En las últimas horas del año pasado, el intendente Julio Garro pareció tomar una valiente decisión cuando dispuso apartar de su cargo y pedirle la renuncia al entonces secretario de Seguridad, el excomisario Daniel Piqué. Lo hizo semanas después de que el fiscal Álvaro Garganta lo imputara e indagara bajo la acusación de ser el “autor penalmente responsable” del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

La principal prueba contra el excomisario habría sido un mensaje de WhatsApp que demostraría que habría ordenado el retiro de los policías locales y de los agentes de Control Urbano que se habían hecho presentes durante una fiesta clandestina celebrada en la localidad de Melchor Romero, donde terminó muriendo una joven estudiante de Periodismo de la UNLP.

La realidad es que nada habría cambiado. Por el contrario, pasaron más de tres meses de su supuesta renuncia y Piqué continuaría siendo el secretario de Seguridad en las sombras. A punto tal que conservó su despacho y seguiría cobrando su sueldo en el Municipio, utilizando como pantalla un supuesto cargo de asesor. Eso no es todo: todos sus colaboradores conservaron sus puestos. Tal es el caso de su mano derecha, el actual subsecretario de Seguridad, Carlos Alberto Mariescurrena. Lo mismo ocurre con el jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, cuya actuación durante la fiesta de la muerte también está siendo investigada por Garganta. De hecho, uno de los elementos de prueba que tuvo en cuenta el fiscal fue el cruce de llamados entre Martínez Pass y Piqué durante el 31 de diciembre de 2015.

El pasado jueves Mariescurrena protagonizó un escándalo cuando un grupo de vecinos del barrio Justicia Social lo denunció por abuso de autoridad. ¿El motivo? Tras participar de un accidente de tránsito que dejó herido a un joven motociclista sin antecedentes penales, quien venía de cargar nafta, el funcionario habría intentado simular una persecución, para luego permitir que efectivos de la Policial Local agredieran y detuvieran a la víctima. El resultado fue que el joven motociclista terminó con la clavícula fracturada y varios de los vecinos, que salieron en su defensa, habrían sido golpeados, en el marco de una batalla campal que generaron los propios miembros de la Policía Local. Lo sucedido quedó filmado en un video por los propios vecinos, donde se registraron los siguientes diálogos:

Vecina:—Vayan a buscar al que lo chocó.

Vecina:­—Ahí tiene que estar la patente, el horario (dirigiéndose a la camioneta de Mariescurrena). Ellos tienen que saber quién manejaba. 

Vecino:—Es el de civil.

Vecina:—No importa que sea civil. Ellos tienen que saber quién lo chocó y el horario en que manejaba. Ahí está la patente, no importa que sea civil.

En ese momento se acercan el subsecretario de Seguridad  y un jefe policial, mientras los vecinos se corren.

Mariescurrena:—Veníamos por acá, cruzamos, y el pibe nos chocó. Venía corriendo de acá para allá y nos chocó. Y encima dice que lo chocaron.

Jefe policial:—No importa, el peritaje nos da a nosotros.

Cabe preguntarse: ¿cómo sabía el jefe policial cuáles iban a ser los resultados de las pesquisas cuando los peritos ni siquiera estaban en el lugar, dado que el accidente había ocurrido hacía pocos minutos?

Una empresa en la mira

El año pasado, en momentos en que Piqué se encontraba en la cuerda floja, el diario Hoy publicó una serie de informes sobre las relaciones del excomisario y su mano derecha con una empresa llamada Invise Seguridad SA.  Si bien esta compañía presta servicios en la Comuna desde la época en que Julio Alak era intendente, sus vínculos con la misma se profundizaron desde diciembre de 2015 con el recambio de autoridades. Concretamente, pasó de prestar servicios en el Palacio Municipal de calle 12 a quedarse con el control de seguridad en prácticamente todas las reparticiones comunales. A saber: Mercado Regional, República de los Niños, Centro Cultural Islas Malvinas, Corralón Municipal, Unidad Ejecutora de 13 y 50, Grutas del Bosque, Control Urbano, Juzgado de Faltas, Campo de Deportes y Parque Ecológico. 

La custodia de casi todas estas dependencias. hasta antes de la llegada de Piqué y Mariescurrena, estaba a cargo de los denominados “cuidadores patrimoniales”, que terminaron siendo desplazados. Distintas fuentes consultadas por Hoy también vinculan a Invise con el policía retirado Alberto Ponce, padre del actual presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce. No solo eso: Alberto Ponce, Piqué y Mariescurrena habrían sido los principales impulsores de otro negocio vinculado a los ploteos de todos los patrulleros pertenecientes a la Policía Local.  En su página web, Invise se jacta de prestar servicios para la empresa Iecsa y otras firmas que hasta hace pocos días estuvieron vinculadas con Ángelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri.

Violando la ley

La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 246, establece claramente que cualquier funcionario imputado por la Justicia inmediatamente debe ser suspendido de su cargo y no puede tener relación con la función pública.

“Los funcionarios o empleados a quienes se imputara la comisión de irregularidades graves serán preventivamente suspendidos y, si el caso lo exigiera, la autoridad municipal procederá en la forma indicada en el Artículo 73 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia”, reza el mencionado artículo de la normativa provincial. En otras palabras, la permanencia del imputado Piqué como asesor viola claramente la ley.

“Un funcionario procesado debe estar suspendido”

Un funcionario procesado por lo menos tiene que estar suspendido del ejercicio del cargo hasta que se expida la Justicia”, sostuvo a diario Hoy el abogado constitucionalista Félix Loñ.

Según el especialista, “en el caso de un miembro del gobierno de un Municipio, es el intendente quien lo tiene que separar del cargo, porque es él quien lo designa”.

Loñ manifestó que, a su entender, “mientras una persona está procesada hay indicios fuertes de que puede haber cometido un delito”, por lo que, aunque posteriormente “puedan surgir elementos que lo alejen de la culpabilidad o de la inocencia”, ese tipo de situación judicial “es suficiente” para que no continúe ejerciendo un cargo público “hasta que la Justicia se expida” y en base a eso “sea finalmente destituido” o no. 

“Que el intendente les pida la renuncia inmediatamente”

El concejal Gabriel Bruera (FpV-PJ) dijo que desde “la asunción de Garro” se perdió “el espíritu con el cual fue creada la Policía Local”.

“Lo que se hizo fue ponerle a un jefe de la Bonaerense como Piqué, que destruyó el objetivo que tenía la fuerza. Encima sigue en un cargo del Municipio”, denunció el edil, al tiempo que agregó: “Necesitamos que la Policía Local vuelva a ser ese brazo amigo del vecino y no esto que estamos viendo”.

Además, Bruera pidió “que el intendente le pida la renuncia inmediatamente” a Mariescurrena, ya que “es incompatible que esté a cargo de la seguridad y tenga una empresa que se dedica a eso”. 

Para el concejal, “tanto Mariescurrena como Piqué tienen que dejar el cargo. También Martínez Paz”.

“No hubo inversión en Seguridad”

“Como a cualquier hijo de vecino, a Mariescurrena le caben las generales de la ley, y él como funcionario público tiene más responsabilidades que los demás”, recordó el edil del Frente Renovador Luciano Sanguinetti. 

Para el concejal, el responsable de la cartera de Seguridad “no puede sentirse por arriba del resto y mandar a buscar con la fuerza local a alguien con quien se peleó; eso se llama abuso de autoridad y nosotros pediremos explicaciones en el Concejo Deliberante”. 

En este contexto, Sanguinetti afirmó que “no hubo inversión” en materia de seguridad. “El año pasado les aprobamos el presupuesto y este año el incremento en el área, pero no vemos ningún avance”, denunció. 

“Mariescurrena ha demostrado que no reúne las condiciones para estar en ese lugar”

“Todo abuso de autoridad tiene que ser condenado y el intendente debe buscar los mecanismos para tratar de mostrarles a los vecinos que en su gobierno no hay ningún tipo de atropello”, manifestó el concejal Gastón Crespo (Frente Progresista) sobre el episodio protagonizado por Mariescurrena.

Respecto a las sospechas de la realización de actividades incompatibles con la tarea de funcionario público que recaen sobre el titular de la cartera de Seguridad, el edil sostuvo que “tanto en el hecho anterior como en este el funcionario ha demostrado que no reúne las condiciones para estar en ese lugar”.

En cuanto a las sospechas de que Piqué sigue trabajando en el Municipio como asesor, Crespo aseguró: “Un funcionario que fue retirado de su cargo por estar involucrado en un proceso judicial y por no estar cumpliendo bien sus funciones, no sé de qué puede asesorar al intendente”.

“A los que somos funcionarios públicos nos caben las generales de la ley”

“Que un funcionario use las fuerzas locales para detener a una persona con la que tuvo un inconveniente, no corresponde”, afirmó el concejal Oscar Vaudagna (FR), al tiempo que recordó: “A los que trabajamos en la función pública nos caben las generales de la ley como a cualquiera y debemos observar las normas más que el resto”.

En ese sentido, el edil manifestó que “hay que trabajar todos los días para capacitar a la Policía Local, destinar recursos y esfuerzos, porque cumplen una función muy importante, no solamente en lo que hace a la seguridad, sino también en tareas comunitarias”.

Vaudagna agregó que el tema de la seguridad “requiere de cámaras de vigilancia, de policías recorriendo la ciudad, de puestos fijos y, fundamentalmente, de un trabajo coordinado con la comunidad”. 

“Nos resulta muy preocupante el rol  de la Policía Local en el conflicto”

“En los próximos días vamos a presentar un pedido de informe en el Concejo Deliberante para que el gobierno municipal aclare el hecho públicamente”, dijo la concejal Florencia Saintout (FpV - Nacional y Popular), quien opinó, además, que “es importante que en paralelo al desarrollo de la investigación judicial, desde la Municipalidad se de una explicación formal y concreta a todos los platenses sobre un hecho turbio que ensucia a la política en general”.

Asimismo, la edil manifestó: “Nos resulta muy preocupante el rol de la Policía Local en el conflicto. Esta fuerza fue creada para funcionar como agente de proximidad, previniendo y cuidando al vecino, y no todo lo contrario como viene sucediendo, alejando a la sociedad de sus representantes y generando más inseguridad que seguridad”.

“Veo una problemática integral que va más allá de un nombre”

“Si este hecho se comprueba, estamos en una situación de abandono total, en donde el mismo Estado que nos tiene que cuidar es el que nos persigue y que nos inventa causas”, manifestó el concejal Gastón Castagneto (FpV – Nac. y Pop.), quien añadió: “Veo una problemática integral que va mas allá de un nombre. El intendente se tiene que hacer cargo de estos temas y explicarles a la sociedad y a los concejales qué pasó, que luego de desplazar a Piqué profundizan los errores en vez de mejorar”. 

Sobre las sospechas de que el extitular de la secretaría de Seguridad sigue trabajando en el Municipio, el edil afirmó que desde su bloque presentaron un pedido de informes para conocer la situación. “Queremos saber si Piqué está cobrando un contrato”, sostuvo.

“Los platenses estamos ante un alto riesgo”

El referente peronista en La Plata, Gonzalo Atanasof, opinó que “un escenario de sospechas de irregularidad y presunto abuso tan grande requiere explicaciones de las autoridades en forma urgente y precisa”.

Para el dirigente, esta situación necesita “medidas de alcance institucional muy profundas y con intervención, no solo del intendente, sino de todo el arco institucional de la ciudad, que ha sido colocada en una crisis interminable en materia de prevención y control del delito”.

En ese sentido, Atanasof consideró que “si sobre esto tenemos un funcionario que usa a los efectivos de la Policía Local como guardaespaldas en una situación en la que debería ser ejemplo de legalidad y de solidaridad en una emergencia, los platenses estamos ante un alto riesgo”.

“Hay que ver en carácter de qué está Piqué en el Municipio”

“Si hay abuso de autoridad, siempre voy a estar en contra”, manifestó el concejal Javier García (FR) respecto al episodio protagonizado por Mariescurrena. 

En tanto, sobre el rumor de que Piqué sigue ejerciendo como secretario de Seguridad desde las sombras, el edil consideró que “hay que ver en carácter de qué está en el Municipio; si es asesor, empleado o en qué situación está con la Comuna”.

García relató: “Nosotros pedimos el informe y ahí se indicaba que ya no participaba más de la función pública, que dejó su cargo. Si ahora está ad honorem, nada podemos hacer; ni nosotros ni la Justicia. Desde la comisión de Seguridad, cuando se planteó su situación, se acordó