"Es una gripe", decía Donald Trump sobre el coronavirus hace menos de un mes, con esa mezcla de ignorancia y soberbia que lo caracteriza. Pero desde esa definición a la fecha se sucedieron 69 muertes, 3.774 contagios y una declaración de emergencia nacional en Estados Unidos. La propagación de la pandemia exhibe como pocas veces las graves falencias del sistema de salud estadounidense: una buena parte de la población no tiene seguro médico, y no existe en muchos estados la licencia paga por enfermedad. Para colmo, surgieron dificultades a la hora de implementar los primeros tests de coronavirus en el ámbito público. Si bien la declaración de emergencia nacional pretende extender su aplicación en laboratorios privados, todavía no queda claro cuántos estadounidenses podrán hacer frente a los costos. Mientras tanto, los precandidatos demócratas a la presidencia, Bernie Sanders y Joe Biden, intentan capitalizar los errores de Trump y su gestión como plataforma para presentar sus programas de salud.

En sus primeras apariciones públicas tras los primeros casos de coronavirus en el país, Trump se mostró escéptico y le restó importancia al verdadero peso de la crisis. El presidente pasó de pensar que el coronavirus era un problema exclusivamente chino (lo llamó “un virus extranjero”) a descartarlo por considerarlo un engaño del partido demócrata.

El miércoles pasado, cuando ya llovían las quejas por el manejo gubernamental de la pandemia, Trump declaró la suspensión de entrada al país de los extranjeros que hayan estado en un total de 26 países europeos pertenecientes al espacio Schengen. El anuncio de emergencia nacional llegó sobre el cierre de una semana difícil para la bolsa estadounidense. A pesar de que el viernes registró una limitada recuperación, los principales índices bursátiles sufrieron su peor caída desde la crisis financiera de 2008. Esa parece ser la mayor preocupación del mandatario.

Salud en estado crítico

Apenas un elemento resulta suficiente para alimentar la hipótesis pesimista (pero realista) de que el coronavirus se continuará expandiendo en el país: la inexistencia de un sistema de salud público consolidado y progresivo.

En un interesante artículo publicado en The Guardian , el exsecretario de Trabajo durante el gobierno de Bill Clinton, Robert Reich, afirma que “En lugar de un sistema de salud público, tenemos un sistema privado con fines de lucro para las personas que tienen la suerte de pagarlo y un sistema de seguro social desvencijado para las personas que tienen la suerte de tener un trabajo a tiempo completo”.

En la actualidad, 30 millones de personas no poseen seguro médico, y otros 40 millones sólo acceden a planes deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas, según la Kaiser Family Foundation, una organización dedicada a investigar temas de salud. El miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos puede impedir que se detecten contagios y el coronavirus siga propagándose.

Frente a ese contexto reaparecieron en la escena pública los programas de salud de los precandidatos demócratas Bernie Sanders y Joe Biden. El Medicare For All propuesto por Sanders es la base de su plataforma progresista. Su plan dejaría intacta la infraestructura actual de médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica, pero nacionalizaría la industria de los seguros de salud. Casi todo el dinero que las personas y los empleadores pagan actualmente a través de las aseguradoras, así como gran parte del dinero que pagan los estados, según el plan de Sanders, pasaría a ser pagado por el gobierno federal.

El programa de Biden, en cambio, es menos ambicioso. No tocaría el actual Medicare, junto con las aseguradoras privadas que ofrecen los planes llamados Medicare Advantage, pero les daría a los estadounidenses más jóvenes la opción de inscribirse en una nueva póliza administrada por el gobierno. El foco puesto en la juventud, a diferencia de Sanders que cree que la prioridad son las personas de la tercera edad: no es casual que se trate del grupo etario más castigado por el coronavirus.

Falta de kits

Más allá del relato cínico de Trump, en Estados Unidos durante varias semanas no hubo suficiente stock de kits de diagnóstico para comprobar quién estaba infectado, lo que significa que muchos potenciales casos pueden haber pasado desapercibidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los principales institutos de salud pública del país, inicialmente sólo permitían realizar pruebas en sus propios laboratorios.

Durante más de un mes, cada estado debía enviar las muestras de posibles contagios por correo postal a la sede de los CDC en Atlanta, el único lugar autorizado para realizar las pruebas. Fue recién la semana pasada cuando los 50 estados del país empezaron a contar con la capacidad técnica para realizar los exámenes de manera autónoma.

Según cifras oficiales, hasta el martes pasado solo 79 laboratorios estatales o del sistema de salud pública contaban con capacidades para hacer las pruebas, en un país con más de 327 millones de habitantes. Con el giro de fondos tras la declaración de emergencia nacional, se espera que el trámite se agilice con la habilitación de laboratorios privados.

El alto costo de enfermarse

En teoría, los CDC ofrecen el test de coronavirus de manera gratuita, siempre y cuando esté prescripto por un médico. Y las grandes aseguradoras del país sostienen que tampoco cobrarán por el servicio en algunos estados. Pero esa supuesta gratuidad no es suficiente para esconder al resto de las dificultades.

Osmel Martinez Azcue le contó al Miami Herald cómo, al volver con síntomas de gripe de un viaje a China, acudió a un hospital de Miami a hacerse las pruebas de coronavirus. Resultó que tenía una gripe. Pero también una factura de 3.270 dólares que lo esperaba apenas volvió a su casa. “¿Cómo se puede esperar que los ciudadanos contribuyamos a reducir el riesgo de contagio entre personas si los hospitales nos van a cobrar más de 3 mil dólares por un análisis de sangre y una muestra nasal?”, se preguntaba indignado este joven de origen cubano.

El caso de Shefali Luthra, miembro de la Kaiser Family Foundation, no fue tan doloroso aunque también expone las falencias del sistema y la falta de coordinación. Tres días después de volver de una conferencia en Nueva Orleans, a Luthra le avisaron que al menos uno de los asistentes había dado positivo en el test de coronavirus. “Como periodistas y divulgadores de la medicina estamos en teoría muy bien equipados para saber lo que ocurre. Pero en la vida real, descubrir si estamos en riesgo y hacernos la prueba es casi imposible. Resulta que tanto el consejo médico como el acceso a las pruebas varían dramáticamente dependiendo de dónde vives y quién eres, y no está claro cuál es el estándar”, relata en diálogo con PáginaI12.

Lo que además llamó la atención de Luthra fue una evidente discriminación. El congresista republicano Matt Gaetz fue el único de ese grupo de trabajo que consiguió ser evaluado. “Inicialmente no tenía los síntomas pero decidí que debía intentar hacerme la prueba, como lo hizo Gaetz. Después de todo, Trump prometió que las pruebas estarían disponibles para cualquiera que quisiera una…”, admite Luthra con un dejo de ironía. Al día de hoy y a pesar de gozar de un buen seguro médico, todavía no pudo acceder al preciado test.

La crisis del coronavirus también exhibe la fragilidad del sistema laboral nacional. El CDC le recomienda a todos los estadounidenses que se queden en casa si están enfermos. Pero ¿cómo podrían hacerlo, si en muchos casos eso significa que automáticamente dejen de cobrar sus sueldos? A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países industrializados, en Estados Unidos ninguna ley federal obliga a las empresas a pagarles licencia por enfermedad a sus trabajadores.

Sherry Leiwant, copresidenta de A Better Balance, que hace campaña por una mayor protección en los lugares de trabajo, comenta a este diario: "Una buena cantidad de estudios demuestran que el contagio se puede contener con la licencia laboral con goce de sueldo”. Pero agrega que los trabajadores prefieren “no quedarse en casa para aislarse si de esa manera ponen en riesgo sus puestos de trabajo". Según una reciente encuesta de la firma YouGov, casi la mitad de los trabajadores admiten que el año pasado acudieron enfermos a su empleo.

Por primera vez en la historia y movido por la urgencia de la situación, el Congreso de Estados Unidos está abordando la problemática. El proyecto de ley aprobado el viernes prevé “10 días de licencia por enfermedad y 12 semanas de licencia pagas para aquellos que están enfermos de coronavirus o cuidando a un familiar cercano que esté en cuarentena o afectado por el cierre de escuelas”, detalla Leiwant. Pero la medida, que ahora pasará por el Senado, exime de esa responsabilidad a las grandes empresas del país: nuevamente, los mayores privilegiados serán los más poderosos.