Por Luis Bruschtein

La salud física, representada por el Covid-19, arrasó en las noticias con la salud moral de la república representada por el Moralesvirus antimilagro y el Macriviral de la deuda y el Correo. En una visita al supermercado del barrio, uno se entera por la cajera que ayer dos mujeres se pelearon por los últimos paquetes grandes de fideos y que entre las personas que acaban de pasar por la caja hay españoles que le dijeron que llegaron hace más de 20 días, pero la cajera asegura que en el pasaporte pudo ver que habían entrado el 2 de marzo. “Y encima, la mujer estaba tosiendo”, enfatiza. El coronavirus, alias Covid-19, ha tomado por asalto el país y el imaginario del país. Resulta inevitable.

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El gobierno de Mauricio Macri no le dio importancia a la salud pública y destruyó por la vía del desfinanciamiento y los ajustes los muros de contención fronterizos que habían desarrollado los llamados “gobiernos populistas”. Esas defensas habían servido para contener el asedio del dengue que cuando las levantó el macrismo se expandió por la Ciudad de Buenos Aires con miles de infectados.

Para la concepción neoliberal, la salud pública de calidad le compete a los privados y que los demás se arreglen en hospitales desbordados y desprovistos. En cambio, el actual ministro de Salud, Ginés González García, que también fue ministro en los gobiernos kirchneristas, se preocupó en su momento por disponer controles en los puntos fronterizos con Brasil y Paraguay, donde el dengue es endémico. A pesar de la furiosa campaña de las corporaciones mediáticas --que después callaron el desastre macrista en la Ciudad de Buenos Aires--, pudo contener al dengue en unas pocas decenas de infectados.

La llegada de Cambiemos al gobierno nacional debilitó esos controles, al igual que desactivó a las decenas de cooperativistas que hacían el descacharreo en los barrios. Tras cuatro años de macrismo hay miles de infectados en la CABA en situación de riesgo de vida porque una nueva infección tomaría la forma de dengue hemorrágico que es letal.

Brasil y Paraguay conviven con el dengue, al igual que ahora la Argentina, pero si el dengue se hubiera extendido de la misma forma que el coronavirus en Asia, Norteamérica y Europa, hubiera provocado más muertes y una alerta mucho mayor que el Covid-19.

No es una cuestión de nombres ni de chapas académicas, --que el equipo de Ginés los tiene de sobra--, sino de políticas. Para el neoliberalismo siempre habrá pobres con enfermedades y ricos sanos. Es el mundo que representan. En cambio, un gobierno popular ubica entre sus prioridades a la salud pública porque la concibe como un derecho humano y no como una mercancía que la obtiene el que la puede pagar. “El que se quiera curar gratis, que se vaya a Cuba”, dirían los locutores futboleros del macrismo.

El desmantelamiento de los mecanismos de prevención y contención obligó ahora al ministro Ginés a retomar de cero el trabajo para contener la difusión del virus e impedir que se descontrole como sucedió en una Italia que viene siendo gobernada también por gobiernos neoliberales.

China está saliendo del pico de la peste y comenzó a descender la cantidad de infectados. El foco se ubicó ahora en Europa y empieza a crecer en Norteamérica. En Suramérica, sobre todo en el Cono Sur, es probable que se incremente con la llegada del frío. En Europa y Estados Unidos aumenta el número de infectados y para la magia de las calificadoras, el riesgo país aumenta, pero en Argentina. Para las calificadoras de riesgo, la crisis que provocó el virus en los países centrales hace crecer el riesgo de default en la deuda Argentina, que no necesita más virus porque ya fue totalmente infectada por el peor de todos, el macrivirus de la deuda.

El virus moral o el Moralesvirus fue debatido el jueves en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado donde se estudia la posibilidad de intervenir al Poder Judicial de la provincia de Jujuy.

En el plano internacional, la calidad institucional de un país se mide por varios parámetros, entre los cuales el principal sería el respeto a determinados valores republicanos, como la independencia de poderes. Desde la salida de la dictadura, el país no fue tan interpelado, cuestionado y mal calificado en este aspecto como durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.

Tanto la OEA y la CIDH, como la ONU y el relator sobre la Independencia de los Magistrados, hicieron duros señalamientos al ex presidente Mauricio Macri y al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales. El proyecto de intervención a la justicia jujeña apunta a varios de los elementos que fueron planteados por estos organismos internacionales y que ubicaron a la Argentina como uno de los países con peor calidad institucional.

Apenas asumieron en diciembre de 2015, tanto Macri como Morales se preocuparon por copar la Corte. Macri trató de designar a dos nuevos supremos por decreto. Morales envió un proyecto a la Legislatura para incorporar cuatro nuevos jueces. El proyecto fue tratado entre gallos y medianoche y aprobado tras un debate agitado.

Dos horas después de la aprobación, dos de los legisladores radicales que habían intervenido en el debate se incorporaron a la Corte. Más otros dos también radicales, con lo cual Morales se aseguraba una mayoría automática en el alto tribunal. En un acto de obscenidad política, la vicepresidenta del bloque radical de Diputados, Clara Lange de Falcone, fue designada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, la que a su vez está relacionada a nivel familiar con varios de los jueces y fiscales que juzgaron a Milagro Sala por orden del gobernador.

Falcone fue desplazada después que dijera públicamente que impediría la libertad de Milagro Sala aunque ese beneficio le correspondiera por ley a la dirigente social. Asumió en su lugar el juez Pablo Baca, otro ex diputado radical designado por Morales.

No duró mucho, apenas poco más de un mes. El PJ presentó un pedido de juicio político en la Legislatura provincial y Baca tomó licencia luego de que se conocieran grabaciones donde reconocía que Milagro Sala está presa porque “el gobernador Morales se encaprichó” y que la creación del ministerio de Acusación “está floja de papeles”.

La prepotencia con que Morales avasalló al Poder Judicial de su provincia tenía que desembocar en un escándalo como el que ya costó la cabeza de dos presidentes del Superior Tribunal de Justicia que controla. Son los dos diputados que votaron la ampliación de la Corte y dos horas después eran miembros de la misma. Tremendo papelón.

Para afirmar su control, Morales promovió el juicio político del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Ficoseco, y creó un ministerio de la Acusación, con el súperfiscal Sergio Lello Sánchez, que estaría por encima del Fiscal General, que según la Constitución es la jerarquía más alta. Los fiscales generales de las demás provincias criticaron duramente a Morales por esta medida a la que calificaron de inconstitucional.

El radicalismo trató de ocultar al resto del país la seguidilla de escándalos que se produjeron en la justicia jujeña a raíz de su manipulación por el gobernador Morales. El jueves varios diputados radicales concurrieron al Senado para tratar de evitar que se discutiera la posible intervención para normalizar un Poder Judicial tan desprestigiado.

La defensa corporativa de esos manejos da cuenta de la crisis moral en el radicalismo que siempre declamó su defensa de la independencia de poderes.

La única defensa de Morales es que se trata de una operación del kirchnerismo. Pero el senador que presentó el proyecto de intervención federal es jujeño, el justicialista Guillermo Snopek, que no es kirchnerista y que históricamente ha sido crítico del kirchnerismo. Snopek es además cuñado de Morales y se conocen bien. No hay operaciones, lo que hay es una olla podrida que se destapó y huele mal.