La causa que se le sigue al exmandatario bonaerense Daniel Scioli por lavado de activos sigue generando conmoción en el ambiente judicial. Hace diez días, el fiscal de la UFI nº 1 Álvaro Garganta ordenó allanar las oficinas administrativas de una empresa de arquitectura para investigar cómo fue que Walter Carbone, exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, construyó un quincho en su residencia del barrio privado Abril de la localidad de Hudson en Berazategui.

Carbone, conocido como “El hombre del dragón” luego de que le secuestraran de su casa una escultura de hierro con la forma de esa criatura que contenía una caja de seguridad oculta en su interior, fue la “mano derecha” del exjefe de Gabinete sciolista, Alberto Pérez, por lo que se investiga el papel real que cumplió el hombre de confianza del exgobernador en toda esta maniobra ilegal. 

Vale recordar que, según consta en la investigación realizada por Garganta, “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces jefe de Gabinete y el titular de la Subsecretaría Administrativa sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de $10.720.347 destinada a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.

Pero Carbone no habría actuado solo, sino que también se encuentra bajo la lupa la labor llevada adelante por Marcelo Christian Daporta, otro hombre de confianza de Pérez, jefe de Compras de la Jefatura de Gabinete durante la era sciolista, por lo que la Justicia pide saber cómo es que se construyó una casa en City Bell, de estilo casa búnker, y de dónde sacó los fondos para su edificación.

En los procedimientos ordenados por Garganta no se pudo encontrar documentación que certificara tanto la contratación de Carbone como de Daporta de la empresa de arquitectura para que construyeran esas edificaciones, con lo que la Justicia cree que se usaron fondos del erario público para uso personal de los exfuncionarios.

Edificaciones anómalas

Los investigadores ataron cabos y establecieron que Carbone habría sido el encargado de rendir los gastos de diversos eventos, como capacitaciones o charlas, autorizados por Pérez a través de la emisión de gastos para partidas no contempladas en el Presupuesto de la Provincia, y que todo eso en realidad habría ido a parar para fines personales muy lejanos a la labor pública.

Se sospecha que uno de los arquitectos de la empresa allanada por Garganta es hijo de uno de los dueños de la firma, que durante la gestión de Alberto Pérez en la jefatura de Gabinete se encargó de hacer el mantenimiento de las instalaciones de la Casa de Gobierno y de la desratización, con lo cual estaría comprobado que hubo una contratación irregular, ya que no se puede tomar a alguien que ha sido ya empleado para un servicio. De esta forma se evidencia la primera irregularidad. 

En fueros judiciales se están investigando los fondos usados para comprar los materiales destinados a las construcciones, ya que en ningún lado figura que provinieron de Carbone y Pérez. Se indaga si se trató de una “dádiva” por parte de la empresa hacia los funcionarios para mantener la contratación, o se pagaron con fondos de facturas truchas.

Una causa que avanza a paso firme y que pone en el eje de la discusión los manejos irregulares hechos con los fondos públicos por parte de Daniel Scioli y Alberto Pérez, apuntando a los hombres de confianza del exjefe de Gabinete y buscando develar cuál fue el destino real del dinero que le pertenece a todos los bonaerenses.

Maniobras evasivas

La Justicia intenta determinar cuáles habrían sido los instrumentos utilizados por Walter Carbone y Marcelo Daporta para tratar de eludir el accionar legal sobre el manejo del dinero que bajaba de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

Según se sospecha, los exfuncionarios habrían contado con el visto bueno de Alberto Pérez para todos sus procederes, ya que las resoluciones hechas por ambos involucrados fueron suscritas y habilitadas por quien fuera el hombre de confianza de Daniel Scioli.

En la causa estaría casi comprobado por parte de los investigadores, que desde la Jefatura de Gabinete se “consagraban una amañada construcción jurídica, consistente en que el monto habilitado para el evento debía ser entregado en efectivo a modo de anticipo para gastos al subsecretario de Administración solicitante, por medio de la Tesorería del propio Ministerio”.

Horas de definición

La jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, definiría esta semana si acepta el pedido efectuado por el fiscal Garganta de inhibir bienes y la salida del país del exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, así como la de su persona de mayor confianza en la función pública, Walter Carbone.

Cabe destacar que el fiscal ya había solicitado la inhibición de bienes de los exfuncionarios por hasta 15 millones de pesos, monto estimado para satisfacer la cuantía del perjuicio mencionado en el delito que se investiga y la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial.

Garmendia lo definiría en estos días, dado la relevancia de la causa, y porque su resolución resultaría “indispensable” para garantizar la incolumidad de los patrimonios de Pérez y Carbone, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio.