El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, presentó un amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ordenanza N° 11.386, por la que se requiere el libre deuda de multas de tránsito para renovar la licencia de conducir en Resistencia.

Además, el ombudsman también presentó una medida cautelar para pedir que se suspenda la exigencia de ese requisito para realizar el trámite.

Corregido afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a obtener su registro de conducir que le permita transitar libremente tal como lo establece la Constitución Nacional, al tiempo que remarcó que esa ordenanza “establece una interpretación irrazonable del requisito del Certificado de antecedentes exigido por el art. 93 de la Ordenanza N 11.117 y sus modificatorias”.

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El ombudsman presentó el amparo y la medida cautelar en el Juzgado Civil N° 1 junto al doctor Daniel Fornies.

Sobre la acción, el defensor explica que la ordenanza cuestionada “tiene una finalidad netamente recaudatoria que la torna irrazonable, a la luz de la clara disposición del art. 28 de la Constitución Nacional, el cual establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en la Carta Magna, no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio”.

Sostiene que la ordenanza es una amenaza particular para los derechos de defensa, libre tránsito y trabajo de los conductores afectados. “Esto sólo será remediado si cesa de inmediato acción del municipio”, indicó.

"ES UNA VÍA EXTORSIVA"

Asimismo, Corregido señaló que si un conductor tiene multas de tránsito pendientes, se le deniega el trámite para obtener la licencia de conducir (que se renueva anualmente) y se lo deriva al Juzgado de Faltas Municipal para abonarlas en una única caja. Sólo después de eso se “libera” el sistema.

Corregido destaca que “el municipio de Resistencia, con anterioridad a la renovación, no procede a citar a los ciudadanos para que ejerzan el derecho de defensa, ni utiliza la vía legal para cobrar las multas, pretendiendo obtener el pago por una vía cuasi extorsiva”.

“La norma bajo trato pone una traba en el sistema con claro fin recaudatorio, sin importar si la licencia se le renueva a quien pudo haber sido imprudente o negligente en la conducción, encerrando a todos los ciudadanos en un gran embudo que termina en una ventanilla donde la Municipalidad de Resistencia coacciona para que se abonen las deudas, en lugar de ejercitar las acciones legales pertinentes”, remarcó.

Finalmente Corregido señala que “este sistema se encuentra lejos de ser una metodología para que el ciudadano internalice las consecuencias negativas de su conducción imprudente. En cambio opera como una causa de ingresos fiscales que afecta el derecho constitucional a la libre circulación y el derecho a trabajar”, concluyó.