas, las cuales no estaban a medio construir o no estaban iniciadas y que igual recibieron adendas por más de 12 millones de pesos.

Según la justicia, la falla y falta en la ejecución del Plan de Emergencia tuvo como origen el acto del Poder Ejecutivo de Jujuy cuando desvincularon “dolosamente” al IVUJ de su objetivo de construir viviendas para que lo haga la UEP.

Con esto, los fondos no tuvieron control en la UEP, ni administrativo ni contables ni de ningún tipo.

Ante estas pruebas, la justicia jujeña sospecha que tal decreto de creación de la UEP, subscripto por Fellner y Cosentini, habría sido solo para  la agilización del flujo constante de los fondos dinerarios no reintegrables destinados al plan de emergencia habitacional y ocupacional, y con esto hubo un incumplimiento de los pasos burocráticos para así facilitar operaciones fraudulentas.

Con este escenario, los recursos fluían constantemente sin los controles previstos en el Programa ni en los convenios de ejecución de obras, para así las cooperativas de la Túpac Amaru tomarán esos fondos y pudieran disponer de ellos sin control estatal.

Estas cooperativas, en su mayoría, tenían su dirección legal en la sede social de la Túpac Amaru, en calle Alvear, y se piensa que Milagro Sala recaudaba parte de los dineros públicos a los cuales les daba otro fin. Por ello perjudicaba así a la administración Pública.